Entre la noche del 3 de mayo y la madrugada del día siguiente la ciudad de Cali vivió una noche de terror. Fernando Puerto, un especialista caleño en administración pública, describió esa noche siniestra mediante una nota que compartió a sus amistades por WhatsApp. “Cuerpos policiales con armas de guerra, vehículos de combate y apoyados de helicópteros artillados adelantaron acciones punitivas en barrios enteros de la ciudad, cuyos ciudadanos participaron y apoyaron el paro nacional contra la reforma tributaria”, escribió el profesor Puerto. Los militares disparaban de manera indiscriminada contra la gente que permanecía en la calle. La cifra de muertos y heridos es incierta. Los medios locales documentaron la muerte de más de 20 personas y centenares de heridos.
Todo comenzó el 28 de abril. En más de 600 municipios de Colombia hubo algún tipo de manifestación contra el gobierno. En ciudades como Cali la protesta tuvo ribetes de “insurgencia social”. El Gobierno central la enfrentó como si fuera una insurgencia armada. Los miembros de la policía y el ejército proyectaron en Colombia una imagen que el mundo presenció en Myanmar: disparos contra los manifestantes desarmados. Un analista con acceso a la Casa de Nariño, quien pidió que no reveláramos su nombre, explicó a EL COMEJÉN que el gobierno y los partidos progubernamentales están explorando salidas más allá de las instituciones, pero “sin romper el hilo constitucional”. Es la misma oligarquía que se cargó a Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, incendió al país y luego pactó una “vuelta a la normalidad” mediante un nuevo reparto del poder que dejó por fuera a las fuerzas progresistas y opositoras. “Los oligarcas -recalcó la fuente- con la complicidad de algunos periodistas progubernamentales están proponiendo un apagón de Internet para neutralizar la protesta y desatender las demandas”. Lo mismo que hicieron los militares golpistas en Myanmar: disparar contra el pueblo y anular las redes sociales.
En la frontera de Colombia con Venezuela, una de las regiones más calientes de Suramérica, los campesinos cocaleros de la zona del Catatumbo se han vinculado a la protesta nacional incorporando un reclamo más: stop al plan de fumigación con el tóxico herbicida glifosato de las plantaciones de coca. La integrante de una oenegé que hace acompañamiento en la región le comentó a EL COMEJÉN que en el refugio humanitario de Beltrania, municipio de Tibú, los líderes locales decidieron en una asamblea ir a un paro indefinido hasta que el Gobierno no atienda sus reclamos. “Los arroceros del municipio del Zulia y las asociaciones de campesinos bloquearon las vías que van hacia El Catatumbo, la región Caribe y el departamento de Santander”, agregó la fuente. Los arroceros se oponen a la reforma tributaria del Gobierno y se quejan de los altos costos de los insumos agrícolas. Entre los manifestantes se escuchaban arengas contra el uso del glifosato y el fracking, puesto que El Catatumbo es una zona petrolífera.
Gary Martínez Gordon, analista y dirigente cívico de Barranquilla, manifestó a EL COMEJÉN que la protesta colombiana se dio en medio del pico más alto de la tercera ola de pandemia, lo que demuestra de que hay un alto grado de insatisfacción e inconformidad con el Gobierno de Iván Duque. “Es una protesta juvenil, principalmente de jóvenes entre los 18 y 26 años”, destacó Martínez Gordon y le llamó la atención que hubiera participación de gente perteneciente a distintas capas sociales, aunque reconoció que la mayoría de los actos de rebeldía se presentaron en la periferia urbana, alrededor de la llamada circunvalación, donde “se concentra la mayor parte de población pobre de la ciudad”. En poblaciones como Santo Tomás, Baranoa, Palmar de Varela, Sabanagrande, Galapa, Malambo, y Soledad hubo manifestaciones. Martínez empleó un término beisbolístico para describir el curso de los acontecimientos: “esto puede picar y extenderse, hemos visto a muchísima gente movilizándose para una pelea de largo aliento, cosa que no había ocurrido desde hace décadas en la ciudad de Barranquilla y todo el departamento del Atlántico”.
