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Fujimori y el “Plan Verde”

Fujimori fue el primer presidente en ser juzgado en su país por crímenes graves después de ser extraditado de Chile, tras su huida a Japón en 2000, lo que ha significado un factor fundamental para acabar con la impunidad en Perú. Fue condenado a veinticinco años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves.

Sara Cuentas Ramírez
Graffiti en Perú contra el Fujimorismo

Graffiti en Perú contra el Fujimorismo

Cultivar la memoria colectiva es imprescindible para evitar repetir la historia. Así lo evidencian todos los procesos de justicia, verdad y reparación en el mundo tras superar regímenes autoritarios, criminales y corruptos que se apropiaron del poder y controlaron las poblaciones imponiendo su represión sistemática. 

El continente de Abya Yala no es ajeno a esta realidad y su historia ha sido convulsa desde la supuesta “independencia del yugo colonial” que dejó un legado de opresores y opresiones históricas vigentes en la actualidad, al servicio del sistema civilizatorio colonial que continúa depredando entornos vitales, expropiando territorios, empobreciendo poblaciones, generando conflictos, violando los derechos humanos, imponiendo violencias estructurales como el machismo, el racismo, el capitalismo, el clasismo, entre otras, con el único afán de perpetuar su hegemonía.

El Fujishock tuvo un alto costo social, aumentó la pobreza y la pobreza extrema. Miles de personas se quedaron sin trabajo, sin sus negocios ni sus estudios. Alberto Fujimori había ganado las elecciones con la promesa de no aplicar el shock económico que propuso Vargas Llosa

En Abya Yala bien se sabe que ningún régimen autoritario ha actuado solo, siempre ha sido a conveniencia, complacencia y con apoyo de intereses internacionales ávidos de controlar y explotar recursos, de generar inversiones, de imponer políticas restrictivas y coercitivas, de generar deuda externa, de abrirse mercados sin control, de traficar con armas y personas, de robar millones y desaparecer “excedentes de población”.

El período de gobierno de Alberto Fujimori 1990-2000 en el Perú es un ejemplo claro de esta realidad. Puso en evidencia cómo se estructuró el aparato estatal para violar derechos humanos, avalar la criminalidad y la corrupción con impunidad, con la venia de Estados Unidos y organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial.

La trampa capitalista del “hombre honesto”

Cuando Fujimori llegó al poder el Perú estaba en quiebra y vivía una extrema violencia producto de un conflicto armado, además de ser el primer país productor de hoja de coca por lo que estaba en la mira del narcotráfico. En 1990, siendo un desconocido, ganó las elecciones presidenciales al escritor Mario Vargas Llosa, quien contaba con el apoyo de la oligarquía peruana. La población, cansada de los partidos políticos tradicionales, se dejó encandilar por el lema del recién creado partido “Cambio 90”: “Honradez, Tecnología y Trabajo”. Para el electorado “el chino” -como llamaba la gente a Fujimori- que conducía un tractor en sus spots políticos, representaba al vecino de barrio, al hombre trabajador, humilde y honesto. Allí colocó sus esperanzas, sin sospechar lo que vendría después.

El 8 de agosto de 1990, Alberto Fujimori implementó el Fujishock, programa de ajuste estructural, siguiendo las recomendaciones neoliberales diseñadas por el Fondo Monetario Internacional y la derecha peruana. Fue el ajuste económico más dramático de la historia del país. Al día siguiente, la población evidenció con angustia que su dinero no tenía valor. En Lima, capital del Perú, el ejército patrullaba las calles, la gente estaba en total pesadumbre, no había transporte público, había pocas tiendas abiertas, hubo protestas y saqueos. El saldo: cuatro personas muertas, decenas de heridas y miles de personas detenidas en los barrios periféricos por participar en las manifestaciones.

