Para mi el Covid-1 no fue una preocupación hasta mediados de marzo. Mi suegro Luca Pohl me enviaba noticias del Ticino pero conservo la impresión que en Suiza no puede suceder nada grave, que tendrán la situación bajo control y que la infraestructura es suficiente para que no haya una catástrofe humanitaria. Desde finales del 2019 en Colombia, la seguridad de los líderes sociales era la prioridad para las organizaciones sociales y comunitarias. En Buenaventura, hubo dos atentados y el representante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) Leyner Palacios tuvo que refugiarse con su familia. Seguido a este hecho el escolta de Leyner fue asesinado mientras conducía el carro de protección. Mientras tanto estábamos terminando el informe que denunciaba el rol de la sociedad portuaria en el desplazamiento forzado de comunidades en Buenaventura, desde la privatización de Colpuertos en 1993. Sabíamos que habrían consecuencias de estas denuncias y en ese momento, mi rol junto con la investigadora Mónica Castillo, era que cada afirmación que denunciara los daños causados por la expansión portuaria a las comunidades negras estuviera argumentada y que la redacción fuese impecable.
¿Cómo se hace el trabajo comunitario desde casa? ¿Cómo hacer una reunión virtual sin Internet? ¿Cómo avanzar con un solo computador en casa?
En ese contexto, el Covid-19 no era tema de discusión. En el encuentro anual de Comundo, la organización suiza de cooperación solidaria, el Covid-19 se hizo real. Dos días después del comienzo del encuentro recibimos la noticia que Suiza cerraría sus fronteras y los que acababan de llegar hacia unos días, debían rápidamente regresar. Un nuevo coordinador de Comundo en Colombia había sido nombrado: Juan Carlos Godoy. Llega en un periodo de persecución y asesinato a líderes sociales y la pandemia en expansión. Volví a Buenaventura, después de pasar por dos aeropuertos. Mientras esperaba los vuelos corregía el capítulo de “daños espirituales” ocasionados por el conflicto armado a las comunidades negras ribereñas. Otro atentado ocurre a una hora de Buenaventura. Esta vez, un líder social por la defensa de la sustitución de cultivos de coca es atacado por pistoleros. Muere en el atentado ejecutado a dos calles de su casa. Para ese momento 47 líderes sociales había sido asesinados desde el inicio del año.
Mientras tanto mi mamá llega a Buenaventura para pasar una semana de “vacaciones” conmigo en medio del Covid-19. La Casa Social y Cultural decide en asamblea, que se realizaría trabajo en casa a partir del 24 de marzo. ¿Cómo se hace el trabajo comunitario desde casa? ¿Cómo hacer una reunión virtual sin Internet? ¿Cómo avanzar con un solo computador en casa? Mientras tanto en Cali, la ciudad más cercana, se había declarado cuarentena obligatoria y en Buenaventura ningún caso registrado, pero se sabía que la situación podía volverse muy grave.
La pandemia devela de manera flagrante la desigualdad social del país. A finales de mayo, dos meses después de mi salida de Buenaventura, la media del país es de 1 a 2 muertes por cada 100 contagiados y en Buenaventura 5 muertes por cada 100 contagiados. “Es la desigualdad estructural”, me dice Daniel Guzmán, un amigo médico que trabaja en el hospital público de la ciudad. “Es la malnutrición crónica y el acceso a los cuidados sanitarios básicos que hace que hasta la población que no es considerada con riesgo de mortalidad, pueda morir”, agrega. ¿Cómo se controla el coronavirus en una ciudad donde no se puede cumplir el lavado de manos? Donde no hay agua potable para garantizar el cuidado básico: lavarse las manos.
En 2018 escuché en una conferencia a una investigadora puertorriqueña, quien trabaja como profesora universitaria en Estados Unidos, hablando sobre el aumento de muertos durante los huracanes que anualmente azotan a su país. Explicaba que cuando un fenómeno natural se convierte en desastre solo muestra la incapacidad del Estado para proteger a la población, sobretodo cuando el fenómeno natural está avisado. Es decir, que las catástrofes humanitarias provocadas por fenómenos naturales, no son “catástrofes naturales” son “catástrofes sociales” o “catástrofes políticas”. Pasaron meses para que el virus que comenzó en Wuhan llegara a Buenaventura. Era claro que los territorios sin agua y sin acceso a cuidados sanitarios básicos pondrían la mayoría de muertos. No es una cuestión de impedir que el virus llegue, es impedir que la gente muera. El mundo observa que en los Estados Unidos las principales víctimas de la pandemia son latinoamericanos, migrantes, sin papeles y negros, la población que sale a trabajar cada día para conseguir la comida.
Aunque la logística portuaria y el desplazamiento de mercancías se hayan complicado, el tráfico de drogas no se ha detenido. Las restricciones ha aumentado el precio de la cocaína en los Estados Unidos y Europa.
