En esta segunda entrega del reportaje sobre trabajo sexual nos acercaremos a la lucha que libran las trabajadoras sexuales, sobre todo en España, para acceder a derechos fundamentales tanto como trabajadoras como ciudadanas. Para ello nos acercaremos a organizaciones y colectivos de trabajadores del sexo que llevan décadas librando una batalla ya no sólo contra las instituciones que les dejan al margen del sistema de protección social sino contra los sectores de la población que les estigmatizan e impiden activamente que puedan tener acceso a derechos esenciales como el trabajo, la vivienda o la salud.
Como explicamos en la pasada entrega de este reportaje en tres actos, el feminismo institucionalizado ha sido uno de esos sectores que, a partir de la malintencionada equiparación entre trabajo sexual y trata con fines de explotación sexual, ha venido acosando y señalando de “proxenetas” a los colectivos de trabajadores sexuales que defiende su derecho a acceder a los mismos derechos laborales que cualquier trabajador formal. Según el feminismo abolicionista, que hoy tiene a su cargo la cartera de Igualdad dentro del Gobierno de Pedro Sánchez, el trabajo sexual no es trabajo, sino que las mujeres que ejercen la prostitución, independientemente de si lo hacen por decisión propia o no, son víctimas de trata y por tanto la única solución posible es abolir la prostitución.
Pero dejemos que sean las propias trabajadoras sexuales las que nos cuenten por qué luchan y por qué piden derechos para seguir ejerciendo el trabajo sexual.
De la “prostitución” al concepto de “trabajo sexual”
Aunque la prostitución o el intercambio de servicios sexuales por dinero o bienes entre personas adultas es un oficio tan viejo como la misma humanidad, el concepto “prostitución”, utilizado en las convenciones internacionales, en los medios de comunicación y, por supuesto, en los debates feministas contemporáneos tiene apenas dos siglos, según lo explica la investigadora Laura Agustín en su libro La Industria del sexo, los migrantes y la familia europea (2005). El mercado sexual ha existido en todas las civilizaciones, en algunas con más restricciones que en otras y con fines muy distintos, pero solo es hasta la aparición del concepto de “prostitución”, que proviene del término latino prostituere, que significa literalmente exhibir para la venta, que comienza a enfocarse la atención en una de las dos partes de la transacción sexual, lo que ha terminado por convertir a las llamadas prostitutas (así, en femenino) en el objeto principal de observación y análisis hacia este mercado.
Si a esto le sumamos la imposición de un modelo sexual heteronormativo, es decir, un modelo en el que se asumen como “normales” o “naturales” únicamente las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, vemos cómo se ha perpetuado hasta ahora, tal como lo afirma Agustín, “el supuesto clásico de mujer-sexoservidora/hombre cliente”, aunque la experiencia demuestre que los intercambios sexuales son de todo tipo y se producen indistintamente entre hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales y personas transgénero. Por último, y no menos importante, hemos de señalar que la moral de cada sociedad ha terminado por delimitar la idea de la prostitución, entendiendo este concepto como parte de las conductas sexuales reprochables, con lo que según qué actividades, manifestaciones o actitudes sexuales (no siempre mediadas por una transacción económica) pueden ser consideradas delictivas en unas sociedades y en otras no.
Partiendo de esta base, es comprensible que los colectivos de personas dedicadas al intercambio de servicios sexuales por dinero hayan decidido centrar su lucha en el concepto de “trabajo sexual” en lugar del de prostitución (aunque sin tener ningún problema en usar el término), y es desde allí que el activismo de las y los trabajadores del sector del sexo (prostitutes, operadores de líneas eróticas, actores y actrices porno, dominatrices profesionales, etc.) busca que se les reconozca internacionalmente. El trabajo que al respecto han venido haciendo desde hace más de dos décadas organizaciones como Hetaira y Aprosex de España y la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) empieza a dar sus frutos y son cada vez más las organizaciones, colectivos y medios de comunicación alternativos que hablan y reivindican el trabajo sexual.