Desde el gobierno, intencional y progresivamente, se organiza una estructura estatal que controla los poderes del Estado, así como otras dependencias claves, y utiliza procedimientos legales para asegurar impunidad para actos violatorios de los derechos humanos, primero, y de corrupción después

El periódico La República informaba en días posteriores: “la lata de leche que costaba 120 mil intis subió a 330 mil; el kilo de azúcar blanca que estaba 150 mil intis se elevó a 300 mil, el pan francés que costaba 9 mil intis subió a 25 mil. La gasolina pasó, de 21 mil intis el galón a ¡675 mil intis! Treinta veces más. Un kilo de bistec costaba 1 millón 200 mil intis y hasta este diario tuvo que reajustar su precio: pasó de costar 25 mil intis a 100 mil”. Fueron alzas exorbitantes para una población que venía golpeada por un período donde los productos básicos de la canasta familiar estaban racionados, con largas colas para obtener gasolina o un kilo de arroz, donde se especulaba con los precios de los alimentos haciendo imposible adquirirlos a la población empobrecida por falta de poder adquisitivo.

El Fujishock tuvo un alto costo social, aumentó la pobreza y la pobreza extrema. Miles de personas se quedaron sin trabajo, sin sus negocios ni sus estudios. Alberto Fujimori había ganado las elecciones con la promesa de no aplicar el shock económico que propuso Vargas Llosa. Sin embargo, una vez en el poder lo aplicó siguiendo las recomendaciones de la hegemonía colonial capitalista que domina el mundo a través del ahorcamiento de los países con deuda externa.

Si bien la economía empezó a estabilizarse: la inflación pasó de 7,650% en 1990 a 139% en 1991 y el crecimiento del PBI de -4.9 en 1990 subió a 3%, lo cierto es que, tras este escenario, el Perú recorría el complicado camino diseñado por sus acreedores para saldar su deuda de unos 18.500 millones de dólares que crecía cada día. Como bien señaló el periodista Héctor Béjar “desde agosto de 1990 ha reiniciado sus pagos, abonando casi mil millones de dólares, pero debe 8.000 millones al Club de París y 6.000 millones a los bancos privados. Le falta todavía un largo recorrido y nadie puede asegurar hoy que esta deuda, en la que los intereses se acumulan más que las amortizaciones, sea de verdad pagable. Porque está pagando intereses leoninos”.

Aplicaron un plan político-militar, conocido en los medios de comunicación como el “Plan Verde”, que buscó establecer un gobierno militar secreto, de poder real o “dominio estratégico” no susceptible de desgaste político, que gobernara efectivamente el país oculto tras el gobierno elegido.

Con su política de ajuste y estabilización, Fujimori tuvo el respaldo de los organismos multilaterales y del sistema financiero nacional e internacional. Las contribuciones del “Grupo de Apoyo” liderado por Estados Unidos y Japón, al igual que las de los organismos multilaterales, le facilitaron el equilibrio de la macroeconomía y la reducción de la inflación durante los dos primeros años de gobierno. La apertura de la economía, la flexibilización laboral, la privatización de las empresas públicas, el rescate del sistema financiero y la negociación del pago de la deuda externa, generaron confianza empresarial en Fujimori y repuntaron las inversiones y el crecimiento económico. Estas reformas le permitieron fortalecer su aparato estatal y mejorar sus mecanismos para controlar los asuntos públicos e intervenir y vigilar la sociedad y el territorio.

La dictadura de fachada legal

Fujimori pretendía pagar la deuda externa y reconducir la economía sin importar los efectos colaterales, y muy pronto hizo evidente su signo político más autoritario. Dos años después, en 1992 y ante la fuerte oposición parlamentaria a sus reformas, dio un autogolpe, cerró el Congreso y suspendió la Constitución con apoyo de las fuerzas armadas. Además, censuró los medios de comunicación, cesó a miembros de los tribunales judiciales y del servicio diplomático, intervino las universidades públicas y persiguió a las y los dirigentes políticos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) -órgano gubernamental creado para investigar los veinte años de violencia política en el Perú-, en su informe final afirma que “a diferencia de lo ocurrido con los gobiernos de la década de los ochenta, durante los dos períodos de Gobierno de Alberto Fujimori, y particularmente desde el 5 de abril de 1992, se encuentra una relación funcional entre poder político y conducta criminal. Desde el gobierno, intencional y progresivamente, se organiza una estructura estatal que controla los poderes del Estado, así como otras dependencias claves, y utiliza procedimientos legales para asegurar impunidad para actos violatorios de los derechos humanos, primero, y de corrupción después”.

