Es la pregunta clave en América Latina. Durante la primera década y parte de la segunda del siglo XXI, por primera vez en la historia la región estuvo gobernada, casi en su totalidad, por gobiernos progresistas de izquierda. Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Honduras, Haití, El Salvador, Nicaragua, Cuba. Hoy, ante el asedio de las castas político militares dirigidas por los Estado Unidos, de aquel boom político sólo queda la de siempre, Cuba, y las bloqueadas Venezuela y Nicaragua y un incipiente gobierno en Argentina.
Todos estos gobiernos lograron, entre muchísimos más, avances importantes en la unidad regional, en la disminución de la desigualdad, en el pago de la deuda externa y en la nacionalización de los recursos naturales y los servicios públicos. Fue en esa época que se creó Unasur, la Celac, el ALBA, todos con la finalidad de cerrar el cerco a la injusticia social y avanzar en la humanización de las sociedades. Venezuela creo su propia CNN para Latinoamérica y el mundo: Telesur. Y propuso la creación de un acuerdo de defensa común y la moneda única: el Sucre.
Es en este momento donde los procesos políticos y sociales de los gobiernos progresistas tienden a quebrarse y son relevados del poder y se ven revertidos los logros en materia de igualdad.
En Bolivia se declaró a los servicios públicos como derecho humano fundamental, en Ecuador se instauró como norma constitucional la preservación del medio ambiente. En Brasil, 15 millones de personas accedieron por primera vez a una cuenta bancaria. En la Argentina de los Kirchner los precios de la soja, que antes se vendían a 120 dólares, se exportaban a 600, generando grandes divisas y mejoras en el comercio internacional. En Venezuela, como en Bolivia a gran escala, se nacionalizaron los hidrocarburos y los recursos naturales.
El avance en todos estos campos hizo temblar al Continente. Los beneficiarios de esta escalada hacia la igualdad vieron de pronto el horizonte de una segunda independencia y los agraviados, como los llama Álvaro García Linera, vieron peligrar sus privilegios y de la mano de las directrices del norte expulsaron a la izquierda del poder y se reinstalaron echando a bajo todos los logros que había logrado la izquierda continental.
¿Cómo hacer, entonces, que los logros económicos, políticos, sociales y culturales de gobiernos progresistas perduren en el tiempo cuando estos llegan a su fin, ya sea por una pérdida electoral, un golpe de Estado u otras circunstancias adversas que permiten la vuelta al poder de sectores conservadores?
¿Qué papel juegan los agraviados de la igualdad en un proceso transformador? García Linera hace una especie de autocrítica que tiene que ver con los afectados por el ascenso de una inmensa mayoría de sectores marginales de la sociedad hacia la clase media tradicional, instalada desde siempre en un lugar de privilegio que les permite ocupar puestos de relevancia dentro del Estado, centros educativos, lugares de exclusividad económica y social y que ahora tienen que compartir con los “arrimados”, es decir, con aquellos hombres y mujeres que han tenido la oportunidad de prepararse, han mejorado su capacidad de competitividad y ostentan mejores condiciones de vida.
La instalación de la izquierda en América Latina y su lucha por la igualdad tiene un costo social. En la medida en que más personas están mejor, otras personas o comunidades comparten un mismo estatus. Los privilegios que ostentaban algunos grupos sociales ven devaluado ese estatus, se molestan y generan un malestar social y una reacción. Estos descontentos generan fuerzas o movimientos que, aliados con sectores radicales de derecha, también atropellados, conminan a marchar y a sublevarse, pues no están en los lugares donde se proyecta y se toman las decisiones de poder.
Es en este momento donde los procesos políticos y sociales de los gobiernos progresistas tienden a quebrarse y son relevados del poder y se ven revertidos los logros en materia de igualdad. El ejemplo claro es lo que ha sucedido en Bolivia. “Como proceso de aprendizaje de las izquierdas es fundamental analizar y concluir que los procesos sociales y políticos encaminados a mantener un liderazgo, es mezquino. Es, más bien, los liderazgos políticos y de poder dirigidos a mantener procesos los que dan resultado”, concluye el diputado Iñigo Errejón, quien es coautor del libro Qué horizonte, conjuntamente con el ex vicepresidente de Bolivia.
Y agregan: “las fuerzas progresistas y de izquierda tienen el deber de participar en la transformación de la realidad tanto desde dentro del Estado como desde el movimiento social. Los movimientos sociales en América Latina han logrado en los primeros años de la década grandes transformaciones a través del Estado. Pero, ¿es suficiente? No. Hay cosas que no se pueden cambiar a través del Estado. Se tiene que poner atención al movimiento social, y entender que el poder no se diluye cuando cambia un gobierno progresista y es reemplazado por élites conservadoras pues éstas, tienden a recobrar sus antiguas hegemonías borrando de paso los logros de las revoluciones”.
Esa actitud existe y es real. Y tiene el poder de revertir procesos. Por tanto, una tarea es inaplazable: renovación constante de candidatos, propuestas inclusivas a esos sectores agraviados por la igualdad, cambiar estructuras sociales constantemente y ofertas discursivas fruto de las transformaciones llevadas a cabo por un gobierno progresista. Atender las necesidades de estas capas sociales agraviadas es impedir que se adhieran a sectores ultraconservadores y fascistas. Se debe saber cómo atemperar los procesos de reacción negativa a la igualdad.
