Por Benedicte Bull, politóloga especializada en América Latina. Es profesora del Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente de la Universidad de Oslo.
El 10 de diciembre de 2016, la ciudad de Oslo estaba engalanada para recibir al ganador del Premio Nobel de Paz y en ese entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Él había conducido el país a través de las negociaciones de paz que pusieron fin a una guerra civil de 50 años y que hicieron que el grupo guerrillero FARC entregara sus armas. El proceso de paz fue lanzado públicamente en Hurdalssjøen (Noruega) en 2012, con diplomáticos noruegos como garantes, y regresaba a Noruega en medio de grandes pompas y discursos conmovedores.
En Colombia las negociaciones de paz fueron recibidas de diferentes formas. Muchos dudaban de las intenciones de las FARC y se negaban a negociar con “terroristas” y “criminales”. Otros sospechaban que Santos sólo quería erradicar las FARC para abrir camino a la inversión extranjera en recursos naturales y agroindustria, sin detenerse suficientemente en el punto de partida del conflicto: distribución desigual de la tierra y ausencia total del Estado en las zonas rurales.
Pero las dudas beneficiaron al presidente, e incluso los opositores más radicales al gobierno apoyaron el proceso de paz. El acuerdo suscrito en 2016 implica la desmovilización de las FARC, el cierre judicial del conflicto y el fin de la producción de drogas, pero también distribución de tierras y desarrollo rural.
Dos años después de que Santos recibiera el Premio de la Paz ganó Iván Duque las elecciones presidenciales. Durante su campaña Duque declaró que haría trizas el Acuerdo de Paz. Luego se retractaría de eso, pero la implementación del acuerdo va muy lenta y no es casualidad que algunas partes no avancen. Las FARC depusieron las armas y se convirtieron en partido político, pero en las zonas de conflicto no ha habido paz ni desarrollo: solo se ha distribuido un tercio de la tierra que se iba a redistribuir y solo una pequeña parte de los fondos de desarrollo ha sido asignada.
Desde el 2016, 904 políticos locales, activistas y líderes indígenas han sido asesinados, así como 276 ex miembros de las FARC. La integración de los ex guerrilleros es lenta y aproximadamente 2.000 de ellos han vuelto a tomar las armas. La producción de coca está aumentando y el gobierno ha decidido reanudar la fumigación con el herbicida glifosato, causando enormes consecuencias para las personas y el medio ambiente y contrariando al Acuerdo de Paz.
Las manifestaciones de la semana pasada iniciaron con las protestas campesinas en Cali contra el uso del glifosato. Cali es una gran ciudad en el valle del río Cauca, una de las zonas más críticas de conflicto, y donde hemos visto la mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales y el menor desarrollo desde el acuerdo de paz.
Luego vino la gran movilización contra la reforma tributaria del gobierno. Uno de los objetivos de la reforma era volver a encaminar la economía después de la pandemia y garantizar la solvencia de Colombia frente a los mercados crediticios internacionales. Habría asegurado una transferencia constante de dinero a los pobres y un aumento de los impuestos para los más ricos. Pero también aumentaría los impuestos para los grupos de bajos ingresos e introduciría el IVA sobre la comida diaria – y los funerales. Esta propuesta de reforma llega en medio de una pandemia que se ha cobrado 76.000 vidas y ha generado 3,5 millones de nuevos pobres, mientras que la vacunación avanza a paso de tortuga.
La rabia estalló después de que la policía mató a un niño de 17 años en Cali durante las manifestaciones. A lo largo de la semana las manifestaciones se extendieron por todo el país. Los militares y la policía utilizaron armas y tácticas de guerra contra los manifestantes, y las tiendas y la infraestructura fueron saqueadas y vandalizadas. Oficialmente se habla de 26 muerto y más de 800 heridos. Las organizaciones informan sobre más de 300 desaparecidos. En otras palabras, el número de muertos puede ser mucho mayor.
El presidente Duque ha retirado la reforma tributaria e invitado al diálogo social. Pero los colombianos han recibido esta invitación antes. Han sido traicionados una y otra vez, no solo en relación con el proceso de paz, sino también después de las gigantescas manifestaciones en 2019 y 2020. Se mejoran algunos detalles, pero se cambia poco. Más del 40 por ciento del territorio está gobernado por actores armados que compiten entre si, no por leyes y normas, y todavía el 10 por ciento más rico de la población gana 46 veces más que el 10 por ciento más pobre.
Las últimas semanas han demostrado lo lejos que el gobierno Duque esta de la vida de la mayoría y lo cerca que está de una mentalidad de guerra. Con anterioridad al proceso de paz se trabajó mucho para que la policía y el ejército fueran más profesionales y menos brutales, y para establecer mecanismos democráticos para la resolución de conflictos. Si se hubiera dado seguimiento a este trabajo se podría haber evitado una espiral dolorosa de manifestaciones, violencia policial, abuso de la fuerza militar, vandalismo y destrucción. En cambio, hemos visto a Duque y sus aliados incitar a la policía y al ejército para la batalla y referirse a los manifestantes como terroristas. Al mismo tiempo, tanto los políticos como los delincuentes intentan explotar el descontento de la gente.
El hecho de que la situación en Colombia haya recibido tan poca atención en el mundo indica que el compromiso con la paz comienza a decaer. Noruega debe utilizar su posición diplomática para volver a movilizar a la comunidad internacional: hacer que los culpables rindan cuentas y volver a encarrilar el proceso de paz.
Aquellos que esperaban que el Acuerdo de Paz trajera la paz a Colombia han sido decepcionados y traicionados antes. Nosotros también tenemos la responsabilidad de que esto no vuelva a pasar.
