Detrás de cada gran fortuna hay un crimen, escribió en una oportunidad el inagotable e imaginativo Honoré de Balzac. Esta sentencia, por supuesto, le cae como anillo al dedo a los clanes familiares convertidos hoy en imperios políticos y económicos en Colombia, mafias que, como las que conforman ese thriller novelístico de El Padrino, hacen todo lo que esté a su alcance para mantener intactos sus privilegios. No solo ostentan el poder para poner en altos cargos públicos a familiares, amigos y cercanos (como los gánsteres de Puzo). No solo se dan el lujo de ningunear a la justicia, haciendo que las denuncias contra ellos lleguen a los despachos de los jueces amigos (como los hacen los Corleone). No solo compran al que tengan que comprar y callar a todos aquellos que les estorba, sino que también (como los gánsteres de Puzo) buscan que sus descendientes lleguen a ser alcaldes, gobernadores, senadores, jueces, fiscales y hasta presidentes de la República.
Hace unos meses, la periodista María Jimena Duzán se preguntaba en uno de sus programas de televisión “por qué no prosperaban las investigaciones contra Alex Char”, el muñequito de la gorra de beisbolista que fungió en dos oportunidades como burgomaestre de Barranquilla, que pone gobernadores en el Atlántico y alcaldes en distintos municipios del departamento y que hoy tiene la intención de llegar a la primera magistratura del país. La respuesta es sencilla, pero tiene mucho más de fondo que de forma, ya que las estructuras en las que descansan la justicia en Colombia están permeadas por los mismos vicios que soportan a los clanes mafiosos.
Empecemos por el principio.
De los Char (dueños del conglomerado de Supertiendas Olímpicas, del club deportivo Junior Fútbol Club S. A., de las emisoras que llevan el nombre de sus almacenes, de un gran número de medios de comunicación y otros negocios de alta rentabilidad) se dice en las calles de la ciudad muchas cosas: que la muerte de la periodista Lola Salcedo, por ejemplo, se debió a sus denuncias contra el clan (como lo sugirió la periodista Eva Durán en un artículo para la Nueva Prensa), que la inesperada muerte de la asesora de la Procuraduría Provincial de Barraquilla, María Isabel Llach Barros, se presentó, curiosamente, cuando tenía en sus manos una investigación sobre Alex Char por el tema del POT y la Isla de la Loma, que el exalcalde pagó, con los dineros de los contribuyentes, más de 30 mil millones de pesos a los afectados por el desplome de sus viviendas en Campo Alegre después de que justicia fallara una tutela a favor de las 400 familias afectadas, a pesar de que el conjunto residencial había sido construido por él y su constructora.
La respuesta, como dije arriba, tiene más de fondo que de forma. María Jimena Duzán, en el programa en mención, da algunas pistas: el clan montó Procuradora General de la Nación, Registrador General de Nación, senadores y, por lo tanto, están detrás de los muchísimos empleos, a dedo, que producen estos organismos estatales. No es, pues, fortuito que los 81 procesos que cursan en contra de Alex Char (17 en la Procuraduría, 9 en la Contraloría y 55 en la Fiscalía) se encuentren apenas en etapa preliminar. Que las investigaciones hayan avanzado solo un centímetro después de varios años, es apenas una muestra del poder que ostenta el clan y qué tan profundo son sus tentáculos en los organismos de control encargados de investigar e impartir justicia.
En el mismo programa, Duzán ventiló las declaraciones hechas por el ganadero y contratista distrital Luis Enrique Guzmán Cham, quien denunció ante la Fiscalía y Procuraduría al exalcalde y a Margarita Cabello (hoy procuradora) por el pago de dos mil millones de pesos en coima que solicitó Alejandro Char por el contrato de un tanque que buscaba surtir de agua potable a la ciudad, pero que terminó convertido en un enorme “elefante blanco”, como suele llamársele a las obras públicas inconclusas en las que se han invertido grandes recursos económicos de la Nación, pero que después de muchos años de iniciadas no han sido concluidas. Según Guzmán Cham, sus denuncias, sumamente graves, estaban más relacionadas con las amenazas de muerte que había recibido por parte del poderoso clan barranquillero que por los dos mil millones de pesos entregados a través de dos de los asesores del entonces alcalde de Barranquilla: Héctor Amarís y Jorge Padilla.
Para explicar entonces las razones por las que Alejandro Char no ha sido investigado a pesar de las numerosas denuncias en su contra, hay que poner el foco no solo en el poder económico que representa el clan, sino también en cómo su fortuna (producto del narcotráfico y su cercanía con Pablo Escobar, según un relato de Alberto Júbiz Hazbún) ha servido para llevar a cargos de gran importancia nacional a personajes como a la Procuradora General de la Nación (quien no ha movido, ni moverá, un solo dedo para investigar a un miembro del clan “intocable”) y el Registrador Nacional del Estado Civil, a quien le ha importado muy poco las denuncias hechas por la excongresista Aída Merlano en su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, donde ha explicado cómo Arturo Char, expresidente del Senado, y Alejandro, precandidato presidencial, invirtieron miles de millones de pesos en comprar votos para ellos y sus cercanos.
La respuesta del clan Char y sus políticos beneficiarios ante las declaraciones de la excongresista Aída Merlano es que está loca, es prófuga de la justicia y, por lo tanto, no hay creerle nada de lo que salga de su boca.
