El Valle Pubén es el territorio ancestral de los pueblos indígenas misak, totoró y kokonuko. Hacen parte de este territorio municipios que hoy conforman los departamentos de Huila, pasando por el Cauca -en especial su capital, Popayán-, hasta el Valle del Cauca. Mil años antes de la llegada de los españoles, esta jurisdicción ya estaba gobernada por grandes cacicazgos que se habían unificado para conformar el “Imperio Pubenense”, del que su corazón era el gran Kauka. Cuando llegaron los colonizadores, se encontraron con cacicazgos como los del guerrero cacique Petecuy, la cacica Machángara y el cacique Pubén, con quien ya existía un sistema de ciudades organizadas, habitadas por gente pacífica que contaban con un sistema de producción sólido, de distribución de beneficios y rituales complejos.
Han pasado mas de cinco siglos de lucha por derechos que, en principio, nuestros antepasados nunca llegaron a entender, porque los españoles antepusieron su sistema occidental y la razón de la legalidad del papel por encima de los derechos indígenas milenarios. La tierra fue robada y los pueblos indígenas esclavizados. Mucha agua ha corrido desde entonces. Masacres, violaciones, levantamientos, encuentros con otros pueblos indígenas, conquistas de derechos constitucionales, ocupación en espacios políticos, mixtura de razas y culturas de un pueblo colombiano que hasta hoy no logra reconocer ni valorar su identidad, puntos álgidos en la lucha histórica de clases que ha intentado matizarse pero que en la realidad pervive hasta la actualidad, hoy mas viva que siempre.
Muestra de ello, la coyuntura de “despertar” que está ocurriendo en Colombia, en la que nos vemos involucrados todos los sectores sociales, dadas las afectaciones a la población. Es así como cada sector ha tomado medidas para visibilizar su inconformidad y su existencia en un país que nos pertenece a todos. En este sentido, por mandato de mamas, tatas, mayoras y mayores, las Autoridades Indígenas del Sur Occidente -AISO-, organización fundada en 1974, con cuarenta y siete años de existencia y compuesta por cincuenta y dos autoridades indígenas de varios departamentos, se traza como objetivo recuperar la tierra mediante procesos de derecho propio o derecho mayor, recuperar las autoridades indígenas, la defensa de la autonomía, la jurisdicción propia, la movilización permanente, la lucha por la paz y el impulso de la reforma agraria porque un gran porcentaje de la tierra pertenece a una minoría de la población en Colombia. Antes de la conformación de AISO, en los años 60, su gente ya había iniciado procesos de recuperación de tierra en Silvia, Jambaló, Totoró, Buenos Aires (Cauca) y en Nariño. La última recuperación de tierras se realizó en el año 2005 con la Hacienda Pepeja, zona de Purachá, territorio del maíz, en Silvia, Cauca. En la actualidad, se ha logrado que los territorios de Silvia sean libres y hayan vuelto a sus dueños originarios.
Pero la gente de AISO ha ido más allá de la recuperación territorial generando un llamado a reconstruir los imaginarios colectivos. Por ello, mediante espacios asamblearios pubenenses, siempre estuvo la idea de eliminar de su territorio las estatuas que representasen esa colonización que tanto ha dolido y ha costado a nuestros pueblos. Así, en el año 2007 realizaron la primera acción política y espiritual en la Pirámide de Tulcán, construcción arquitectónica de adobe que alberga catorce tumbas de adultos y niños. Es un cementerio y lugar sagrado, patrimonio cultural y arqueológico de los pueblos del Valle Pubén, ubicada en un sitio estratégico de la actual ciudad de Popayán. Su acción política-espiritual representó una ceremonia en la que se sembró medicina, se curó el territorio, se endulzó el contexto para que con las acciones venideras no ocurriera nada negativo para el pueblo misak y se ondeó por primera vez en ese lugar, luego de la conquista española, la bandera del pueblo misak.
