Los bonaverenses y demás comunidades del Pacífico sur no podemos seguir tributándole a nuestros victimarios. Grupo de mafiosos y delincuentes asumen el control del comercio local, al tiempo que grandes conglomerados de cuello blanco se hacen al control monopólico de las utilidades del comercio internacional que pasa por el puerto de Buenaventura.
En los últimos años se asfixió lo poco que quedaba de la iniciativa empresarial local. Los empresarios portuarios invaden los espacios del manglar y, con ello, al potencial pesquero artesanal local.
Desde la creación del Estado colombiano la población negra afrocolombiana es víctima de una trampa estructurada por grupos de poder herederos del colonialismo, que hacen imposible su vida en condiciones dignas. Para los más incrédulos o enérgicos negadores del racismo, que como pecado original ha moldeado la sociedad colombiana, resaltamos acá la carta de Bolívar a Santander, fechada el 18 de abril de 1820 en San Cristóbal:
“Las razones militares y políticas que he tenido para ordenar la leva de esclavos, son muy obvias. Necesitamos de hombres robustos y fuertes, acostumbrados a la inclemencia y a las fatigas; de hombres que abracen la causa y la carrera con entusiasmo; de hombres que vean identificada su causa con la causa pública y en quienes el valor de la muerte sea poco menos que el de su vida.
Las razones políticas son aún más poderosas… nada acerca tanto a la condición de bestias como ver siempre hombres libres y no serlo. Tales gentes son enemigos de la sociedad, y su número seria peligroso. No se debe admirar que en los gobiernos moderados, el Estado haya sido turbado por la rebelión de los esclavos, y que esto haya sucedido tan rara vez en los Estados despóticos.
Es pues demostrado por las máximas de la política, sacada de los ejemplos de la historia, que todo gobierno libre que comete el absurdo de mantener la esclavitud, es castigado por la rebelión y algunas veces por el exterminio, como en Haití.
En efecto, la ley del Congreso es sabia en todas sus partes. ¿Qué medio más adecuado ni más legítimo para obtener la libertad que pelear por ella? ¿Será justo que mueran solamente los hombres libres por emancipar a los esclavos? ¿No será útil que éstos adquieran sus derechos en el campo de batalla y que se disminuya su peligroso número por un medio necesario y legítimo?”
En el actual escenario del conflicto colombiano parecen darse las réplicas del proyecto extractivo de vidas humanas expuesto en la anterior carta. Grupos armados legales e ilegales de todos los pelambres se disputan como buitres la humanidad de los niños, niñas y jóvenes negros e indígenas. Los han convertido en víctimas – victimarias – revictimizadas.
El sueño de Bolívar y Santander se ha vuelto una pesadilla que se ha materializado sobre la población negra. Es común que algunos altos mandos militares al referirse al actual recrudecimiento del conflicto afirmen: “Se están matando entre ellos”. Lo que no explican los jefes militares es que las víctimas de esta violencia son principalmente los jóvenes negrxs e indígenas que residen en el Pacífico.
La trampa sigue funcionando doscientos años después. Los que antes prometían libertad física hoy prometen dinero y poder, una especie de libertad moderna, pero al final todos pagan de igual manera: muerte, desposesión, pobreza y mucho sufrimiento.
La trampa de la pobreza deja a los jóvenes de Buenaventura sin salida.
Evitar que las personas negras pudieran acumular capital económico y ascender a espacios de poder fue un acuerdo de los padres fundadores. Para lograrlo fue clave eliminar a la incipiente élite granadina negra y parda y/o expropiar sus bienes. Esto es exactamente lo que ha pasado con los bonaverenses desde el siglo diecinueve, cuando por medio del Decreto 389 de 26 de julio de 1827 Buenaventura fue declarado Puerto Libre y Franco por treinta años para la importación y exportación por el Pacífico, y se le concedió derecho de propiedad de las tierras a las personas que edificaran en la isla. A finales del siglo pasado ese modelo de expropiación continuó. El puerto de Buenaventura que, como empresa del Estado se había convertido en un medio de ascenso social formal para muchas familias del Pacífico, se fue achicando por efecto de la privatización hasta casi desaparecer, dejando pocos caminos formales y legales para los bonaverenses.
En los últimos años se asfixió lo poco que quedaba de la iniciativa empresarial local. Los empresarios portuarios invaden los espacios del manglar y, con ello, al potencial pesquero artesanal local. Los poderosos grupos armados ilegales se apropian de los espacios de minería tradicional, al tiempo que las bandas locales dirigidas por delincuentes blanco-mestizos provenientes del interior del país extorsionan a los lugareños hasta exprimirles la última gota de energía.
Con este panorama es imposible el desarrollo de cualquier práctica tradicional de producción y el ascenso socioeconómico de las familias bonaverenses. Una comunidad con más del 80% de pobreza y más de 66% de desempleo es empujada y condenada a la miseria puesto que debe asumir el costo de una canasta familiar costosísima. Muchos de los productos básicos de la canasta familiar tienen sobreprecio debido al control que imponen sobre ellos las bandas criminales al servicio de monopolios empresariales foráneos.
Lo más doloroso, es que sean los propios jóvenes del puerto, llevados por la pobreza y el reclutamiento forzado, los que terminen alimentando a esos grupos delincuenciales.
Un residente resumió en pocas palabras la situación en el Puerto: “Nadie puede traer a vender más de 10 gallinas y un cerdo, sin pagar un porcentaje. No se puede vender una vaca y a lo sumo 20 raciones de plátano, por lo que los botes con plátanos costeños ya no vienen. Los huevos también tienen que pagar peaje y el arroz ya no se produce porque tiene vacuna. Traer productos de la región es un suicidio. Es una pena de muerte garantizada.”
Lo más complejo de este escenario es que los recursos provenientes de la extorsión y de los monopolios subsidian la máquina de guerra al servicio del narcotráfico y de la iniciativa empresarial extranjera. Los puertos, los proyectos turísticos, las bodegas y terminales de contenedores prosperan y se amplían, al igual que el narcotráfico, y todo al amparo de los grupos armados. Es decir que, los bonaerenses, al consumir los productos básicos de la canasta, financian de manera forzada la máquina de guerra que los oprime.
Pero lo más doloroso, es que sean los propios jóvenes del puerto, llevados por la pobreza y el reclutamiento forzado, los que terminen alimentando a esos grupos delincuenciales. En la continuidad de este escenario el pueblo de Buenaventura no tiene futuro.