Al ganar Alberto Fujimori las elecciones presidenciales de 1990, designó a Vladimiro Montesinos como Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN), Consejero de Seguridad del Gobierno y el principal asesor presidencial entre 1990 y el año 2000. Por su parte el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, en diciembre de 1991, fue designado Comandante General del Ejército del Perú y presidente del comando conjunto de las Fuerzas Armadas hasta 1998.  Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermosa integraron un triunvirato que gobernaba el Perú. Aplicaron un plan político-militar, conocido en los medios de comunicación como el “Plan Verde”, que buscó establecer un gobierno militar secreto, de poder real o “dominio estratégico” no susceptible de desgaste político, que gobernara efectivamente el país oculto tras el gobierno elegido. Se crearon con esta finalidad una serie de instancias de gobierno especiales, de fachada y de poder real. Estableció que éste sería el remedio para los males que tenía el país.

En 1991, “La Masacre de Barrios Altos” sobrecogió al país. Fue la primera ejecución extrajudicial en la capital del Perú contra civiles, en medio de un contexto de creciente violencia política en los centros urbanos.

El investigador Julio Cotler del Instituto de Estudios Peruanos, explica: “Fujimori con apoyo de los militares destruyó el orden constitucional y fundó un régimen autoritario con el argumento de reducir y eliminar las presiones sociales y de promover la estabilidad política y económica. El régimen fujimorista estructuró una trama de alianzas internas y externas, con un autoritarismo de “fachada legal” que se legitimó con la captura de los aparatos estatales y con la puesta en marcha de una autocracia dirigida por una mafia militar y civil”. En consecuencia, las libertades civiles y políticas fueron restringidas, se controló y reprimió a quien se oponía al Gobierno, se expandió la corrupción, se difamó y se extorsionó, dañando la práctica de la ética política. La conjunción entre Fujimori y los proyectos militares se concretó en la reorganización de los aparatos castrenses y en la revisión de los planes de lucha antisubversiva. Así, las actividades de “inteligencia” ocuparon un papel destacado, tal como lo recomendaba la asesoría estadounidense, fortaleciendo la figura de Montesinos en las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo. Fujimori, en consonancia con los intereses militares, emprendió una campaña sistemática contra los partidos políticos, las organizaciones sociales y las instituciones estatales a quienes culpaba por el caos del país.

El 12 de julio de 1993. La revista Oiga -dirigida por el periodista Francisco Igartua-, a través de su denuncia periodística titulada “Historia de una traición o el “Plan Verde”, denunció el oculto proyecto fujimorista para controlar el destino del Perú desde 1990. Este documento, desconocido por la opinión pública nacional e internacional, se elaboró en 1989 al interior de un instituto castrense. Con su denuncia la revista sufrió una posterior persecución, perdió su línea editorial y desapareció en 1995. Fue uno de los baluartes de resistencia de la libertad de expresión junto a otros medios periodísticos independientes que hicieron frente a la dictadura.

Después de años de cubrir la guerra interna en Perú conocía de sobra los horrores que suelen seguir a la detención-desaparición

Con el “Plan Verde” Alberto Fujimori y sus cómplices pretendieron perpetuar una dictadura de una magnitud significativa, enmarcada en la manipulación mediática, en la ignorancia de la opinión pública sedada los psicosociales, en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como arrasamiento de comunidades enteras en las zonas trastocadas por la violencia política y bajo la existencia de “escuadrones de la muerte” como el Grupo Colina.

