El Chile actual es el de las aguas revueltas, esas que solo quedan cuando la intemperancia de las contiendas electorales se apacigua. Previo a la primera vuelta presidencial y analizando los programas de los más opcionados al sillón de La Moneda, un popular periodista señaló que el programa de José Antonio Kast lo había redactado un escolar. Las propuestas de solución para la sociedad chilena del líder del Frente Social Cristiano destilan nacionalismo barato, autoritarismo e intolerancia.
No podría de ser de otra manera. Su discurso, el mismo que replican sus fanáticos seguidores, es el de un populista de derecha que estigmatiza a las diversidades, los migrantes y las mujeres; pone en entredicho el cambio climático y la protección de los derechos humanos.
Mientras que en España Santiago Abascal, líder de Vox, plantea el fin de las autonomías bajo la supuesta destrucción de la unidad territorial, el señor Kast -su replica en Chile- promete a los terratenientes del sur del país una paz social basada en control territorial de la regiones ancestrales del pueblo mapuche, mediante la militarización y la fuerza. La consigna de la unidad nacional y la integridad de la patria es seguida por individuos que no guardan repararos a la hora de justificar las torturas, los asesinatos y las desapariciones ocurridos durante la dictadura terrorista de Augusto Pinochet.
Las coincidencias con la retórica de Vox no son nuevas, ni menores en Chile. La mejor prueba es la cruzada que adelantó hace un par de años Marcela Aranda directora del Observatorio Legislativo Cristiano, al instalar frente a la sede de Gobierno el llamado «Bus de la Libertad”, una acción propagandística de odio en contra de la comunidad LGBTIQ+.
El sector de ultraderecha que se apresta a participar de la segunda vuelta presidencial en Chile y con opciones de ganar hace eco de la retórica neocolonizadora incubada en Vox. El objetivo final de la ultraderecha chilena es el de dinamitar los puentes levantados durante la transición política y atacar los cimientos mismos de la democracia.
Al analizar las premisas de la “Carta de Madrid” o las “100 medidas para la España Viva” se encuentra una identidad con el programa “Para Volver a Creer” que hoy día alinea el conjunto de las fuerzas políticas de la derecha chilena.
Como ya lo señalara Alain Touraine, el avance de los nacionalismos, la intolerancia y el racismo que han crecido de manera exponencial, son la amenaza real y tangible para las sociedades occidentales. El cuadro en mención lo completan fundaciones chilenas como Libertad y Desarrollo, que han hecho eco de las consignas anti inmigración surgidas de los neofranquistas de Vox.
El planteamiento de los autodenominados “republicanos” gravita alrededor de la salvaguarda de las tradiciones, el valor moral de la familia y la protección de la propiedad, como órdenes estructurantes de la nación. Su idea de país es la de normalizar un principio según el cual sólo los que apoyen el modelo de la sociedad hetero patriarcal son merecedores de la protección estatal, el resto no.
Su caballito de batalla continúa siendo el de la eficiencia, la misma que no han podido demostrar desde que los militares montaran el modelo neoliberal. Es una operación de asepsia-antisepsia imitando a sus pares de Vox en España (iberoesfera) prometiendo la eliminación de ministerios, la derogación de leyes y una alianza internacional para perseguir y enjuiciar a los “radicales de izquierda”. Son proyectos fascistas, terroristas, que recuerdan a los ejecutados por la Alianza Anticomunista Argentina (Tripla A) o el de la Liga Mundial por la Libertad y la Democracia en Corea del Sur.
Resulta paradójico que quienes históricamente se han mostrado partidarios del secuestro permanente, la desaparición, los fusilamientos y la tortura hoy salgan con el cuento de que la democracia occidental está secuestrada por las organizaciones sociales y las izquierdas.
En 2013 un estudio sobre educación cívica y ciudadana realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA) preguntó a estudiantes de octavo básico, con una edad promedio de 12 años, si estarían de acuerdo con un Estado dictatorial si este conllevara orden y seguridad. El 57% de los niños chilenos respondieron afirmativamente. La aritmética básica nos dice que quienes contestaron a la pregunta hoy son mayores de edad. ¿Son estos nuevos ciudadanos los que siguen las delirantes ocurrencias de Kast en Chile? ¿Están dispuestos a dejarse colonizar por la retratada idea de la Iberoesfera, planteada por Abascal?