El 27 de abril, un día antes de lo que sería el inicio del estallido popular más importante de los últimos tiempos en Colombia, envíe un par de preguntas a la embajada de Colombia en Suecia sobre los procesos de adopciones. Las denuncias sobre irregularidades en la industria de la adopción demostradas en la investigación estatal de Países Bajos siguen siendo devastadoras y han logrado alertar a otros países sobre el tráfico de menores.
Han transcurrido 50 días sin recibir respuesta alguna de la embajada. La semana inicia con un recordatorio al correo institucional de esta entidad, aderezado con un par de llamadas al día sin lograr mucho éxito. Sin embargo, conocemos la posición institucional desde el ICBF publicada en el periódico El Tiempo del 10 de febrero 2021, en el que se afirma: «El Programa de Adopción de Colombia ha sido reconocido internacionalmente como un esquema riguroso que brinda toda la seguridad jurídica a quienes participan en él. Inclusive, recientemente el país fue invitado a participar en la realización de la Guía de Buenas Prácticas en el Comité de La Haya».
Si esta afirmación es correcta, ¿por qué son miles los casos de niños y niñas de Colombia como las hermanas Rosalba y Blanca Ortiz, raptadas en el Cauca y legalizadas por el Estado para ser finalmente entregadas en adopción en Europa, en particular a Suecia? ¿Por qué las fallas de esa seguridad jurídica no motivan una exhaustiva de investigación de los procesos de adopción de los últimos 50 años, en lugar de fijar trincheras de su defensa? ¿Por qué no pensar en detener el sufrimiento de miles de familias en Colombia y el sufrimiento de víctimas de secuestro que siguen pensando que fueron abandonados por sus madres y padres?
En 2019 conocí en el centro de Estocolmo a algunos y algunas activistas de la organización Chileadoption fundada en 2018 en Suecia, pero que inicia mucho tiempo antes como una pequeña red de adoptades. Esta organización ha sido el principal referente social de documentación, denuncia y reencuentro de familias víctimas de los casos de adopción ilegal en Chile. Al tiempo que esta organización se fundaba en Suecia, madres chilenas víctimas de este crimen contra los derechos humanos obligaron al Estado chileno a desarrollar una investigación que dejó un estimado de casos de entre 20 000 a 30 000 personas. Estamos hablando de infantes despojados a sus familias en Chile de manera ilegal, raptados y repartido por el mundo como cualquier vulgar producto de exportación. Durante años Chile ha sido el referente de producción y consumo neoliberal para Colombia, pero la lucha contra el silencio, la injusticia y por la dignidad nos ha colocado en clave de resistencias y solidaridades.
A diferencia de Colombia, desde 2018 en Chile existe una comisión de investigación de estos casos en el Congreso. Esta comisión es liderada por el diputado Boris Barrera del Partido Comunista de Chile, quien afirma que los perfiles de las madres víctimas eran pobres que no tenían la capacidad de reclamar o de demandar. El perfilamiento de la víctima es la misma de la madre de las hermanas Ortiz en San Lorenzo, Cauca. Cada historia que escucho me va acercando cada vez más a las manos indignadas dispuestas a quemarlo todo, como ha ocurrido en las calles de Chile o Colombia.
Volviendo a Suecia, en las últimas semanas se ha intensificado la publicación sobre la tenebrosa industria de la adopción en Suecia. Chile como epicentro de lo que da señales de un fenómeno global. La prensa escrita, documentales en radio y televisión sobre los stulna barnen (niños robados en sueco) han descrito lo que sería una de las mayores victorias en la lucha por la verdad, la justicia y contra el silencio de personas víctimas de secuestros y lavadas bajo el mantel de la adopción. El 15 de junio el parlamento de Suecia, aproximadamente a las 13:15, aprobó una comisión para investigar los casos de corrupción en las actividades de adopción internacional, basado en el modelo de la investigación de los Países Bajos.
El Gobierno sueco debe investigar inmediatamente cómo la institución sueca y las organizaciones de adopción, entre otras el centro de adopción Adoptioncentrum, han manejado las adopciones internacionales hacia Suecia, desde Chile y otros países, desde 1950 hasta la fecha.
“Llegar a ser padres adoptivos era la mayor alegría en la vida de mis padres, pero ser raptada de Corea fue lo peor en mi vida”, dice con su voz entrecortada Heo en el radio documental del 16 de mayo llamado “Adoptada y anti-industria de la adopción”. Los 31 minutos de la historia de Heo me recuerdan que esta historia tendría como personaje central a mi amiga Maria Svensson, nacida en Cajibío, Cauca. pero Levanto el teléfono nuevamente y llamo a la embajada. Nadie responde al otro lado. Su historia y la de sus hermanos merece una respuesta de los representantes del Estado colombiano en Suecia. Voy secándome los ojos, templando el corazón y mirando el calendario para apartar la cita con el fin del silencio.
La carrera contra reloj de madres y padres es desesperante. Están muriendo sin saber que sus hijas e hijos siguen vivos en alguna parte del mundo. Están muriendo sin poder tener por lo menos la posibilidad del reencuentro como el de Rosa Ortiz con sus hijas, aunque solo fuera un año antes de morir en un quirófano. Esto tiene que parar, estoy tiene que avanzar.
¡La embajada nos espera!
