La juventud colombiana no quiere que otros hablen por ella. Quieren hablar ellos y ellas, protagonistas principales de las revueltas que sacuden a Colombia. EL COMEJÉN se acercó a ellas para saber qué está pasando en Cali, epicentro mundial de la revuelta callejera. Respondieron las activistas caleñas Lina Maria Arango Durán, estudiante de maestría en ciencias sociales y políticas, y Omar Rojas, abogado e integrante de Ciudadania Inteligente.
¿Qué diferencia estas protestas de las anteriores? ¿Es más de lo mismo?
La movilización del 28 de abril del 2021 en Cali fue una de las más grandes en la historia de Colombia. Su gran impulso y fuerza se sujeta a varios acontecimientos pasados y una dura crítica a las decisiones políticas de la derecha y al Gobierno de Duque. Desde el 2013 hay una gran agitación, la cual tuvo su culmen en el paro agrario. En octubre del 2016, tras el triunfo del NO al plebiscito, la ciudadanía sale en manifestación por el Sí al acuerdo de paz. En 2018 se realiza la consulta popular anticorrupción. En enero del 2019, en una noche de linternas, se exige la renuncia al entonces fiscal por el caso de Odebrecht y contra la impunidad por el asesinato de líderes sociales. El 21 de noviembre de 2019, una protesta multitudinaria termina en graves disturbios, que para nuestro concepto se agravó cuando se decreta el toque de queda y el primer intento de intervención militar.
Esto acaeció durante la administración de Maurice Armitage, siendo secretario de seguridad Andrés Villamizar Pachón. Esta era una medida que hacía mucho tiempo no se realizaba y que en nuestro concepto agravó el orden público en Cali, pues fue a respuesta autoritaria y torpe a una movilización multitudinaria, alegre y pacífica. Una serie de desmanes menores se transformaron en dos días de saqueos y terror para la ciudadanía caleña que parecía, por momentos, estar viviendo la película La purga. El toque de queda vació a la ciudad, quedando a merced de la policía y de los verdadero “vándalos”, a tal punto que Armitage, en compañía de la entonces gobernadora Dilian Francisco Toro, solicitó la militarización de la ciudad. Una situación similar como la que está ocurriendo en estos días en nuestra ciudad.
Colombia vive un tiempo de grandes movilizaciones y agites sociales que se presenta de forma intermitente, no obstante, podemos decir que hoy la movilización se diferencia de las anteriores por diferentes razones. Es una movilización horizontal, sin ninguna cabeza política liderando. Surge de la indignación contenida de la ciudadanía, de la rabia y el tedio que produjo el confinamiento sin asistencia estatal, ni subsidios a los servicios públicos, máxime en una ciudad como Cali cuya economía depende del rebusque, los flujos del narcotráfico y el contrabando desde Buenaventura.
Convoca a varios sectores sociales de manera masiva; se prolonga en el tiempo principalmente por los liderazgos de los jóvenes, quienes a diario les toca la difícil situación de confrontación con los policías, el ESMAD y el GOES en el campus de la Universidad del Valle. Pero también por el hambre, la falta de oportunidades y el creciente desempleo. Se suma a esta tormenta perfecta la ausencia de oferta institucional hacia la juventud y la quiebra de miles de pequeños negocios o pymes, por los cierres decretados en el marco de el estado de emergencia social y los protocolos de bioseguridad Covid, que en nuestro país se reducen al lavado de manos, el uso de tapabocas y alcohol.
Por primera vez tumban los artefactos memorísticos, que por años se han instalado en lugares emblemáticos de la ciudad, con la narrativa de nuevas memorias históricas que realmente se identifique con el pueblo caleño. La muerte diaria de jóvenes en medio de la protesta pacífica, y el fastidio a los medios de comunicación convencionales con la intención de vandalizar la protesta. Ante tal hecho los caleños realizan transmisiones en tiempo de real del abuso del poder policial; y finalmente un logro: la derogación de la reforma tributaria. ¡Triunfo ganado por los jóvenes de Cali!
¿Es una protesta juvenil, popular, interclasista?
