La pintura del artista René Magritte intitulada Reproducción prohibida (Interdit d’etre reproduit) refleja bien la situación de la paz en Colombia. La pintura en cuestión presenta a una persona que se mira en un espejo, pero la imagen reflejada en éste es la espalda de la persona y no su rostro, como si el espejo se negara a presentar la identidad del sujeto, al sujeto mismo.
La paz ha sido el anhelo del ciudadano de a pie, y no es para menos. No hay familia en Colombia que en su árbol generacional no tenga un familiar que estuvo activo en la guerra o fue víctima de ella. Desde la colonia y la incipiente república, Colombia ha vivido en un estado permanente de guerra; guerras de independencia, guerras civiles, guerras insurreccionales, guerras contra el narcotráfico. La guerra es al imaginario colectivo colombiano, lo que la sal del agua marina es para los náufragos.
Y siempre al límite de la deshidratación, múltiples sectores sociales han buscado desalinizar ese imaginario recurriendo a todo tipo de soluciones: alianzas entre guerreristas para eliminar a los pacifistas, alianzas de pacifistas para hacer la guerra contra los guerreristas, “sacarle el agua al pez” para que ningún bando guerrerista siga haciendo la guerra, y de cuando en cuando, sentarse a concertar la paz, usualmente la última opción.
Varios intentos se han hecho en Colombia para terminar con la guerra. En todos esos intentos los grupos insurgentes que realmente se han empeñado en construir la paz han sido traicionados por el Estado colombiano, ese esperpento feudalista afianzado en leguleyadas santanderistas que hacen que cualquier gobierno termine siendo controlado por terratenientes, ganaderos, caciques, mafiosos, comerciantes de armas, y el monopolio financiero.
¿Quién le ha fallado sistemáticamente a la paz en Colombia? la respuesta no es tan compleja como pareciera: los gobiernos de turno. Para la muestra varios botones: junio de 1957, Guadalupe Salcedo líder guerrillero amnistiado fue asesinado por la Policía en Bogotá. Luego, varios excomandantes amnistiados y guerrilleros serían asesinados también. En febrero de 1960 fue asesinado el también amnistiado comandante Jacobo Prías Alape (Charro Negro). Agosto de 1984, la policía y el ejército violan el cese al fuego y la tregua firmada en el acuerdo de Corinto entre el M-19 y el Gobierno de Belisario Betancur, atacan varios campamentos del M-19, desaparecen a militantes y atentan contra Antonio Navarro Wolff. Nuevo intento, marzo de 1990, el M-19 se desmoviliza, en paralelo el Movimiento Armado Quintin Lame, el Ejército Popular de Liberación, y algunos sectores del Ejército Nacional de Liberación. Se repite la historia, varios exguerrilleros son asesinados o desparecidos. En abril de 1990, Carlos Pizarro, máximo representante del M-19 es asesinado en Bogotá por sicarios en coordinación con agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS – la agencia de seguridad del Estado colombiano). 9 de diciembre de 1990, la Operación Colombia ordenada por el presidente César Gaviria rompe definitivamente el acuerdo de paz de La Uribe. De ese acuerdo había surgido como alternativa política el partido Unión Patriótica. Queda como balance un genocidio político: 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes, y alrededor de 5000 militantes asesinados.
Como tela de fondo, entre los años 1981 y 2012, los grupos paramilitares en alianza con brigadas del ejército, han asesinado aproximadamente a 23.954 civiles (Informe ¡Basta Ya!). Entre los años 2006 y 2009, el ejército por su parte disfraza de guerrilleros a 6.402 civiles, los asesina y los presenta como bajas de combate con el objetivo de presentar estadísticas para legitimar la doctrina de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe.
Hace cuatro años y seis meses se firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno. ¿El balance? el único posible en la trágica historia de la paz en Colombia: 262 excombatientes asesinados; asedio a los antiguos mandos medios; acoso del ejército y paramilitares a las zonas de reincorporación; zonas de reincorporación pauperizadas; abandono de los excombatientes (a finales de 2019, solo el 24% de excombatientes han sido cubiertos por proyectos productivos) y claro está, el incumplimiento en las reformas estructurales del Estado que sentarían las bases para una paz duradera. A esa debacle se suma la fragmentación y pugnas entre los antiguos miembros de las estructuras de comando superior, lo que ha llevado a una desbandada de miradas políticas, surgimiento de fracturas con visos de amputación y lo que es peor, el alejamiento y abandono de las bases de excombatientes por parte de los excomandantes superiores.
