El 2018 y el 2019 fueron años marcados por las masivas protestas y movilizaciones en distintos países del mundo, en su mayoría, motivadas por la reacción de la ciudadanía a las reformas regresivas de diversos gobiernos de marcada orientación ortodoxa o neoliberal. Este fue el caso de varios países de América Latina entre los que se destacan Ecuador, Chile y Colombia.
En Colombia el estallido de movilización se dio como consecuencia de un agotamiento social por la aguda crisis económica fruto de las oleadas de reformas neoliberales orientadas por el FMI, el Banco Mundial y recientemente la OCDE para América Latina. Estas oleadas se concretaron en reformas laborales, tributarias y pensionales que tercerizaron la fuerza de trabajo, recargaron los impuestos sobre las capas bajas y medias de la población, e implementaron un sistema de pensiones mixto al servicio del sector financiero.
Así mismo, bajo la tesis de disminuir el gasto público, se privatizaron empresas públicas y se debilitó la participación del Estado en la garantía de derechos fundamentales como la educación, las pensiones y la salud, tomadas ahora al sector financiero (Suárez, 2015). La firma de los TLC y la apertura económica desbarataron el aparato productivo nacional al tiempo que se tomó la decisión política de hacer de los dólares del exterior la variable de cierre de la economía y de reemplazar el ahorro interno por endeudamiento externo.
Se precarizó el mercado laboral disminuyendo el pago de horas extras y el contrato laboral se volvió la excepción. A pesar de las promesas de los Gobiernos anteriores sobre mayores niveles de empleo y de crecimiento económico a punta de esta receta, para finales del 2019 Colombia tenía un desempleo de 9,3%, una informalidad del 47% y 2,5 millones de personas desocupadas. La industria, que es la principal fuente de producción, crecía 1,5 %, y la agricultura, 2 % (Sarmiento, 2019).
La firma de los TLC y la apertura económica desbarataron el aparato productivo nacional al tiempo que se tomó la decisión política de hacer de los dólares del exterior la variable de cierre de la economía y de reemplazar el ahorro interno por endeudamiento externo.
Con estos antecedentes, el presidente Iván Duque anunció tres nuevas reformas: tributaria, laboral y pensional, acogiendo las orientaciones de la OCDE (OECD, 2019), que pretendían disminuir el salario mínimo para la juventud, permitir la cotización a pensión por horas haciendo cada vez más difícil el acceso real a este derecho, marchitar progresivamente el fondo público de pensiones Colpensiones para salvar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas y reducir los impuestos a las empresas más grandes y al capital. Según el economista Eduardo Sarmiento “los gobiernos y los organismos que propiciaron la debacle pretendían solucionarla con los mismos medios que la causaron”.
Como si fuera poco, durante el 2019 se acrecentó el asesinato de líderes y lideresas sociales en muchas zonas del país. Además, el Gobierno Nacional ha persistido en torpedear la implementación de los acuerdos de paz suscritos en la Habana, Cuba con la guerrilla de las FARC, a través de los cuales se logró el final de una lucha armada que nada bueno le dejó a Colombia y por ende, significaron un avance histórico para la democracia colombiana. Hoy infortunadamente algunos grupos siguen persistiendo equivocadamente en una táctica violenta y varios excombatientes que se acogieron correctamente al acuerdo de paz están siendo asesinados.
Fue necesario para enfrentar este cúmulo de problemas una coordinación nacional de organizaciones sociales, sindicales y políticas que permitiera articular las diferentes iniciativas entre los sectores democráticos del país: el Comité Nacional de Paro. Esta organización conformada a su vez por otras organizaciones logró llamar a un paro Nacional el 21 de Noviembre del 2019 al que acudieron casi un millón de colombianas y colombianos que se sintieron representados en tres banderas centrales: un rechazo absoluto a las reformas orientadas por la OCDE que se conocieron como el Paquetazo de Duque, la defensa de la vida de las y los líderes sociales y por la implementación de los acuerdos de paz suscritos en la Habana.
El Paro Nacional del 2019 tuvo grandes victorias, tanto en las reivindicaciones concretas que se propuso, como en el fortalecimiento de la organización social del país, pues fruto de las movilizaciones el Gobierno colombiano desistió de tramitar ante el Congreso –por el momento- las reformas pensional y laboral que pretendía, y el movimiento social logró acordar una unidad de acción entre las principales fuerzas sociales de la Nación. La Pandemia de Covid-19 que golpea al mundo, no ha disipado el sentimiento de inconformidad y descontento en la población, pues el Presidente Duque ha aprovechado la emergencia sanitaria para sancionar vía de decretos, buena parte de las reformas que el pueblo colombiano rechazó en las calles, en las históricas movilizaciones del año pasado. Los pronósticos para el 2021 son de nuevas oleadas de movilización, pues la pandemia y el pésimo manejo que el Gobierno le ha dado, han agudizado la profunda crisis económica y social que vive nuestro país.
Volveremos a las calles.
Referencias:
OECD. (Julio de 2019). Economic Policy Reforms: Going for growth country note. Obtenido de http://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/
Sarmiento, E. (16 de Noviembre de 2019). Crecimiento insuficiente e inequitativo. El espectador.
Suárez, A. (02 de Marzo de 2015). La tercera oleada neoliberal o quién pagará la crisis. El Tiempo.