El reconocimiento hoy de la condición de trabajadores y trabajadoras sexuales en los países en los que la prostitución y la industria del sexo están permitidas se logró en parte a lo conseguido por las trabajadoras sexuales que, en pleno centro de Lyon, en Francia, ocuparon la iglesia de Saint-Nizier, en la mañana del lunes 2 de junio de 1975, para protestar por las penas de prisión a las que habían sido condenadas unas diez de ellas unos pocos días antes, por supuesta reincidencia en el controversial delito de “captación activa de clientes”. “Esa protesta rechazaba la persecución policial, las leyes represivas y los cánones morales que criminalizaban a las trabajadoras sexuales haciéndolas responsables de una ‘actitud dirigida a provocar el libertinaje”’, afirman las activistas de AMMAR Córdoba.
A pesar de que el encierro sólo duró ocho días por el desalojo violento que sufrieron por parte de la policía francesa, la protesta logró visibilizar a nivel internacional la lucha de las prostitutas por sus derechos laborales en una doble condición reivindicativa: la de mujeres y la de trabajadoras, que hasta ese momento no era reconocida por nadie. Sobre este hecho, convertido en un hito por el activismo de los y las trabajadores sexuales, dice AMMAR: “Éste ha sido uno de los primeros hechos históricos en que las trabajadoras sexuales se atrevieron a discutir los criterios morales dominantes y a luchar contra su estigmatización, a hacer oír su propia voz y a hacer conocer su propia mirada respecto de sus condiciones de vida y, fundamentalmente, a luchar por sus derechos humanos y laborales.”
Hablar de trabajo sexual en lugar de hablar de prostitución permite, de una parte, transformar el sentido peyorativo y estigmatizante de la noción de prostitución, asumido durante siglos como una lacra social y que ha culpabilizado y señalado especialmente a las mujeres, y de otra parte, hablar de trabajadores del sexo nos permite entender que hay un mercado del sexo, amplio y diverso, en el que trabajan millones de personas, que merecen ser reconocidas y cuya lucha sindical y por sus derechos no puede ser tratada de forma distinta a otras luchas laborales.
La lucha puteril y su aporte a las luchas feministas no hegemónicas
En las trabajadoras sexuales interseccionan muchos de los ejes de opresión que recaen sobre las mujeres en el mundo patriarcal en el que vivimos. Si la condición misma de ser mujer te pone en un lugar de inferioridad en relación a los hombres, la condición de trabajadora sexual hace que recaiga sobre ti no sólo el estigma moral derivado de usar tu sexualidad para trabajar, sino el ser señalado como sospechosa de pertenecer a círculos delincuenciales, de no ser reconocida como trabajadora y de ser victimizada e infantilizada. Saisei Chan, trabajadora sexual española y activista afirma al respecto: “Cargamos encima el estigma fomentado desde las instituciones y los medios de comunicación de que somos un grupo de riesgo o un grupo ligado al mundo del crimen. A través de este estigma se desautorizan nuestras decisiones, se nos infantiliza y se nos deshumaniza.”
Como vimos en la primera entrega de este reportaje, cuando el feminismo institucional y el Estado vinculan interesadamente el trabajo sexual con la trata de mujeres despojan a las trabajadoras sexuales de su capacidad de decidir sobre sus propias vidas, las convierten en víctimas y desde allí no solo les impiden acceder a derechos laborales esenciales, sino que fomentan una industria del “rescate” del que se lucran ongs, feministas, instituciones de caridad, etc. Recientemente conocimos el caso de las denuncias presentadas por antiguas trabajadoras de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), una ONG perteneciente a la industria del rescate en España, que señalan que dicha asociación se ha dedicado a explotar laboralmente a las mujeres víctimas de redes de trata que tiene bajo su cargo, además de mantenerlas incomunicadas y con restricción al acceso a la comida, la privacidad y la comunicación con sus familiares. (Ver “La vida (restringida) en pisos tutelados para las mujeres liberadas de explotación sexual” en El Confidencial. 21/05/2021)
José López Riopedre en su artículo “La criminalización de la industria del sexo, una apuesta políticamente correcta” explica muy bien lo conveniente que ha resultado el discurso abolicionista en Europa para, de una parte, camuflar el racismo que desata la presencia masiva de inmigración de las excolonias europeas, en los años 90, permitiendo la criminalización de dicha población a través de la confusión interesada entre trata y prostitución, y de otra parte ha permitido ampliar el ámbito de intervención y control sobre los ciudadanos, dirigiendo conductas y conduciendo sexualidades (en el mismo sentido en que Foucault habla de la biopolítica y del control estatal e institucional de las sexualidades). Dice Riopedre: “El “eje del mal” del siglo XXI se ha edificado así en torno a una curiosa amalgama de sujetos infames: maltratadores, pederastas, clientes de servicios sexuales, facilitadores, voyeurs, exhibicionistas, dueños de negocios de alterne, arrendadores y arrendatarios de locales de perdición e intermediarios de toda guisa. Son los auténticos monstruos del presente, neo-terroristas de Estado que concentran todas las energías de los nuevos combatientes de la cruzada moral post-moderna. La necesaria y perentoria expiación de sus crímenes aflora durante todo el proceso discursivo donde los estereotipos del tráfico, la deuda y la explotación sexual salen continuamente reforzados gracias a la acción multiplicadora de los medios de comunicación social.”