Desde el punto de vista de la investigación de las dinámicas de guerra y paz, es necesario preguntarse porqué las FARC, pese a su profundo conocimiento de la historia política colombiana; de la conducta de las castas políticas; de los intrincados intereses de las élites del ejército y el narcotráfico; de su larga experiencia de negociación y de sus extensas exploraciones de relaciones internacionales, cayeron en la trampa de apostarle a un modelo de proceso de paz centrado esencialmente en el desarme, la desmovilización y la reinserción, la famosa sigla DDR.
Pareciera que durante las negociaciones entre el Gobierno y las FARC en la Habana, los asesores nacionales e internacionales nunca les advirtieron a las FARC que en realidad los procesos de paz del mundo entre fuerzas insurgentes y el Estado, que se desarrollaron con el modelo DDR, no arrojan resultados positivos para los excombatientes y mucho menos para las reformas estructurales plasmadas en el papel. El modelo DDR está basado en los hallazgos de análisis del comportamiento humano, de sistemas sociales y dinámica política, obtenidos por los centros de investigación de Norteamérica y Europa a lo largo de años de investigación y experimentación social. El objetivo del DDR está definido por los ejes que lo componen, lo cuales son en realidad muy simples. Primero, la fuerza rebelde se desarma, segundo se desmoviliza y tercero, se reintegra a la vida civil. En este modelo jamás se prevé que cambios estructurales deben llevarse a cabo a través o a causa de la firma del acuerdo. El modelo DDR, prevé que una vez el poder de organización y fuego del grupo rebelde es encausado hacia la institucionalidad, la implementación de las reformas estará supeditada a los intereses del Estado. Para aquellos que conocen el origen y naturaleza del Estado burgués, podrán ya concluir que esas reformas nunca se llevan a cabo o en el mejor de los casos, se implementan las primeras etapas para que luego la inercia burocrática celebre el entierro de la reforma.
El lineamiento teórico central que subyace en el modelo DDR está en el tercer eje, la reintegración; por que literalmente se interpreta que los rebeldes o insurgentes deben volver a la “normalidad” del status quo. La interpretación clave del modelo DDR gira entorno a que la falla no está en el sistema si no en los rebeldes, quienes en un momento dado no lograron adaptarse a los espacios de la democracia burguesa y por tanto no supieron aprovechar sus ventajas.
A las FARC les vendieron la idea de que el proceso de paz que estaban desarrollando era “único en el mundo”, “un acuerdo ejemplar” y se lo creyeron. Del mismo modo, a las FARC las enredaron en su lectura sobre los acuerdos de paz en el mundo. Les pusieron en la misma canasta, entre otros, los casos de Irlanda, Filipinas, Sudáfrica y el País Vasco. Eso es como llevar a un campesino afgano a Juanchito y ponerlo a bailar salsa, no hay ritmo ni baldosa que le cuadre el tumbado. Las condiciones estructurales, sociales, culturales, étnicas y el entramado político de esos casos son únicos y difieren años luz del caso colombiano.
Quizás las FARC pensaron que como se estableció una comisión de verificación de las Naciones Unidas que iba a estar ahí para que “asegure la implementación de lo pactado en materia de reincorporación y garantías de seguridad” , era garantía suficiente para asegurar que el espíritu del acuerdo fuera a ser respetado por el gobierno de turno. Craso error, las FARC omitieron el análisis de ese actor y su rol en los procesos de paz del mundo. Las Naciones Unidas son una mezcla de intereses políticos externos, de alianzas internas, discursos tecnócratas y un edificio burocrático. Las Naciones Unidas están allí para consolidar una visión de política entramada en los fundamentos de la democracia liberal pura, dicho de otro modo, en adaptar el status quo a los cambios del modelo económico global. El vaivén de la ONU en su accionar se da por las condicionalidades de los grandes financiadores de ese organismo. Eso es lo que explica que la ONU puede movilizar sus agencias y actuar enérgicamente en unos escenarios políticos, como en el caso Myanmar donde vemos declaraciones públicas de sus más altos representantes, sesiones extraordinarias de sus comisiones o llamamientos al consejo de seguridad, y en otros casos, su accionar se limita simplemente a que una de sus agencias emita una nota de “concern” (preocupación) que generalmente se archivan tan pronto como son emitidas, como sucedió frente a las violaciones de DDHH en Chile durante las protestas que convulsionaron ese país.
