Dudo de que existan los delitos morales o éticos, pero de lo que no podemos dudar es que todo acto que se aleja de los límites de la ley entra en el terreno de lo inaceptable. Un hecho se constituye en delito cuando atraviesa esa línea que delimita las normas. No cumplir un acuerdo, o una promesa, no entra necesariamente en el abanico de delitos, al menos que este se haya acordado ante una instancia judicial superior como, por ejemplo, un juez. Que Iván Duque no esté cumpliendo con lo acordado en el proceso de paz de La Habana no lo convierte en un delincuente, pero sí en un enemigo del proceso, aunque él y su partido lo nieguen. No entender que ese acuerdo no fue entre Timochenko y Santos, sino entre el Estado colombiano y una guerrilla levantada en armas, es ponerlo a nivel de dos pandillas de barrio. No entender que en ese proceso intervinieron organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y organizaciones de DD.HH. de todo el planeta, es no tener clara la apuesta política de los acompañantes del proceso por preservar la vida de miles de colombianos silenciando los fusiles.
La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue el resultado de un acuerdo programático no sólo entre Colombia y la guerrilla de las Farc, sino entre el Estado colombiano y el resto de países que participaron de la construcción de este proyecto. Cuando los enemigos del proceso aseguraron que la creación del nuevo tribunal tenía como objetivo la impunidad de los jefes guerrilleros, empezó la construcción de ese edificio de mentiras que terminó con el triunfo pírrico del “No” en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Contrario a la “propaganda negra” desplegada por el Centro Democrático para dinamitar con falacias las bases de una paz en ciernes, y que cuatro años después ha dejado más de 220 desmovilizados asesinados, el propósito de crear este tribunal de justicia era llegar a la verdad y sólo a la verdad de sesenta años de una guerra que no sólo involucró a los altos mandos de este grupo armado, sino también a militares activos y retirados, policías, civiles, empresarios, ganaderos, paramilitares y una larga lista de políticos y funcionarios del Estado.
El objetivo de la JEP es, pues, desenterrar la verdad de los hechos y de quienes participaron de esta horrorosa historia de sangre, sin importar si son exguerrilleros, militares, policías, civiles, empresarios, ganaderos, terratenientes, políticos, funcionarios o exfuncionarios del Estado.
No es fortuito, entonces, que el 95% de los 3050 militares sometidos a la JEP, según el departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, tengan hoy el beneficio de libertad condicionada a pesar de haber participado en reconocidas masacres, secuestros y desapariciones forzadas de civiles. Han sido acogidos por este alto tribunal porque hicieron parte de los hechos de sangre que enlutaron al país, hechos demenciales como la tortura, el asesinato de no combatientes o capturados en combate que luego fueron desaparecidos y sus cuerpos sepultados en algún solitario paraje de la geografía nacional.
De manera que el objetivo de la JEP no es enterrar los delitos de los jefes guerrilleros como lo ha sostenido hasta la saciedad el partido de gobierno, ni castigar a los militares que, por orden de sus superiores, llevaron a cabo, según las cifras menos dolorosas, más de cinco mil “falsos positivos”; es decir, más de cinco mil asesinatos de jóvenes en indefensión que, de acuerdo con los trinos y declaraciones del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, “no estaban recogiendo café”. El objetivo de la JEP es, pues, desenterrar la verdad de los hechos y de quienes participaron de esta horrorosa historia de sangre, sin importar si son exguerrilleros, militares, policías, civiles, empresarios, ganaderos, terratenientes, políticos, funcionarios o exfuncionarios del Estado. A la desmovilizada Farc no se le exige otro relato que el de la verdad de los acontecimientos. A los miembros de las FF. MM., presos por delitos de guerra y acogidos por este tribunal, no se les pide otra cosa que la verdad, una que deba ser corroborada, sopesada y, sobre todo, contrastada por los jueces que tienen a su cargo las investigaciones. Todos saben que si se les comprueba falsedad en sus declaraciones el castigo será la devolución de los procesos a la justicia ordinaria y el pago de cárcel intramural. Las Farc son conscientes de esto. Y por eso les creo. Creo que están diciendo la verdad cuando afirman que asesinaron al político conservador Álvaro Gómez Hurtado. Saben muy bien lo que han ganado en esta lucha contra aquellos que sólo quieren verlos presos. Saben que empezar a desandar los pasos cuando se ha atravesado lo más difícil del camino no es una opción, ni el regreso al monte tampoco.
