El ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, solía decir: “En Chile las instituciones funcionan”. Sus dichos eran una forma de evadir las tensas coyunturas sobre las cuales prefería no dar su opinión. Diversas figuras del variopinto espectro político chileno han hecho un mantra con las palabras del ex mandatario. Usadas por los dueños del país han servido para aplacar a la opinión pública frente a sus escandalosos abusos, y es que quienes detentan poder, prestigio y dinero han hecho del aprovechamiento de su estatus la forma de hacerse del botín. El botín del Estado.
Corrían los años setenta cuando la productora ABC cautivó a la teleaudiencia hispana con la historia de Steve Austin, el accidentado astronauta que en un vuelo de prueba pierde algunos órganos y extremidades. Convertido en cyborg encarnara una forma más del remozado superhéroe norteamericano. The six million dollar man fue un éxito que obligó a la hechura de secuelas y spin offs para la fanaticada de El Hombre Nuclear, interpretado por Lee Majors.
Sebastián Piñera Echenique se convirtió gracias a sus desatinos y las evidencias de los “Papeles de Pandora” en el hombre de los 9, 9 millones de dólares, y es que su segundo mandato se ha caracterizado por el recurrente desmadre. Un desmadre que venía aplacándose luego que Chile lograra conjurar el levantamiento social por la vía constitucional, además de situarse ante el mundo como uno de países líderes en el proceso de vacunación y control de la pandemia en el contexto latinoamericano. Sin lugar a dudas Piñera y sus colaboradores empezaban a alegrarse y a ver la luz al final del túnel ad portas del término de su mandato, quizá fue ello lo impulsó a poner a uno de sus exministros en la carrera a La Moneda.
La catástrofe inesperada por la repentina aparición de los “Papeles de Pandora” es para Piñera, al igual que en el caso del astronauta de la serie, el estrellonazo que sitúa al presidente en el peor momento de su mandato. Imputado ante la Fiscalía Nacional por delitos tributarios, que incluyen el soborno y cohecho, ha enlodado la imagen de Chile ante el mundo. El tan cacareado estándar internacional de transparencia y pulcritud chileno, ha quedado en cuestión en virtud de la sociedad de la familia Piñera-Morel con el empresario Carlos Alberto Délano.
Circunstancias como estas no son nuevas en Chile, no han sido ajenas a la vida de Sebastián Piñera. En 1982 Piñera fue encartado por fraude en su gestión del Banco de Talca. La evasión tributaria tampoco es nueva en su historial. Siendo senador fue criticado por su actual canciller quien lo trató en los siguientes términos: “No se puede ser protagonista de la política y simultáneamente activista de los negocios”. El canciller acusaba a Piñera de usar información privilegiada para sus negocios particulares. Piñera le respondió con desparpajo: “No estoy dispuesto a ser masoquista y perder parte de mi patrimonio, si tengo la oportunidad que se me ofreció”. En buen chileno el presidente es un caradura.
Según el Centro de Investigación Periodística (CIPER) se sabe que alrededor del negocio de la Minera Dominga -proyecto extractivista de concentrado de hierro en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt en la Región de Coquimbo- la operación de compraventa con la que los Piñera-Morel llenaron sus bolsillos se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, mediante un contrato en el que se pactó el pago en tres cuotas. La última de las cuales dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación del complejo minero, decisión que dependía exclusivamente del gobierno Piñera.
El desespero en el palacio de La Moneda ha llevado al gobierno a crear cortinas de humo declarando, por ejemplo, el estado de conmoción interior y la militarización del territorio mapuche con la excusa de combatir la violencia contra las empresas forestales que operan en la macro zona sur de la Araucanía. Los ministros y la coalición de gobierno declaran la inocencia de su jefe y tildan a las denuncias como parte de operación política de desprestigio dirigida por izquierda. La oposición chilena adelanta una acusación constitucional contra el presidente por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes en materia de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, y de haber comprometido “gravemente el honor de la nación”.
Mientras tanto el malestar social crece. La muerte de una defensora de derechos humanos durante la última movilización en conmemoración de la resistencia de los pueblos originarios ha caldeado los ánimos. La Convención Constitucional es blanco de ataques por parte de la derecha en su afán por sacar algo de la primera vuelta presidencial del próximo 21 de noviembre.
Como diría la “señora Juanita”, tantas veces evocada por el expresidente Lagos, esperemos que esta vez las instituciones funcionen en la salvaguarda de la biodiversidad y la protección cautelar de los derechos humanos de los pueblos originarios en el Wallmapu (territorio mapuche) y del movimiento social. Sebastián Piñera ha demostrado una capacidad para gambetear todas las graves denuncias en su contra. “Nunca falta un roto para un descosido”, dicen en Chile, el país que El Mercurio vendió como el jaguar del neoliberalismo.