Para el caso de los procesos de paz, lo que es importante subrayar es que las comisiones de verificación y las agencias de apoyo de la ONU, están conformadas por técnicos que han estudiado al pie de la letra los manuales de DDR, y por tanto, su accionar no está orientado por el espíritu del acuerdo de paz, cualquiera que él sea, si no por los objetivos establecidos en esos manuales.
Un modelo de DDR que sea realmente favorable para el proyecto político de un grupo insurgente debe tener como requisito indispensable que la implementación del acuerdo sea ejecutada por un actor internacional, y totalmente autónomo del Estado donde el acuerdo se va a implementar, es decir, ejercer un tutelazgo real del acuerdo y no solo un acompañamiento subordinado al papel.
Indudablemente el acuerdo de paz logró cambios pragmáticos en la percepción política de la sociedad colombiana, especialmente en los jóvenes. Pero ese cambio obedece más a la ausencia del malo del paseo. Ese chivo expiatorio que las castas políticas colombianas usaban para justificar el saqueo de riquezas naturales y la apropiación privada del Estado como excusa para derrotar el monstruo terrorista de las FARC. El acuerdo de paz sacó a las FARC del escenario del conflicto, lo que hizo que la sociedad colombiana se atreviera por fin a ver debajo de la cama y comprobar que no había ningún espanto que en medio de la noche le iba a jalar las patas. Hoy en día, extensos sectores de la sociedad se han dado cuenta que el verdadero espanto son las castas políticas que los arropaban antes de dormir. Pero este logro no es inherente al proceso de paz, ni está dentro del texto de los acuerdos. Esa transformación, es el resultado tácito que en toda situación de conflicto se produce cuando una de las partes que se ha convertido en la némesis de la sociedad desaparece, sin esa némesis cae la venda de los ojos que le impedía a la gente reconocer las verdaderas causas del conflicto.
Si las FARC pensaban que tras el acuerdo de paz iban a lograr mantener su cohesión monolítica y solidez ideológica, las mismas de las que habían hecho prueba durante la guerra y que las había llevado a constituirse en una de las fuerzas insurgentes más dinámicas y resilientes en la historia rebelde del planeta, no fue así. Y a partir de este vacío, todas sus proyecciones estratégicas políticas se desmoronan una a una. La militancia no es creativa políticamente, los excombatientes no son vehículos de organización o movilización política, han perdido el combate contra la estigmatización, no se ha dado el clivaje entre sociedad y exFARC, las bases de excombatientes se debaten en la zozobra de ser asesinadas, están desmoralizadas y deambulan en sus mentes sin identidad ni horizonte.
Las ex-FARC tienen dos obligaciones morales importantes. La primera, velar por el bienestar y la seguridad de los antiguos excombatientes, seres humanos que le apostaron todo a un proyecto político y a un proyecto de país. La segunda, movilizar todos sus recursos para hacer cumplir lo acordado en la parte 3.4 del acuerdo y que se refiere a “las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”. Porque esa guerra abierta de los sectores de ultraderecha en contra el pueblo colombiano sigue y es el principal obstáculo para la paz. Si las ex-FARC, ahora COMUNES, quieren ser fiel al legado marquetaliano, deberían hacer uso de todos los medios diplomáticos y de interlocución internacional que aún les restan, para lograr inclinar la balanza a favor de la paz y la seguridad del pueblo colombiano. El baile no es pidiéndole de buena fe al Centro Democrático que cambie, la danza se hace con los que realmente influyen en las grandes líneas políticas de Colombia: los Estados Unidos y Europa.
Si hoy COMUNES hiciera prueba de la misma osadía, creatividad, tenacidad, organización de cuando fueron FARC, aún podrían cambiar el ritmo político, ir más allá de las fronteras, estudiar experiencias internacionales similares e inspirarse de su accionar para trabajar alianzas políticas internacionales, establecer diálogos directos con representantes electos, apelar al uso de los mecanismos vinculantes de la ONU y articular acciones directas, en resumen hacer del escenario internacional el salón de baile de la paz.