Los lineamientos del Plan se cumplieron literalmente, incluso antes de la denuncia de la revista Oiga. En términos económicos se señalaba: “El objetivo principal y único en el corto plazo, es abatir cabal y resueltamente el proceso hiperinflacionario”. Así, en 1990, se aplicaría el Fujishock. Su interpretación: “el éxito político más importante (…) la estabilidad a cualquier precio concitará el respaldo generalizado a la estrategia diseñada”.

El 29 de enero de 1992, el grupo Colina secuestró y asesinó a seis personas: un estudiante, tres agricultores, un chofer y un profesor. El motivo fue el mismo por el que Colina había recibido la orden de llevar a cabo los aniquilamientos: presencia de presuntos elementos terroristas

La CVR señala que Alberto Fujimori, antes de iniciar formalmente su Gobierno, fue persuadido por Montesinos para asumir el Plan político militar elaborado por un sector de las fuerzas armadas. De esta manera, puso en marcha un sistema de “democracia dirigida”. De acuerdo a sus propios intereses y el de su asesor, incrementó el poder del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dentro de la nueva estructura organizativa de los sistemas de defensa e inteligencia nacional y con la acción de un grupo de operaciones especiales dirigido desde el SIN (el grupo “Colina”).

Violación sistemática a los derechos humanos

En 1991, “La Masacre de Barrios Altos” sobrecogió al país. Fue la primera ejecución extrajudicial en la capital del Perú contra civiles, en medio de un contexto de creciente violencia política en los centros urbanos. Esta fue celebrada por Fujimori en las instalaciones del SIN como un gran triunfo en la lucha antiterrorista. El 3 de noviembre de 1991, el Grupo Colina asesinó a 15 personas que compartían una fiesta de recaudación para mejorar el sistema de alcantarillado. Sobre las 10:30 de la noche, entre 6 y 10 individuos armados con pistolas ametralladoras y con los rostros cubiertos con pasamontañas irrumpieron en el patio del inmueble y sin discriminar dispararon a las veinte personas allí presentes. 15 personas fueron asesinadas, entre ellas un niño de ocho años. Cinco personas quedaron heridas de gravedad.

Cuando el 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori y los militares disolvieron el Congreso, el Tribunal Constitucional, e intervinieron el Poder Judicial, seguían al pie de la letra el camino trazado por el “Plan Verde”. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ocuparon el Congreso, el Palacio de Justicia, los medios de comunicación y locales públicos. También detuvieron a políticos destacados y secuestraron a periodistas como Gustavo Gorriti. Fue secuestrado por miembros del ejército peruano y del SIN que ingresaron a su domicilio armados, exigiéndole que les entregara su computadora y acompañarles.  Gorriti permaneció en los sótanos del Cuartel por dos días hasta que fue llevado a las oficinas de Seguridad del Estado y fue liberado. Esto debido a la primera alerta hecha por Gorriti y a que su esposa, Esther Delgado, también se comunicó con periodistas y organizaciones. El embajador de España, Nabor García, y organizaciones de Derechos Humanos reclamaron al Gobierno de Alberto Fujimori sobre el paradero de Gorriti. Así narra el periodista parte del secuestro: “Mi arresto había sido clandestino y mi paradero era secreto. Supe entonces que cualquier cosa, aún de las más monstruosas, podía suceder. Después de años de cubrir la guerra interna en Perú conocía de sobra los horrores que suelen seguir a la detención-desaparición”.