El departamento de Nariño en el suroccidente de Colombia, fronterizo con Ecuador, es un territorio que resume la complejidad de Colombia: desigualdad endémica y extendida, narcotráfico, presencia de todos los actores armados, pueblos indígenas y afrodescendientes, asesinato de líderes sociales y un largo etcétera. La oposición política en este departamento ha sido muy potente. EL COMEJÉN contactó con Carlos Martínez, quien ha ocupado el cargo de personero en varios municipios y posee vínculos académicos con la Universidad de Nariño. Es una protesta política, dice sin preámbulos. Considera que esta protesta es diferente a las ocurridas en años anteriores. Las jornadas anteriores se limitaban a un día y con un acto central en la plaza principal de la ciudad. “Ahora es una protesta sin fecha de caducidad, indefinida, y mayor capacidad de resistencia”, afirma. Carlos Martínez destaca un hecho curioso: “muchos uribistas molestos y protestando”. Los alcances y reacciones de la ultraderecha colombiana son enormes, son capaces de hacer cualquier cosa, “incluso hasta de propiciar un golpe disfrazado de legalidad”, remata.
Heidy Sánchez fue dirigente estudiantil de la Universidad Libre, a pesar de apenas rondar los 30 lleva varios años enfrentando al uribismo. Heidy ha vivido el surgimiento del nuevo país, el que hoy se expresa en las calles, desde la primera línea de la movilización social. Por eso fue elegida concejala de Bogotá, como representante de esa cosa nueva que estaba naciendo y que hoy ha desenmascarado al monstruo y lo acorrala. En conversación con EL COMEJÉN, Heidy explicó que la violencia del Estado colombiano va más allá de las balas que entre el 28 de abril y el 5 de mayo han quitado la vida a 37 personas. “Es la violencia estructural que se ha agudizado por la pandemia. Los niveles de pobreza han aumentado exponencialmente y no ha habido una decisión efectiva y contundente del gobierno nacional de ayudar a los más pobres.”
Para Heidy el aumento de las movilizaciones empezó con el acuerdo de paz. La gente perdió el miedo, dice, y enumera las movilizaciones en las que se ha ido fundiendo esta nueva idea de país que hoy se moviliza, “las movilizaciones en defensa del acuerdo de paz, el paro estudiantil en el 2018, las movilizaciones del 2019, lo que pasó a finales del 2020 y lo que estamos viviendo ahora”. Para la concejala lo que ha crecido no solo es el número de gente en la calle, sino el nivel de las exigencias “están en la calle los que han quebrado, los vendedores informales, una marea de jóvenes precarizados sin oportunidades de vida. Se autoconvocan, tienen claro que esto se define en las calles. Quien lidera la movilización en nuestro país es la indignación y la necesidad de un cambio, un cambio de las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país”.
A Lucas Villa lo señalan con un marcador láser desde uno de los puentes aledaños al viaducto en Pereira. Se ve claro en el video. Mientras Lucas ayuda a recoger comida que ciudadanos solidarios donan a los manifestantes, un hombre lo marca de violeta apuntándole a la cabeza, casi segundos antes de que suenen los tiros. Lucas Villa quedó tendido junto a Andrés Felipe Castaño. A Lucas le metieron 8 balas de pies a cabeza, en el cráneo, cuello, tórax y extremidades inferiores. No fue casualidad, fue una ejecución. Lucas está en la sala de cuidados intensivos por algo más grave que el Covid-19, es la misma enfermedad que ha puesto a matarse a los colombianos unos a otros durante 80 años. Pronóstico 4 en la escala de Glasgow, Lucas no tiene respuesta ocular ni verbal.
“Hay muchas versiones sobre quien disparó. En todo caso no estaban uniformados, estaban de civil”, le dijo a EL COMEJÉN uno de los profesores de Lucas en la Universidad Tecnológica de Pereira. “Lucas es un ser humano ejemplar, pacífico, noble, amigable, uno de esos estudiantes que marca la diferencia. Estoy destruido, usted no se imagina la persona que era Lucas. La situación en Pereira es terrible, no se puede salir en las noches porque están matando, no se puede abrir los ojos porque nos lo cierran a punta de bala”. Apenas un día antes, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, de pie, junto a los jefes militares y de policía, había llamado a los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la policía y el ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana. Ese es el viejo poder y la vieja sociedad colombiana que jóvenes como Lucas quieren dejar atrás.
