Está claro que el confinamiento en el Ecuador ha marcado otro punto de inflexión, no solo vivimos una crisis sanitaria, también estamos enfrentando una de las más duras crisis económicas y de representación política por casos de corrupción. Aquí valdría usar el tan mencionado lema: “que se vayan todos” que ha sido empleado en otras latitudes. En las últimas semanas, los casos de corrupción a manos de asambleístas, asesores, ex presidentes, directores y demás funcionarios han dejado en jaque a los ecuatorianos y ecuatorianas. Claro que habría que preguntarse realmente cuándo hemos estado bien, pero eso merece un análisis más detallado.
Hoy tenemos el escenario perfecto para la movilización social, sin embargo ¿diríamos que el Covid-19 nos tiene realmente encerrados? Sí y no. Desde mediados de abril el gobierno implementó una semaforización con restricciones según el nivel de contagio. Todo el país inició en rojo y paulatinamente algunos municipios han ido pasando a amarillo. Esto evidentemente ha suscitado posturas variopintas, sobre todo en redes sociales donde aparentemente la ciudadanía se expresa con más libertad.
El Estado hasta la actualidad no ha respondido por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra la población civil no violenta. Desde entonces, la legitimidad del gobierno de Moreno empeoró.
En las calles, los movimientos sociales se han hecho notar de manera aislada, motivados de manera general por las medidas económicas que ha tomado el presidente Lenin Moreno en plena crisis sanitaria. Todavía no ha habido movilizaciones generales, pero de un momento a otro (no de forma casual) surgirán las protestas. Tal y como sucedió en octubre de 2019, en aquel entonces parecía una movilización espontánea y originada esencialmente por la eliminación de los subsidios a los combustibles, algunos sectores seguirán afirmando esto, empero, el descontento de los movimientos sociales tiene una larga historia.
En octubre de 2019, los principales reclamos versaron, entre otros, sobre: la relación que el gobierno de Lenin Moreno ha mantenido desde el inicio de su gestión con los sectores empresariales y grupos políticos reaccionarios tradicionales del país; la Ley para el Fomento Productivo que favorecía el endeudamiento extranjero y a la banca privada; despidos masivos de funcionarios públicos; plan de austeridad que evidenció la precariedad laboral y el aumento del desempleo; acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que por experiencias del pasado derivan en duras medidas económicas para los sectores más empobrecidos.
Era el segundo año de Moreno y no daba señales claras de cumplir su plan de gobierno. Los diálogos nacionales habían sido una cortina de humo desde el 2017, en dichas mesas de trabajo los diferentes grupos sociales, empresariales, gremiales y demás expresaron sus principales necesidades para que fueran incorporadas (después de llegar a consensos) en políticas públicas, programas y proyectos concretos con el fin de mejorar la realidad económica, social, de educación, salud, entre otras, de la población. Estos diálogos se realizaron en todas las provincias. Hoy no se conoce el impacto real de estos encuentros y de la participación ciudadana en las políticas públicas.
Así llegó el Decreto Presidencial número 883, convirtiéndose en el detonante de las movilizaciones. Empezaron los transportistas, posteriormente se unieron sectores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y poco a poco se fueron incorporando sectores de trabajadores, estudiantes universitarios, grupos de mujeres feministas, entre otros. ¿Qué se consiguió con 10 días de protestas? Se derogó el decreto, no se eliminó el subsidio a los combustibles, pero el resto de demandas reposan en papel mojado.
Los representantes de los sectores sociales demandaron una auditoría y reforma de la Ley de Fomento Productivo; se solicitó transparentar los acuerdos con el FMI y sus repercusiones sociales; la separación del cargo a la ministra de gobierno y al ministro de defensa, entre otras. Estas solicitudes no obtuvieron respuesta. El Estado hasta la actualidad no ha respondido por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra la población civil no violenta. Desde entonces, la legitimidad del gobierno de Moreno empeoró.
Una vez más, ¿qué se consiguió?: muertos/as, heridos/as, encarcelados/as, desaparecidos/as… y mucha confusión (cabe revisar a detalle cómo los grupos políticos aprovecharon el momento para actuar por intereses particulares alejados de la demanda ciudadana). El Estado demostró su indolencia y su incapacidad para incorporar a la ciudadanía en el quehacer político. Quiso demostrar que tiene el monopolio de la violencia y rechazó toda su responsabilidad incluso frente a los informes de Human Rights Watch.
La protesta de octubre dejó en evidencia que los sectores sociales en el Ecuador son capaces de aguantar lo que sea necesario para hacerse escuchar, el movimiento indígena tiene un legado innegable de lucha social, independientemente de las contradicciones y diversidades existentes al interno. El gremio de transportistas, un día después de iniciar las movilizaciones y cierre de carreteras, abandonó las protestas tras conseguir un acuerdo con el gobierno, los demás sectores sociales, continuaron. Quito y Guayaquil fueron los principales escenarios. La consigna era trasladarse hasta la capital para apoyar a los manifestantes que acamparon inicialmente de manera indefinida. En Manabí, desde donde escribo, las movilizaciones fueron prácticamente nulas, recuerdo el primer o segundo día de movilización a un grupo de manifestantes en algunas calles de Portoviejo, después de eso, nada.
Quiero pensar que se trasladaron hasta Quito, quiero pensar hoy que, con muchas demandas acumuladas, están planeando su próxima salida. Quiero pensar que están esperando la luz amarilla del semáforo. El 1 de junio la CONAIE publicó que esperarán a que existan suficientes garantías para salir a la movilización social, respaldan las convocatorias presentadas por el sector obrero, estudiantil y demás organizaciones sociales. Sobran razones para tomarse las calles, como mencionaba antes, no solo por la crisis sanitaria, sino por el historial de crisis económica y de representación política que tenemos. Y justo aquí, los grupos de mujeres feministas juegan un rol fundamental. Vi con asombro cómo los grupos organizados de mujeres en Quito y en Guayaquil se posicionaron de manera radical contra las medidas del gobierno en octubre pasado, lograron transmitir su rol como ciudadanas y la urgencia de analizar las crisis con perspectiva de género. En Manabí, en cambio, vi con el mismo asombro todo lo contrario. Pero como siempre digo, no se nace ciudadano/a hay que aprender a serlo.
