Desde el 28 de abril, campesinos y campesinas indígenas y negras, trabajadores, estudiantes y maestros, jóvenes y barriadas, madres y abuelos unieron sus voces para manifestarse tanto en las urbes como en la ruralidad contra las desigualdades estructurales perpetuadas por el gobierno actual.
Históricamente, asuntos como el centralismo político, económico y mediático han pretendido construir una frontera que separe a la ciudad y al campo en contravía de los flujos que desde la vida campesina las relaciona y constituye. La división, indudablemente, ha sido agudizada por el conflicto armado. Pero, en el marco del paro nacional, esos lugares aparentemente tan lejanos se han conectado para oponerse colectivamente a un gobierno que le ha incumplido por igual a las vidas citadinas y a las vidas campesinas.
El paro nacional reinició con una consigna clara: tumbar la reforma tributaria. Y se convirtió en un espacio que junta la indignación colectiva frente a maneras de gobernar que impiden una vida digna y justa. En este paro se reúnen exigencias sobre el acceso al trabajo con la implementación del acuerdo de paz, el acceso equitativo a la salud, la reestructuración de la Policía Nacional, la financiación de la educación pública, la sustitución integral de cultivos de uso ilícito y las garantías a la participación social frente al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales.
Los ríos de manifestantes que han copado las calles en Cali, Popayán, Bogotá, Medellín o Bucaramanga, hablan de un pueblo que asume el poder en movimiento, que se expresa en la protesta social. Lo que no debemos pasar por alto y mucho menos invisibilizar, es que la organización popular nace y se nutre tanto de las grandes capitales y ciudades como de lo que brota en corregimientos y veredas. Hay que decir que las voces de la ruralidad han sido vitales en este paro nacional.
En el municipio de Anorí, en el nordeste antioqueño, campesinos y mineros se concentraron en la cabecera municipal desde el 25 de abril para protestar frente a la escasa implementación del acuerdo de paz y pedir avances en la formalización de la minería artesanal. En uno de los municipios más afectados por el conflicto armado, las exigencias se dirigen hacia la implementación efectiva de planes de sustitución integral de cultivos de uso ilícito, pues recientemente no se han venido ejecutando.
En el Putumayo, al sur del país, las organizaciones sociales también se han juntado para sumarse al paro nacional. En municipios como Puerto Asís, Mocoa, Orito, Valle del Guamez, San Miguel, Villagarzón y Puerto Guzmán se han concentrado campesinos indígenas, maestros, estudiantes y comerciantes a exigir la implementación del acuerdo de paz para manifestar su inconformidad frente a la reforma a la salud y el posible retorno de las fumigaciones con glifosato.
En el Chocó, las concentraciones indígenas y negras en apoyo al paro nacional también se han hecho sentir. Los pueblos emberá dobidá, katío, chamí, eyabida, wounaan y gunadule y la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó se declararon en minga nacional para exigir el cese de la violencia en sus resguardos y salieron a las calles de Quibdó el 12 de mayo para protestar contra la criminalización que vienen sufriendo por parte del gobierno nacional.
Estos ejemplos son un espejo de luchas y jornadas de resistencia que emergen desde la ruralidad en diversas zonas del país. Desde Providencia y San Andrés hasta la frontera colombo-ecuatoriana en Rumichaca y Puerto Nariño en el Amazonas, así como en la Mesa, Cundinamarca, se escuchan las voces en movimiento.
A ellas se suma la participación desde el Catatumbo, nororiente del país, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) y el pueblo barí, exigiendo la implementación del acuerdo de paz y de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Al noroccidente, en el departamento de Bolívar, la minga indígena ha llegado a Cartagena desde cabildos como Membrillal, Chandero, Bayunca, Pasacaballos, Santa Rosa y otros. En el sur de Bolívar la zona de reserva campesina del Río Cimitarra expresa también su unión al paro, como ocurre en el Caquetá y el Guaviare. Las protestas se dan contra el despojo de tierras, los monocultivos y como una respuesta frente a la falta de garantías para la implementación del acuerdo de paz.
El paro nacional sigue reuniendo, conectando aquí y allá las indignaciones, las inconformidades, las propuestas y los valores de lo común que surgen tanto en el campo como en la ciudad, en las distintas vitalidades regionales. Este paro es inédito, entre otras cosas, porque ha quebrado la dicotomía campo-ciudad y porque desde allí propone una agenda común que será necesario construir.