El 29 de enero de 1992, el grupo Colina secuestró y asesinó a seis personas: un estudiante, tres agricultores, un chofer y un profesor. El motivo fue el mismo por el que Colina había recibido la orden de llevar a cabo los aniquilamientos: presencia de presuntos elementos terroristas. Uno a uno los arrastraron, los golpearon y los subieron a vehículos en medio de la apacible noche de verano de Pativilca. Las familias de los asesinados coinciden en que los comandos llevaban ropa oscura y que para su fin utilizaron desmedida violencia. Nunca más los volvieron a ver. Era las 6 de la tarde del 30 de enero. Luis Agüero, hermano de una de las víctimas envió una señal de alerta: había encontrado restos en un cañaveral a pocos metros de donde fueron secuestrados. Eran ellos. Los habían torturado y acribillado en la zona.

La prioridad fue “impulsar la política demográfica del Estado”. Y no cualquier política, sino una de carácter marcadamente maltusiano, racista, patriarcal y fascista

El 18 de julio de 1992, en la madrugada, miembros del Grupo Colina, en coordinación con efectivos de la base militar ubicada en la universidad “La Cantuta”, irrumpieron en las viviendas universitarias y, en presencia de testigos, secuestraron a nueve estudiantes y un docente de la universidad. Ante la negativa a proporcionar información por parte de las autoridades políticas, judiciales y militares, la prensa escrita inició investigaciones sobre caso de desaparición forzada “La Cantuta”. En diciembre de ese año, la Revista evidenció que los responsables de los casos “Barrios Altos” y “La Cantuta” eran miembros del SIN. Le supuso que el SIN les denunciara por delito contra la Administración de Justicia. La periodista Cecilia Valenzuela y el editor de la Revista Caretas, Enrique Zileri Gibson, al hacer también públicas sus sospechas sobre la intervención paramilitar, recibieron amenazas de muerte.

En un contexto adverso, el 8 de julio de 1993 la Revista reveló el lugar donde los restos de algunos de los estudiantes habrían sido enterrados. La Fiscalía, ante representantes de la prensa nacional e internacional, halló enterrados los restos, calcinados y seccionados, así como efectos personales, entre ellos dos llaveros. El 20 de agosto de 1993, en una diligencia realizada en la residencia estudiantil de la universidad, se probaron las llaves encontradas. Una de las llaves abrió un candado del armario del estudiante Juan Gabriel Mariños Figueroa. Otra llave abrió el armario del estudiante Armando Amaro Cóndor. Otra permitió abrir la puerta del local del Centro Federado de Electromecánica, del que José Mariños había sido dirigente estudiantil. Finalmente, otra de las lleves abrió la casa de la señora Rayda Cóndor, madre del estudiante Armando Amaro Cóndor.

El “Plan Verde” continuaba. En lo referente al Sector Salud señalaba que el Estado “debe restringir su participación” y “debe transferir en lo posible su infraestructura disponible a la actividad empresarial privada”. Y lo más revelador fue la definición de la política de natalidad. La prioridad fue “impulsar la política demográfica del Estado”. Y no cualquier política, sino una de carácter marcadamente maltusiano, racista, patriarcal y fascista que señalaba: “el problema más importante del Perú reside en que sus tendencias demográficas después de la Segunda Guerra Mundial han alcanzado proporciones de epidemia (…) frenar lo más pronto posible el crecimiento demográfico”. Sostenía, sin miramientos, que era imprescindible “un tratamiento para los excedentes existentes”.

¿Cómo lo harían?  “Es conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados. Sin estas cargas innecesarias el acceso a ciertos niveles de bienestar por los grupos familiares débiles se facilitaría”. Apostaron así por el método definitivo: la esterilización. “Debe ser norma en todos los centros de salud que atiendan partos, la ligadura de trompas, salvo demostración fehaciente de solvencia económica”.

En abril de 2018, el fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar a Fujimori ante el Poder Judicial por este caso de esterilizaciones forzadas

Se propuso el exterminio como única solución para deshacerse del “excedente poblacional nocivo”. “Consideramos a los subversivos y sus familiares directos, a los agitadores profesionales, a los elementos delincuenciales y a los traficantes de pasta básica de cocaína como excedente poblacional nocivo. Para estos sectores, dado el carácter de incorregible y la carencia de recursos para distraer en su atención sólo queda el exterminio total”.

