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Mercenarios, franquicias e integración regional del crimen en América Latina

Hay que considerar que “tumbar a Maduro” se planteó como un negocio criminal, en una región en donde ya no existe un gran capo o un cartel como el de Medellín o Cali, que monopolicen los negocios ilícitos.

María Paula Torres Pinzón
Foto de Ivan Tamas en Pixabay.

Foto de Ivan Tamas en Pixabay.

El crimen latinoamericano parece ser la única organización que ha logrado una real integración regional. Desde Centroamérica hasta el sur del continente los flujos ilícitos recorren caminos, ríos y trochas. El oro que se extrae de la Amazonía colombiana se saca con cooperación de brasileños y peruanos. A través del río Paraná se contrabandean cigarrillos entre Argentina, Brasil y Paraguay. Y en un laboratorio para el procesamiento de drogas, ubicado en alguna parte de la selva amazónica, se pueden encontrar todas las nacionalidades de la región. El crimen parece hoy una gran red de cooperación que integra todos los rincones del centro y sur del continente.

A diferencia de la red de cooperación del crimen organizado, la convivencia en el vecindario no es tan fácil para los gobiernos. Los países de la región históricamente han estado en constante tensión, sumidos en litigios territoriales y disputas geopolíticas que datan de su surgimiento como Estados-Nación. América Latina es una nación todavía no construida” señalaba el expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica en diciembre de 2019. Sin embargo, en las últimas décadas, las tensiones regionales han llegado a un punto de alta polarización que se ha hecho visible en un nuevo capítulo llamado “Operación Gedeón”.

Como lo describe Joshua Goodman en el artículo publicado el pasado 2 de mayo por la Associated Press (AP), el plan parecía “sencillo”: derrocar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Todo iniciaba con una incursión militar realizada por un ejército mercenario de 300 hombres, seguido de una revuelta social y un supuesto apoyo proveniente del gobierno de Donald Trump, quien ha negado cualquier participación; este último curiosamente había ofrecido, hace no más de dos meses, una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro.

Las disputas entre los líderes políticos de la región, por fanatismos e ideologías, impiden la integración, la seguridad y el desarrollo regional. No se logran acuerdos ni siquiera en materia de una estrategia de seguridad hemisférica contra las drogas, la corrupción o el crimen organizado.

Los autores del plan fueron un mercenario ex Boina Verde llamado Jordan Goudreau, dueño de la empresa de seguridad Silvercorp, Clíver Alcalá, un ex general chavista acusado por narcotráfico, y un puñado de soldados y políticos venezolanos que se refugiaron en Colombia. Según la investigación periodística, Goudreau comenzó a interesarse por derrocar a Maduro luego de prestar sus servicios de seguridad en un concierto en la frontera colombo-venezolana en apoyo a Juan Guaidó.

Mas allá de los por menores de la operación fallida y cantinflesca, queda un gran interrogante: ¿En qué momento se comenzó a contratar en América Latina el servicio de ejércitos de mercenarios para derrocar presidentes? Esta figura de mercenarios y sus riesgos es tan antigua como El Príncipe de Maquiavelo, y ha sido empleada en Oriente Medio y África desde hace décadas, no obstante, en América Latina no se había empleado; presidentes de la región habían sido derrocados por fuerzas opositoras o revolucionarias, con apoyo de países y potencias extranjeras, pero no había ocurrido un plan similar a Gedeón.

¿Qué ha cambiado en la región para que esto fuera posible? Lo primero que hay que considerar es que “tumbar a Maduro” se planteó como un negocio criminal, en una región en donde ya no existe un gran capo o un cartel como el de Medellín o Cali, que monopolicen los negocios ilícitos. Hoy en día quien esté en capacidad y tenga la habilidad puede participar. El crimen organizado opera en la región bajo la lógica de franquicias, conectadas a través de una red de cooperación y servicios criminales especializados, y que al mejor estilo de la globalización ha logrado diversificar y deslocalizar sus negocios en la medida en que así lo considere por oferta, demanda o presión de las autoridades.

Este proceso de integración criminal inició en la década de los 90 luego de la lucha entre los carteles y el gobierno colombiano apoyado por Estados Unidos, que obligó a los carteles de la droga a repensarse. En búsqueda de un mayor anonimato, la figura de Oficina de Cobro, como organización que ofrece servicios especializados de sicariato, seguridad, lavado de activos, entre otros, fue adaptada al ecosistema criminal colombiano y exportada años después a otros países de la región.

Otro factor que facilitó la integración fue la necesidad de ampliar el portafolio criminal más allá del narcotráfico, con el fin de evitar los riesgos de incautaciones o de ser capturados; los grupos comenzaron a incursionar en negocios como el contrabando de cigarrillos, la trata de personas, y en el más lucrativo y fácil de ocultar y lavar sus ganancias: la explotación y comercialización de minerales, principalmente el oro. Naciones Unidas ya lo advertía en 2010 a través del reporte TOCTA: la globalización y especialización del crimen organizado son la principal amenaza a la seguridad nacional e internacional.

Mientras los gobiernos de la región descuidan o se disputan sus fronteras, el crimen organizado las explota: en América Latina se extraen más de 6.900 millones de dólares por la explotación ilegal de oro (Livia Wagner, 2016), principalmente extraídos de Venezuela y de la Amazonía en la triple frontera; el tráfico de madera ilícita en la frontera amazónica colombiana puede representar alrededor de 750 millones de dólares al año (Revista Semana, 2018, con base en cifras del Ministerio de Ambiente); en el rio Paraná se contrabandean cigarrillos que alcanza los 1.000 millones de dólares anuales; y la corrupción, que es el facilitador, el catalizador de todos los negocios ilícitos, solo en el caso Odebrecht en Perú pagó US$29 millones de dólares en soborno y obtuvo ganancias por US$143 millones.

Las disputas entre los líderes políticos de la región, por fanatismos e ideologías, impiden la integración, la seguridad y el desarrollo regional. No se logran acuerdos ni siquiera en materia de una estrategia de seguridad hemisférica contra las drogas, la corrupción o el crimen organizado. Por su parte, los grupos criminales cooperan, se integran, innovan en sus operaciones, diversifican su portafolio de servicios, emplean profesionales especializados, crean nuevas figuras, fijan nuevos mercados; y todo parece indicar que ahora, a este ecosistema criminal se puede agregar el negocio de mercenarios para derrocar presidentes.

María Paula Torres Pinzón

Politóloga de la Universidad Autónoma de Manizales y Magister en Relaciones Internacionales de la U. Javeriana. Asesora del Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia; analista criminal de la Policía Judicial Especializada Económico-Financiera (PEF), de la Fiscalía General de la Nación; consultora del Ministerio de Justicia y del Derecho, en política criminal, riesgos de lavado de activos, corrupción y economías ilícitas.

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