Es una protesta de la ciudadanía, popular, que sin duda fue liderada por los jóvenes de varios sectores de la ciudad, llamando la atención especialmente a la movilización de los barrios populares como Terrón Colorado, Distrito, Puerto Resistencia, Sameco. Un fenómeno nunca visto en Cali. Y es probable que esto tenga correlación con una serie de acontecimientos que los caleños viven, pues los atraviesa una crisis económica especialmente a la clase media y baja, el desmedro de la institucionalidad de Cali distrito especial, la restricción a actividades económicas y establecimiento del comercio, sin tener la capacidad de brindar asistencia alimentaria o servicios públicos para garantizar el confinamiento. El descontento con la administración local y nacional son emociones contenidas que se venían aplazando en virtud de la pandemia y que tuvo gran estallido en la reforma tributaria. Es tanto el hastío que se perdió el miedo al contagio.
¿Es una protesta apolítica? ¿Contra los políticos?
Sí, es una protesta contra los políticos. La gente empieza a comprender el verdadero significado de ser ciudadano. Se configuran varios factores, como la frustración en la consulta anticorrupción; la victoria del No al plebiscito; y la mala gestión del gobierno distrital de Cali, que para muchos caleños representaba la esperanza en contra del gobierno de oligarquía azucarera y el triunfo de Iván Duque.
Es una propuesta política en la medida que refleja un agotamiento de los partidos tradicionales y surgimiento de una generación que se plantea otros desarrollos en términos de la ciudadanía caleña. Las decisiones adoptadas en el marco del confinamiento frente a la restricción de las actividades cotidianas como la rumba, el paseo al río, el bulevar y los lugares de encuentro frecuentes, se vuelven un conjunto de emociones contenidas que luego se descomprimen en la movilización contra reforma tributaria. Nadie estaba dispuesto a tolerar IVA a los servicios públicos, ni alzas a la canasta familiar para comprar aviones de guerra y subsidiar a los poderosos, mientras en la mayoría de hogares se aguanta física hambre.
Hay que señalar que uno de los factores que incidió en el desamparo de los jóvenes caleños es el desmonte de la política de juventud que funcionaba con Armitage, la cual empleaba alrededor de 2200 chicos y chicas de las zonas más conflictivas y vulnerables de la ciudad. Eran diversos “parches” que integraban a los jóvenes. Algo similar ocurrió con el icónico “barrismo social caleño” que moviliza a un gran segmento de la población juvenil de los barrios marginales y populares, a quien la alcaldía y la gobernación les han incumplido lo prometido en las campañas electorales. Los jóvenes de estos barrios carecen de una mediana oferta institucional lo cual dificulta la interlocución con los jóvenes que lideran la protesta.
¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué va a pasar?
Es para nosotros lamentable el actual escenario. Han sido noches de pánico y rabia. Jóvenes inermes asesinados diariamente por la policía y el ejército. Existe frustración por parte de la juventud en la medida que la militarización se entiende como la entrega de la ciudad al uribismo. El alcalde Ospina ha estado ausente y circulan rumores de un minigolpe de Estado por parte del general Eduardo Zapateiro. El general lo desmiente, pero los hechos son tozudos. En Cali todos y todas nos preguntamos: ¿quién dio la orden?
Con la entronización de las redes sociales vemos la violencia policial en tiempo real. Se evidencia una matriz mediática que pretende equiparar al vandalismo donde ha empezado con la protesta social. Es importante señalar que los hechos vandálicos no tienen nada ver con estrategia sistemática dirigida, planeada y financiada por milicias urbanas o organizaciones sociales. Al contrario, los desmanes suceden cuando la fuerza pública entra a reprimir.
Cali pareciera ser un experimento del uribismo en términos de seguridad ciudadana y el orden publico. Cabe recordar el antecedente de saqueos, enfrentamientos, toque de queda y militarización durante la protesta del 21 de noviembre de 2019. Los hechos se repiten durante la movilización multitudinaria y pacífica del pasado 28 de abril. Es la misma estrategia: generalizar la zozobra y propagar rumores y falsas noticias a través de los noticieros nacionales y las redes sociales, y sabotear la información buena. El fin último es el de deslegitimar la protesta ciudadana.
Es muy extraño que ante las denuncias de uso indebido de la fuerza policial hechas por Naciones Unidas, Unión Europea, el Comité Internacional de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales, se responda con un pedido de asistencia militar por parte de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, que incorpora el uso de helicópteros de combate. Esa misma noche fueron atacados al unísono los CAI de policía, lo que motivó la militarización de la ciudad con el pretexto de combatir al vandalismo.
Se necesita retomar el control de la ciudad, lograr rápidamente la desmilitarización y el retorno de la institucionalidad para garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana. Una ruta puede ser la conformación de un gran acuerdo con las organizaciones del paro y de los jóvenes caleños. El paro continúa. Vamos por la reforma a la salud. Podemos más, mucho mas.
