Cuatro voces indagan sobre la implementación de los acuerdos de paz

El Acuerdo de La Habana se firmó para beneficio de toda la población colombiana. Uno de sus puntos es la implementación. Un eje que lo transversaliza es el enfoque de género, cuya esencia es romper las enormes desigualdades históricas y fortalecer la democracia.

El Estado colombiano y su gobierno no comprenden esta transversalización. No hay cambios en la política pública, ni en la adecuación institucional, cada quien la interpreta a su antojo, por tanto su actuar es fragmentado e insuficiente y no alcanza a la población femenina mucho menos a la población diversa. Lo hecho no recoge el espíritu del Acuerdo y se enmarca en el incumplimiento general. La mayoría de acciones realizadas se reducen a talleres y diseños de campañas de promoción.

Este gobierno instaló la Alta Instancia de Gobierno para la transversalización del enfoque de género, pero como lo recuerda el último informe del Secretario General de las Naciones Unidas de marzo de 2020, “la falta de recursos suficientes ha dificultado la implementación del enfoque de género” por las instituciones encargadas.”^[1]

Es poco lo cumplido y los logros en la implementación con enfoque de género se deben más a los aportes y esfuerzos de la Segunda Misión de Verificación de ONU, de la cooperación internacional, Unión Europea, Noruega, Suecia, entre otros y del partido FARC.

Garantías económicas, sociales, políticas, culturales, de vida, jurídicas son urgentes para la reincorporación de la población firmante de la paz.

^[1] Boletín 3 CSIVI-FARC Enfoque de Género.

Una de las características más importantes del proceso de paz en Colombia es la amplia participación ciudadana e institucional. También ocurre durante la implementación. Un ejemplo claro es la gran cantidad de organizaciones publicas y privadas, sociales y académicas que, usando diversas metodologías y abordajes, están analizando la implementación del acuerdo de paz y apoyando su monitoreo y verificación.

El Instituto Kroc, CINEP y CERAC, Naciones Unidas, la OEI con diversas universidades regionales, el Gobierno Nacional, CEPDIPO-FARC, miembros del Congreso de la República, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoria, GPAZ, la Cumbre de Mujeres por la Paz, las  Instancias Especiales Étnicas y de Mujeres para el seguimiento al acuerdo de paz, la Fundación PARES, la FIP, entre muchos otros. Cada estudio tiene sus énfasis, sus opciones metódologicas, políticas, epistomológicas, sus sesgos, sus expectativas sobre lo que el acuerdo de paz puede o no puede cumplir. El reto en Colombia no es la falta de información. Ni la calidad de la misma. Ni si un abordaje metodológico es mejor que otro. De hecho la pluralidad de estos esfuerzos tiene en sí mismo un valor inmenso.  El principal reto relacionado con el monitoreo y la verificación de los avances y dificultades de la implementación del acuerdo de paz es que, con más frecuencia de los deseable, esta información no se usa para deliberar sobre el proceso, celebrar sus avances, atender de forma rápida las alertas y enfrentar con prontitud los principales preocupaciones y dificultades sino para acusar al otro de incumplimiento o para mostrar que mi esfuerzo es mejor que el tuyo. Nos tiramos la paz a la cabeza.

¿Construiremos paz tirándonos la paz a la cabeza? No creo. Mi invitación es al diálogo, a la deliberación, a la escucha, a estar abiertos a las miradas y perspectivas del otro. A entender que la paz no es el producto de un solo arquitecto, sino la conjunción y suma de recursos, capacidades, voces y esfuerzos de todos aquellos, que incluso en la diferencia, creemos que es un proyecto que vale la pena. Y, que solo desde una conversación sostenida podremos avanzar en hacer de la paz al mismo tiempo un medio -una forma de hacer las cosas- y, un fin deseable.

Entonces: ¿está el vaso de la paz medio lleno o medio vacio? ¿Cuáles son los tonos del claroscuro de la paz, sus luces y sus sombras? ¿Esta el proceso de paz en un punto de inflexión o sigue inmersa en su montaña rusa particular? No lo se. Depende de los ojos con que los mires. La paz, por definición, siempre es una obra inacabada. Y más tras generaciones de conflicto armado y más de 9 millones de víctimas. No existe la paz perfecta. Se construye a imagen y semejanza de la imperfectibilidad humana. Con dos pasos hacia adelante, y uno para atrás, se va concretando el baile. ¿Quieres salir a bailar conmigo?

El 2020 inició con el impulso del resultado de las elecciones de 2019, donde fueron elegidas autoridades locales a favor de la implementación y alejadas de prácticas tradicionales de sabotaje. Así, en febrero se conformó la Red de Alcaldes y Gobernadores por la Paz, y comenzaron a escucharse noticias relacionadas con este impulso a nivel municipal, incluso en Bogotá, y a nivel nacional con nuevos aires para el Sistema de Justicia Transicional.

Sin poder afirmar aún que ese impulso está perdido, está claro que la expansión del Covid-19 significó un cambio de prioridades que ha querido ser aprovechado para marginalizar la implementación; incluso proponiéndola como incompatible con la atención humanitaria prioritaria en el país.

Por otra parte, en vez de cambios en situaciones regionales, se presentan graves problemas asociables a la guerra que en todo caso no reciben respuestas desde la voluntad por la paz: Cauca, Chocó, Putumayo y Catatumbo, entre otras, son hoy zonas de confrontación y asesinato sistemático de lideres sociales, donde ahora hay disputas por ganar legitimidad en la población por medio de acciones contra la pandemia, incluyendo la creación de listas negras de “infectados”.

Es crucial romper el hilo mediático construido por el gobierno colombiano acerca de las pérdidas económicas ocasionadas por la cuarentena del COVID-19. Congresistas del Centro Democrático son partidarios de que el Estado se apropie de recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz, desconociendo la grave crisis que padecen los sectores vulnerables del país.

Con o sin la pandemia, el Acuerdo de Paz trae a las comunidades rurales agrarias garantías de seguridad ambiental, alimentaria, económica y de bienestar en los territorios. Desafortunadamente su implementación se ha diluido en el tiempo, lo que fortalece a los grupos armados y a la red de narcotráfico, agudizando la violencia contra las comunidades e incrementado la desconfianza hacía el Gobierno.

Con relación a los mecanismos de implementación y verificación, el gobierno se comprometió a brindar garantías de seguridad a los habitantes del campo y a los excombatientes que se reincorporan a la vida civil. A pesar de la presencia de la fuerza pública en las zonas rurales, los grupos armados ilegales aliados al narcotráfico se han apoderado del territorio y sabotean los Acuerdos de Paz. Más de 700 líderes campesinos que defendían el Acuerdo de Paz y unos 200 excombatientes de las FARC han sido asesinados. Más preocupante aún, el gobierno no ha avanzado con la transformación económica y estructural del campo. La Reforma Rural Integral y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos no avanzan. Ante tal situación crecen los cultivos de coca, como alternativa económica en un contexto de guerra.