Frente a esta realidad, las trabajadoras sexuales (y trabajadores) de todo el mundo se han venido organizando para romper con el discurso hegemónico del feminismo abolicionista institucionalizado, el estigma social que recae sobre ellas (y ellos), a cuenta de los medios de comunicación y los sectores reaccionarios, y para exigir ser tratados como trabajadores, con los mismos derechos que goza cualquiera de ellos. Kenia García, trabajadora sexual paraguaya perteneciente al Colectivo de Prostitutas de Sevilla, que surge en 2017, lo explica así: “Trabajamos desde el Colectivo para visibilizar la violencia que sufrimos y reivindicar derechos. Buscamos hacer incidencia política y al mismo tiempo intentamos concienciar a las compañeras para que se reconozcan como sujetos activos de derecho porque debido al discurso que impera muchas de nuestras compañeras tienen el estigma interiorizado y no se reconocen como merecedoras de derecho y reclamar y reivindicar lo que les corresponde. Las trabajadoras sexuales somos personas que como cualquiera buscamos ganarnos la vida. Para nosotras la prostitución es una estrategia de supervivencia, una manera más de salir adelante.”
El llamado “feminismo puta”, que es el nombre con el que las trabajadoras sexuales feministas reivindican su lucha y le dan una vuelta de tuerca a la vilipendiada y estigmatizada palabra “puta” (sinónimo de prostituta), apropiándosela como bandera de lucha, es sin lugar a dudas una de las vertientes no hegemónicas del feminismo más interesantes y complejas hoy en día. Desde el Sur hasta el Norte global, las “luchas puteriles”, cuya voz se ha ampliado y expandido gracias a internet, han logrado romper con los escenarios victimistas construidos para las trabajadoras sexuales por parte del feminismo abolicionista y posicionarse como las únicas voces autorizadas para hablar de sí mismas.
La Asociación feminista de trabajadoras sexuales (Afemtras), que se dio a conocer en 2015 en España a raíz de sus denuncias sobre los alcances de la llamada ley mordaza sobre las trabajadoras sexuales, viene realizando acciones de lucha enfocadas tanto a influir políticamente ante el Estado que crea las leyes que las criminalizan, como a sensibilizar y empoderar a las trabajadoras sexuales, tal como lo explica Ninfa, trabajadora sexual trans, migrante y activista de este colectivo: “enseñamos a las compañeras muchas cosas que tienen que ver no solo con cobrar, sino con el autocuidado y el amor propio. El trabajo en sí no es el problema, sino que el problema está en las condiciones en que trabajamos, en la falta de derechos y en el estigma desde el que se nos considera “malas mujeres”, que se traduce en malas madres, malas hijas, malas hermanas, etc. Nos orillan a un estado de indefensión por ser mujeres que usamos nuestra sexualidad para llevarnos un pan a la boca.”
