En octubre de 2020, las mujeres en Polonia conformaron el movimiento social más importante desde la caída del régimen comunista en 1989. Decenas de miles de activistas salieron a las calles para impedir que el Estado polonés, y la Iglesia católica, se fueran lanza en ristre contra los derechos de las mujeres. El detonante fue un fallo del Tribunal Constitucional de ese país que restringía al máximo la interrupción del embarazo. La organización feminista Strajk Kobiet (Huelga Nacional de Mujeres) fue la organización que lideró las protestas contra el veto al aborto bajo el lema: “Mi cuerpo, mi elección”.
Sin embargo, el partido gubernamental polaco, Ley y Justicia, no solo ha pretendido ilegalizar el aborto, también ha querido restringir los derechos de la comunidad LGBTIQ+, la lucha contra la violencia de género y la eutanasia.
De hecho, en julio de 2020, el ministro de Justicia de ese país, Zbigniew Ziobro, anunció que Polonia se retiraría del Convenio de Estambul –un histórico acuerdo para prevenir la violencia contra las mujeres– por considerar que promovía la “ideología de género”.
La “ideología de género” se ha vuelto el nuevo caballo de batalla de la extrema derecha transnacional y, quizás, el más efectivo. El 2 de octubre de 2016, muchas personas en Colombia quedamos sorprendidas con los resultados del plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc: casi 7 millones de personas votaron en contra del Acuerdo Final y, por una diferencia de casi 54.000 votos, ganó el No. Fue un día particularmente doloroso para las víctimas que creían que el país había decidido dejar atrás la guerra.
Gran parte de la campaña del No se basó en afirmar que el enfoque de género en el Acuerdo de Paz era una versión “encriptada” de la “ideología de género”; que el acuerdo buscaba destruir el “concepto de familia” y que el enfoque de género buscaba “homosexualizar” a los niños y a las niñas.
En efecto, el plebiscito fue precedido por el escándalo de las “cartillas homosexualizadoras” del Ministerio de Educación. En 2014, Sergio Urrego, un estudiante de 16 años, se suicidó debido a la discriminación sufrida en su colegio por su orientación sexual. En 2015, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación revisar los manuales de convivencia de los colegios para que casos como el de Urrego no se repitieran. A partir de ahí se generó una campaña de desinformación masiva que llevó a la renuncia de Gina Parody, la ministra de Educación de ese entonces.
Algo parecido sucedió en Brasil dos años después, durante la campaña electoral del 2018. El actual presidente, Jair Bolsonaro, ganó las elecciones, en parte, gracias a un arsenal de mentiras difundidas por WhatsApp, entre ellas la que afirmaba que su opositor, Fernando Haddad, siendo ministro de Educación del gobierno Lula, había creado un “kit gay” para los niños y niñas de 6 años. Este “kit” era en realidad un programa educativo llamado Escuela sin homofobia.
De igual manera en Perú, a raíz de la implementación del enfoque de género en la educación a través del Currículo Nacional de Educación Básica en 2017, la ministra de Educación, Marilú Martens, tuvo que salir a desmentir que se estaba buscando desestabilizar la familia heteroparental afirmando que: “El currículo nacional no promueve ideología de género ni homosexualidad”.
Las campañas políticas de la extrema derecha están socavando principalmente los derechos de las mujeres y las legislaciones que protegen a las minorías sexuales. No es extraño entonces que, ante el avance de la “Marea Verde” –como se conocen las luchas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina–, la extrema derecha haya contraatacado.
Algo que no ha sido resaltado lo suficiente es que, en materia de legislación antiabortista, hay un claro sesgo de clase y de raza. Según una investigación de la campaña ciudadana 14 por Colombia, las más afectadas son las mujeres más pobres y las que viven en zonas rurales, puesto que no tienen acceso a salud reproductiva y tienen más dificultades para acceder a métodos anticonceptivos. Son ellas, además, según datos de la Fiscalía mencionados en la misma investigación, las más criminalizadas. En Bogotá, los estratos 2 y 3 concentran la mayor cantidad de abortos. Lo mismo sucede con las personas trans masculinas, no binarias y demás personas gestantes que viven en zonas rurales, quienes además enfrentan obstáculos adicionales como la falta de información sobre sus experiencias.
En este sentido, las extremas derechas en la región están librando una guerra contra las mujeres pobres y racializadas. Los mal llamados “próvida” o “antiderechos” están agudizando la lucha de clases y condenando a las mujeres y a las minorías sexuales a vivir en la pobreza.
