Hay cosas que preocupan, situaciones que nos paralizan. Lo que está viviendo Colombia en estos momentos es una de esas. Ya lo sé: no es nuevo. Todo parece repetirse como si el tiempo retrocediera. Como si la noria del destino nos hubiera marcado con la mítica señal de Caín. O, simplemente, nos recordara lo estúpida que es la sociedad colombiana. Hace poco le escuché a Mario Mendoza decir en una entrevista que la oligarquía de este país del Sagrado Corazón es la más violenta de América Latina. Creo que el escritor se quedó corto: no solo es la más violenta, sino también la más corrupta, la más conservadora, la más racista, la más clasista, la más homofóbica, la más xenofóbica, capaz de hacer una guerra para mantener intactos sus privilegios y que nada cambie. Tanto, que le importa un carajo cuántos niños mueren a diario de enfermedades prevenibles, o se van a la cama sin comer, o deambulan por las calles, teniendo solo como refugio un trozo de cartón en el pavimento.
Por eso, da risa y rabia escuchar a la “gente de bien” asegurar sin sonrojarse, sin que le mueva un solo cabello, que el país está jodido por las marchas, por el taponamiento de las carreteras y la casi paralización de la economía. Y da risa y rabia porque si un extranjero, ajeno a nuestra realidad, los escuchara, no hay duda de que pensaría que antes del estallido social y las multitudinarias marchas que se tomaron a las ciudades, Colombia era la representación gráfica de Suecia, o Dinamarca, o Finlandia, o Escandinava, países considerados por la oenegé Transparencia Internacional, entre 180, los mejores en el manejo de los dineros públicos, y no la legendaria Cueva de Alí Babá que hizo popularmente famosa Pablo Escobar con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez.
En el índice global de corrupción, América Latina es la segunda zona más podrido del planeta, después de la región subsahariana en África. Colombia, por su parte, ocupa el quinto lugar de los países más corruptos de Latinoamérica, según el último informe de Percepción de Corrupción de la oenegé con sede en Alemania. Solo en 327 casos de corrupción, el país perdió el año pasado 17 billones de pesos, una suma astronómica con la que no solo se habría podido alimentado a 10 millones de niños pobres, sino que se habría construido y dotado también a dos hospitales de alta complejidad en departamentos tan abandonados por la mano del Estado como los son La Guajira y Chocó.
Da grima, rabia e impotencia que ante la pobreza, las protestas y la desesperanza de millones de colombianos que se van a la cama sin comer, el gobierno negligente que nos preside se invente una reforma tributaria. Pero da muchas más rabia y desasosiego que, ante las protestas por la desacertada medida, la respuesta de Iván Duque y sus ministros haya sido la de echarle bala a los jóvenes, profesores y amas de casa que manifiestan su inconformismo en las calles. El resultado de los disparos ha dejado hasta hoy 68 muertos, según datos publicados por Human Rights Watch para América Latina, más de un centenar de desaparecidos, 1181 casos de abuso policial, 16 de abuso sexual por uniformados en servicio, más de 2000 heridos y 65 perdieron un ojo por los disparos con armas no letales utilizadas por el ESMAD y los golpes violentos lanzados por los agentes contras los ciudadanos en estado de indefensión.
El asunto es grave. Se podría decir que gravísimo. Tanto así que ante estos hechos, algunos medios de comunicación internacionales como The New York Times y BBC Mundo han dejado enlaces en sus sitios web para que los colombianos puedan reportar a través de videos la violencia policial desatada en las grandes y pequeños ciudades del país. A pesar de la abundante evidencia gráfica y fílmica que navega por las redes, Iván Duque ha afirmado insistentemente que “en Colombia la Policía no viola los DD.HH.”, y que los videos e imágenes que circulan a través de portales de dudosa reputación hacen parte de una campaña promovida desde este exterior que busca desprestigiar a su gobierno. Sin embargo, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, cuya entidad tiene status consultivo ante Naciones Unidas, desmiente en una entrevista para El Espectador lo expresado por Duque, pues “el decreto presidencial por el cual se ordenó la militarización de una parte del país, viola la Carta Política debido a que contempla la acción armada del Ejército en contra de la ciudadanía (…), dándoles a los manifestantes tratamiento de combatientes”. Es decir, los pone en la misma categoría de guerrilleros armados.