La esterilización forzada fue uno de los elementos más retorcidos del plan al pretender reducir considerablemente las tasas de natalidad de la población originaria de las zonas alto andinas y de la Amazonia peruana. Fue aplicada bajo engaños, coerción y amedrentamiento hacia mujeres que se encontraban en condición de analfabetismo, en extrema pobreza y que, incluso, venían de ser impactadas por la violencia política en sus comunidades. Con los “festivales de ligadura de trompas” la pretensión de Fujimori fue exterminar a las poblaciones originarias. Según la Defensoría del Pueblo, entre de 1996 y 2001 se realizaron 272.028 operaciones de ligadura de trompas y 22.004 vasectomías. En la actualidad son 2166 afectadas por casos de esterilización forzada que han denunciado ante la Fiscalía, y hasta la fecha 3761 mujeres están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO).

“Fuimos ligadas en condiciones insalubres, bajo amenaza, sin información, con mentiras y engaños de recibir atención médica posterior, inyectadas con anestesia para animales, operadas por personal médico practicante que cometió terribles negligencias médicas pues operó a mujeres que estábamos embarazadas, a otras les perforaron los órganos reproductivos y las mataron, que cocieron mal nuestras heridas y nos enviaron a nuestras casas en menos de una hora sin tomar en cuenta que teníamos que caminar más de cinco horas hacia nuestras comunidades”, expresa la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba que agrupa a cerca de 300 mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas, en un pronunciamiento público dirigido a las autoridades el 2016.

La experiencia de la justicia peruana no es la justicia restaurativa que se plantea en Colombia

Sin duda, esta política estatal puso en evidencia el racismo institucional que se focalizó en un determinado tipo de población: la indígena, la más empobrecida y vista como una “carga” para el Estado. Tal como señaló Giulia Tamayo, defensora de derechos humanos y principal investigadora de los casos de esterilización forzada: “Se ejecutó un plan de natalidad dirigido a los sectores más pobres de la población peruana, principalmente mujeres rurales, campesinas e indígenas”. Es decir, se pretendió controlar la pobreza a través de los cuerpos de las mujeres.

Tamayo señaló que “a todos los centros de salud y su personal les fijaron cuotas de esterilizaciones y, desde el Ministerio les instaron a cumplirlas mediante promesas de bonificaciones y amenazas de sanciones”. Así, el personal de salud empleó diversos mecanismos de presión. “Engañaron a las mujeres, no revelándoles la verdadera intención de la operación, ni diciéndoles que era reversible. Emplearon amenazas o promesas de que, a cambio de esterilizarse, recibirían dinero o alimentos. Realizaron esterilizaciones contra la voluntad expresa de las mujeres. En otros casos, no informaron nada a la interesada y aprovecharon su paso por el hospital por otro motivo, como un parto, para esterilizarlas. Su objetivo era cumplir metas”.

Justicia, Verdad y Reparación

En 2007 se abrió juicio contra Fujimori debido a las graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas durante su periodo de gobierno (1990-2000). El 2009 la sentencia condenó a Alberto Fujimori a veinticinco años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, así como del secuestro de un empresario y de un periodista. ​ En 2010 la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena de 25 años prisión. 

El 24 de diciembre de 2012 el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, burlando el reclamo de justicia de las víctimas otorgó indulto a Fujimori con la finalidad de “pasar página”. Posteriormente, el 3 de mayo del 2016 el Tribunal Constitucional del Perú rechazó la nulidad de la condena y el 20 de febrero de 2018 la Sala Penal Nacional resolvió que no aplicaba la resolución que otorgaba el derecho de gracia por razones humanitarias a Fujimori. El 3 de octubre de 2018 se determina que debe regresar a prisión para cumplir la totalidad de su pena. ​Finalmente, el día 23 de enero de 2019, tras estar 113 días internado en una clínica local, fue conducido al penal.