El feminismo puta y la pedagogía (casi infinita) de las trabajadoras sexuales activistas nos ha permitido a muchas feministas no solo poder romper con esa asimilación tendenciosa entre trata y trabajo sexual sino ampliar nuestros horizontes de análisis con respecto a los alcances del patriarcado en relación al uso de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. No es posible reivindicar el derecho sobre una misma si se niega de entrada, como lo hace el feminismo abolicionista, la posibilidad de usar nuestra sexualidad para nuestro beneficio. Ninfa lo explica con su propio caso: “El único problema que yo he tenido con el sexo es que no sabía cobrar por él. A mí me habían enseñado que el sexo se da con amor, el patriarcado nos enseña que el sexo está destinado al amor y la religión directamente nos enseña que es para la procreación.”
La pandemia: la evidencia de la vulnerabilidad de las TS y al mismo tiempo de su fortaleza colectiva
La situación de las trabajadoras sexuales en España durante el confinamiento al que nos obligó la pandemia de Covid19, que se postergó desde marzo de 2020 hasta junio de ese año, puso en evidencia las difíciles condiciones para su supervivencia que enfrentan las trabajadoras sexuales debido, precisamente, a su imposibilidad de acceder a derechos esenciales, como el resto de ciudadanos. “Con el confinamiento nosotras dejamos de percibir ingresos. La mayoría de las personas que ejercemos este trabajo nos quedamos sin poder cubrir necesidades básicas. Como no estamos reconocidas como trabajadoras no podemos exigir derechos, aspirar a ayudas, acceder a ayudas para el alquiler. La situación es dramática porque no tenemos nómina, no tenemos paro, no tenemos bajas. Y para las que están en situación administrativa irregular se agudiza aún más la desesperación porque no tienen ni siquiera tarjeta sanitaria. Muchas son madres solteras con toda su familia a cargo aquí en España y en sus países. Además, como madres solteras no pueden llamar a servicios sociales porque ven peligrar la guardia y custodia de sus hijos. Todos sabemos que la mujer que ejerce la prostitución y la mujer migrante esta cuestionada como madre.” Dice Kenia García, que además de activista por los derechos de las TS es una de las voceras de la campaña #RegularizaciónYa que pide la regularización de las personas inmigrantes que están en situación administrativa irregular en España.
Frente a la imposibilidad de acceder durante el confinamiento a ayudas estatales, al ingreso mínimo vital (porque solo tienen derecho a él si han sido víctimas de trata), y sin poder trabajar, fueron muchas las trabajadoras sexuales que se vieron en una situación desesperada que sólo pudieron superar gracias a las cajas de resistencia y los bancos de alimentos que se crearon en el seno de las asociaciones y colectivos de TS y que fueron apoyadas por las personas aliadas a su causa. Esta situación demostró, una vez más, que el Estado en lugar de invertir cifras millonarias en la industria del “rescate de putas” debería permitir que las trabajadoras sexuales pudieran acceder, en igualdad de condiciones, a los derechos que disfrutan el resto de ciudadanos. Eso incluye, por supuesto, acabar con la ley de extranjería que obliga a las personas migrantes que no tienen posibilidad de regularizar su situación administrativa a trabajar en condiciones clandestinas y de casi esclavitud en oficios como la prostitución y el trabajo del hogar y los cuidados. Como afirma Ninfa: “Ejercer el trabajo sexual sin papeles en España te lleva a trabajar en la clandestinidad para evitar terminar en un CIE. Tener papeles te permite tener salud, derechos y optar por otros trabajos si eso es lo que queremos.”
A pesar de que sus energías en el último año han estado concentradas en ayudar a las más vulnerables y a sus familias, la lucha puteril no para y menos ahora que se vienen reformas gubernamentales que pretenden ahogarlas, y de la cuales hablaremos con detalle en la última entrega de este reportaje. Mientras eso ocurre, la agenda de todos los colectivos de trabajadores sexuales en España (Afemtras, Hetaira, Sindicato Otras, Colectivo de prostitutas de Sevilla, Nomadas, Aprosex, etc.) sigue centrada en sus reivindicaciones esenciales: protección y derechos para las víctimas de trata, alternativas económicas realistas para las que quieran dejar el trabajo sexual y derechos laborales para las que lo quieran ejercer. En palabras de Saisei Chan: “Para todas pedimos respeto y que acabe el estigma institucional y social”.