Años atrás, la Pirámide de Tulcán fue profanada y a manera de erradicar los símbolos indígenas, se impuso el símbolo de la extrema derecha, Sebastián de Belalcázar, quien en estos lugares y otros que hacen parte del territorio colombiano, como en Cartagena, incentivó el acaparamiento de tierras indígenas, la violación de mujeres, masacres por doquier y violación de derechos humanos. Trece años después de la primera acción política, el 16 septiembre de 2020, por decisión de las autoridades pubenenses se realiza la acción de retirada del monumento a Sebastián de Belalcázar. Dos días mas tarde, el 18 de septiembre del mismo año, el gobierno llega a un acuerdo con los indígenas para lograr la restitución de memoria histórica colectiva territorial y lugares sagrados del pueblo misak en el Valle Pubén, para lo que se crea una subcomisión entre autoridades indígenas e instituciones municipales, que hasta hoy no se han podido sentar para avanzar en lo acordado. Este acto, en la que es quizá la capital mas conservadora de Colombia, marca el inicio de una serie de sucesos similares en un país que es una bomba de tiempo.
Posteriormente, el 22 de octubre de 2020, se realizó la toma de la entrada aérea mas importante a nuestro país, el aeropuerto El Dorado, dado que camino al aeropuerto se encuentran los monumentos a Cristóbal Colón y la Reina Isabel de España, símbolos de violencia, colonización, explotación, de un poder mal adquirido, de naciones y culturas saqueadas y persecución a pueblos indígenas. En esta ocasión se realizó una denuncia por las masacres a líderes sociales e indígenas y se exigió en cumplimiento de los acuerdos de paz pactados en la Habana.
En consecuencia, el 15 de marzo de 2021 surge la toma del peaje Piendamó – Tunía, con el argumento de la defensa de los espacios públicos, pues de los 184 peajes existentes en Colombia, tan solo 34 son públicos, 150 pertenecen a la empresa privada, porque no solo nos han ido despojando de la memoria, sino también de las vías y espacios públicos. Durante esta toma AISO realizó una convocatoria, un llamado a la memoria, a lo público, a la conservación de las empresas públicas, de la memoria histórica y al esclarecimiento de actos históricos.
Iniciando este gran paro nacional en el que estamos sumergidos, el 28 de abril se tumba el monumento a Sebastián de Belalcázar en Cali, actual capital vallecaucana. Esta acción ha representado amenazas y persecución política a líderes del movimiento, como Edgar Velasco y el tata Pedro José Velasco, a quienes representantes del partido político de extrema derecha que gobierna ha solicitado judicializar. Las acciones se convirtieron en un efecto dominó. En consecuencia, ya no las ejecuta únicamente AISO, sino diferentes actores de la sociedad civil que determinan tumbar monumentos de personajes que representan la conquista, la colonización, el falangismo, el nazismo, la apropiación de nuestras tierras y recursos naturales, la violación de mujeres, el exterminio de pueblos enteros, el sufrimiento de nuestros antepasados y el centralismo que ha aminorado a la periferia. Durante los últimos días, mediante acciones políticas han sido removidos los monumentos a: El Poeta Soldado Julio Arboleda, Belalcázar, Santander y el monumento a la policía nacional en Popayán, Gilberto Alzate Avendaño en Manizales, Antonio Nariño, Misael Pastrana y Diego Ospina en Huila y Bolívar en Nariño. El 7 de mayo vuelve AISO a atribuirse el haber removido la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bakatá (Bogotá), para posteriormente, el 12 de mayo, realizar otra acción política en la que se cambia el nombre de la Avenida Jiménez por Avenida Misak en la capital colombiana.
Aunque este sentido de resistencia se traslada del campo a la ciudad en medio de un panorama convulso en el país, se ha venido preparando durante mucho tiempo mediante asambleas permanentes entre los pubenenses. Sus integrantes son en sí mismos una guardia que sitúa en el escenario el debate de que no ha existido nunca un juicio por parte de ninguna institución que condene las masacres y asesinatos perpetuados históricamente hacia nuestros pueblos indígenas, que frenteamos aún hoy un gobierno que nos rechaza, nos rezaga y nos enfrenta con ejércitos y violencia.
Estas acciones políticas pacíficas se realizan para que los símbolos en espacios públicos representen la cultura de cada lugar y sus pobladores; generan una reflexión sobre la verdad que debemos reconstruir como país, como sociedad, sobre lo mucho que tenemos por recuperar de nuestra historia y el replanteamiento que debemos hacer respecto a nuestra educación, para ayudar a construir entre todos un país renovado, con identidad propia que priorice la defensa de la madre Tierra, sin colonialismos, sin violación de derechos humanos, sin la continuidad de políticas contra nuestro mismo pueblo, a la altura del futuro que nos merecemos y que se merecen las futuras generaciones.