En abril de 2018, el fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar a Fujimori ante el Poder Judicial por este caso de esterilizaciones forzadas y dispuso que los exministros de salud Aguinaga, Costa y Yong sean procesados como coautores de lesiones graves en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y otras 2.164 mujeres que aparecen como afectadas.   Posteriormente, en noviembre de 2018 se formalizó la denuncia penal contra Fujimori y tres de sus exministros por considerarlos “autores mediatos” (con dominio del hecho) de las esterilizaciones forzadas. La denuncia fue realizada por la fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía, Marcelita Gutiérrez, ante el Primer Juzgado Penal Nacional.

En 2010 se condenó a 25 años de prisión a Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia de Fujimori; y a penas de entre 15 y 25 años a una veintena de militares por varios casos de abuso de los Derechos Humanos cometidos entre los años 1990 y 2000, durante su mandato.  El 2018 la justicia peruana ratificó la condena de 22 años de prisión al exjefe del Ejército Nicolás Hermoza y a Vladimiro Montesinos, por el asesinato y posterior incineración de tres universitarios opositores al gobierno de Alberto Fujimori en 1993.  Tanto Hermoza como Montesinos han sido acusados de organizar y dirigir la organización paramilitar Grupo Colina, formada por agentes que actuaron en la clandestinidad.

Fujimori fue el primer presidente en ser juzgado en su país por crímenes graves después de ser extraditado de Chile, tras su huida a Japón en 2000, lo que ha significado un factor fundamental para acabar con la impunidad en Perú. El sentarlo en el banquillo de los acusados ha sido un logro para las personas afectadas, sus familias y las organizaciones defensoras de derechos humanos quienes no cesaron nunca su campaña nacional e internacional de exigencia de verdad, justicia y reparación, ante estos crímenes. 

Queda pendiente resolver el caso de las esterilizaciones forzadas que, de llevarse a cabo, permitiría sentar un precedente significativo ante las políticas maltusianas, racistas y patriarcales que fueron aplicadas en diversidad de países siguiendo los preceptos de la “agenda maltusiana oculta” de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo o Conferencia de El Cairo de 1994, donde las mujeres en condición de racialización y empobrecimiento fueron esterilizadas para controlar la natalidad de poblaciones leídas como excedentes y no necesarias. También está pendiente el caso Pativilca, donde Fujimori es acusado de secuestro, tortura y asesinato. Según declaraciones del jefe del Grupo Colina, la acción militar necesitaba un aval político que Fujimori dio.

El Perú ha dado pasos significativos para hacer prevalecer la justicia y la verdad ante las denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por Fujimori. Sin embargo, en su lucha contra la impunidad, es preciso culminar con imparcialidad todos los procesos abiertos y garantizar la reparación integral de todas las personas afectadas y sus familias. También, es imprescindible legitimar la memoria histórica como un aprendizaje imprescindible de práctica de “no repetición”. Es la única manera de garantizar un legado transformador, libre de opresores y opresiones, para las futuras generaciones. Reconociendo, además, que toda autoría mediata y política, con mayor poder y responsabilidad en la comisión de un delito, no puede ni debe quedar en la impunidad. La experiencia de la justicia peruana no es la justicia restaurativa que se plantea en Colombia, aun así los procesos de verdad, justicia y reparación tienen la finalidad no sólo de acabar con el conflicto y promover la reconciliación, sino de reparar el daño, recuperar del trauma de la violencia, promover la convivencia libre de opresiones y opresores, y sobre todo, evitar los regímenes autoritarios, patriarcales, racistas, capitalistas y antropocéntricos permeados por el legado colonial que dañan vidas y depredan territorios.

Sara Cuentas Ramírez

Periodista, investigadora social y feminista descolonial. Autora de la investigación “La verdad está en nuestros cuerpos. Secuelas de una opresión reproductiva” que denuncia las esterilizaciones forzadas en el Perú.

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