Después que el gobierno nacional ordenó una cuarentena obligatoria, decidimos partir hacia Bogotá para pasar el confinamiento en casa. Llegamos a Bogotá con el penúltimo vuelo directo el 24 de marzo desde Buenaventura y dos días antes de que fuera declarado el confinamiento obligatorio en Bogotá. Desde entonces recibo noticias de Buenaventura cada día. La situación empeora. Cooperantes internacionales empezaron a dejar la ciudad buscando vuelos de regreso a Europa. El 5 de abril, la alcaldía de Buenaventura reconoce el primer muerto por Coronavirus. Se sospecha que hubo otras muertes antes por “afecciones pulmonares y respiratorias”. Las instituciones de salud no tienen la capacidad para registrar, realizar las pruebas necesarias y brindar atención apropiada. Si el registro y seguimiento no existe es difícil situar geográficamente el virus y crear medidas dirigidas a mitigar la propagación. El hospital público no tiene suficientes camas de unidades de cuidados intensivos y la mayoría de personas con un cuadro grave son remitidas a Cali.
Se propone un proyecto de producción de tapabocas con las mujeres víctimas que saben coser a máquina.
La Casa Social está cerrada, para muchas mujeres víctimas es su único lugar de organización y encuentro. Los financiamientos de algunas cooperaciones internacionales están congelados hasta nueva orden y los proyectos avanzados deben concluir rápidamente. Se proyecta un final de año muy duro económicamente. La Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo Social (Fundescodes) realiza una reunión para evaluar y responder a esta situación. Se propone un proyecto de producción de tapabocas con las mujeres víctimas que saben coser a máquina. Empezamos entonces a estudiar las exigencias institucionales y las medidas de seguridad para la producción de material médico. Un equipo de cuatro personas se encargan del papeleo, dos de la gestión del espacio y una encargada de buscar las costureras y las máquinas. Adriel Ruiz encabeza la gestión frente a la institución y crea una campaña en internet para recoger dinero y comprar mercados que distribuir en el barrio. Se enciende el acelerador para evitar supresión de puestos de trabajo. Todas las capacidades de adaptación de mis colegas puestas a disposición para enfrentar la peste. La peste nos llega, me dijo una de las víctimas por teléfono. Es la organización propia de las comunidades, como ocurre a menudo, la que mitiga el impacto de una situación adversa.
La cuarentena obligatoria es difícil de implementar en una ciudad donde la población basa su subsistencia económica en la informalidad. Es imposible mantener la obligatoriedad del confinamiento en una ciudad que es centro del comercio ilegal. La ilegalidad actúa fuera de normas y leyes. ¿De qué vale expedir un decreto de toque de queda? Los toque de queda con horarios restrictivos de movilidad vienen acompañados de la militarización del espacio público. Es un instrumento que permite controlar a la población y su movilidad por medio de la fuerza y la represión. A finales de abril, la delincuencia hace de las suyas. Los robos y asesinatos empezaron a aumentar en Buenaventura y las autoridades declaran el toque de queda. Según el último número de la tarjeta de identidad se asigna el día de permiso de salida para cada persona. La fuerza policial y militar se despliega en las calles para controlar la movilidad ciudadana. La lógica de la militarización para el control del territorio, fue practicada en otros países de Latinoamérica como Brasil, Ecuador y Chile. Allí los gobernantes negaron o banalizaron los efectos del virus, y luego frente a la grave situación vivida en Italia y España, se vieron obligados a tomar medidas.
Las estructuras ilegales al contrario de debilitarse, aprovecharon la cuarentena obligatoria y el toque de queda, para fortalecer, acelerar y ejecutar de manera eficiente sus recursos. Cuánto es el aumento del consumo y demanda mundial de droga en momentos de cuarentena, me preguntaba durante los meses de abril y mayo. Aunque la logística portuaria y el desplazamiento de mercancías se hayan complicado, el tráfico de drogas no se ha detenido. Las restricciones ha aumentado el precio de la cocaína en los Estados Unidos y Europa. ¿Cuál es la relación con Buenaventura con este tráfico? En tiempos de cuarentena se hace más rentable el negocio de estupefacientes.
Durante el mes de abril, el presidente Iván Duque anuncia que habría redistribución en el presupuesto nacional para enfrentar la crisis. Una de esas modificaciones impacta el presupuesto para la implementación de los acuerdos de paz. Una otra vez la paz no es prioridad para el gobierno y las organizaciones empiezan a reaccionar. Durante la última semana de abril varias manifestaciones se organizaron en las calles de Bogotá. Médicos exigiendo condiciones de trabajo dignas para seguir enfrentando el Covid-19, vendedores informales reclamando medidas para contrarrestar el hambre, migrantes venezolanos pidiendo apoyo para regresar a su país y organizaciones sociales denunciando el asesinato de líderes. En medio de una situación inesperada la población reacciona exigiendo sus derechos y denunciando su violación. Los que reclaman son los más afectados por la desigualdad estructural creada por el sistema.
A finales de abril comienzo a dictar los cursos virtuales sobre la discriminación y equidad de género en la Escuela Juvenil de Comunicación Ubuntu y conformamos un área de trabajo dedicada a la Desaparición Forzada. En medio de la pandemia iniciamos un trabajo para el cual nunca antes hubo tiempo: redactar un reporte sobre la práctica de miedo de la desaparición forzada en Buenaventura. Ni los tiempos de peste impiden la voluntad de los defensores de Derechos Humanos en Colombia.
Toda mi admiración por los líderes asesinados que siguen luchando por la justicia social en Colombia. Como dicen los activistas del movimiento Black live matters: ¡Rest in pround!
