Coímbra, 22 de noviembre de 2019
Estimado Presidente Iván Duque Márquez, reciba mis saludos cordiales.
Soy un cientista social portugués, fundador del Fórum Social Mundial, Profesor Jubilado de la Facultad de Economía y Director Emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Distinguished Legal Scholar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison. Desde hace muchísimos años he realizado diversas investigaciones sociológicas en Colombia y la región.
En este momento, además, soy miembro del Comité Asesor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, pero no es en esta calidad en la que le escribo. Le escribo en mi calidad de demócrata comprometido con las luchas por la paz y por la democracia en el continente, teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones he manifestado mi solidaridad con todos y todas aquellos que luchan en Colombia por la paz y por la democracia, tomo la libertad de escribir esta Carta Abierta debido a los graves acontecimientos de Colombia.
Presidente, ¿Cuántas masacres tienen que pasar para empezar a actuar? Hoy, cuando escribo esto, han sido asesinados 198 indígenas desde 2016. De esos 198, 135 han sido en su Gobierno. Pero no quiero reducir estas personas a simples números, ellas y ellos, han sido líderes y lideresas en sus comunidades, autoridades tradicionales y espirituales, de una importancia tal que no solo es el asesinato de una persona, es la afectación a toda una comunidad.
No exagero, señor presidente, al decir que lo que vemos en Colombia es un etnocidio contra una parte específica de la población: aquella que defiende y lucha por su territorio, sus tradiciones y su existencia física y cultural.
Debo recordarle, que de los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia, 39 se encuentran en riesgo de extinción tanto física como cultural3. Si a esas terribles cifras le sumamos los homicidios antes citados, el panorama es aterrador.
Luego de la firma del acuerdo de paz de 2016, las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC-EP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando el tejido social. Fruto de esta disputa, hemos visto en el último mes noticias sobre masacres en el Cauca, pero que no se limitan solo allí, pues esto es sólo la punta del iceberg de este nuevo panorama de violencias: desconocemos aún cuántas poblaciones indígenas y afrodescendientes se encuentran recluidas y aisladas en sus territorios ancestrales gracias a esta nuevo arremetida del conflicto armado.
Múltiples alertas tempranas han sido emitidas por la Defensoría del Pueblo, llamando la atención sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los líderes sociales del país. Estos líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, han sufrido la violencia sistemática de grupos al margen de la ley, en donde especialmente se ha visto un incremento en los homicidios contra personas racializadas, es decir, indígenas y afrodescendientes.
No exagero, señor presidente, al decir que lo que vemos en Colombia es un etnocidio contra una parte específica de la población: aquella que defiende y lucha por su territorio, sus tradiciones y su existencia física y cultural.
Estas últimas noticias sobre el Cauca, las cuales nos han sacudido a todos e incluso lo han llevado a usted a dirigirse personalmente a la región, no pueden resolverse proponiendo más guerra y más terror. La militarización del Cauca solo dejará más y más víctimas, ya sea por desplazamiento forzado, ya sea por fuego cruzado. Someter a la población al miedo y la zozobra, le es funcional a estos grupos armados ilegales, pues es esa su principal estrategia para obtener el tan anhelado control territorial.
Frente a esta ola de violencia, debido a estos viejos y nuevos actores armados, la mejor opción en pro de las comunidades que allí habitan es escucharlas. Un claro ejemplo de esto es la propuesta que se le ha hecho a usted de iniciar un “Plan Piloto de Erradicación y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito” de manera inmediata, en el marco del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
La situación es tan dramática, que, tan solo en el municipio de Suarez (Cauca), se encuentran en situación de riesgo 11.229 habitantes, el equivalente al 65.9% de la población total de dicho municipio. La mayoría de esta población se ubica en la zona rural, organizada mediante Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios, Asociaciones Campesinas y Juntas de Acción Comunal.
Mientras esto pasa en el Cauca, en el área rural de Buenaventura, 12.289 habitantes de distintos territorios colectivos, se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta el incremento en las intimidaciones y amenazas contra la vida, libertad e integridad de las personas, generando restricciones en la movilidad. El conflicto armado en esta parte del país, está generando grandes afectaciones territoriales de diversa índole. De igual manera, el casco urbano se encuentra en riesgo por la presencia de estructuras armadas ilegales, y los enfrentamientos por el control territorial entre los grupos armados: “Banda Local” y “La Empresa”, además de grupos autodenominados como disidentes de las FARC – EP y el Ejército de Liberación Nacional-ELN.
Recuerde presidente, que, según la cosmovisión de estas comunidades, sus resguardos y consejos comunitarios deben estar libres de grupos armados legales e ilegales, ya que ambos generan desarmonía y desequilibrio tanto en el territorio como en la comunidad.
Con el regreso de los asesinatos selectivos, del etnocidio y de la violencia en los territorios, también ha resurgido una práctica que en la década pasada aterró al país: los mal llamados falsos positivos. Acá, me quiero referir a los casos del excombatiente Dimar Torres y del joven Flower Trompeta. No se puede permitir que estos macabros acontecimientos vuelvan a ocurrir en un país que se juega el todo por la paz, la reconciliación y la no repetición.
Le pido a usted, como jefe de Estado y jefe de gobierno, condenar todas las violaciones a las garantías democráticas del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 llevadas a cabo por el siniestro Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El malestar ciudadano no puede ser objeto de estigmatización y represión. Debe rechazarse tajantemente la actitud que asumió la fuerza pública al atacar y provocar las manifestaciones pacíficas de una ciudadanía que desea un verdadero cambio.
Finalmente, presidente, Colombia hoy se encuentra en un momento histórico. Tal vez desde 1977, el país no presenciaba una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre, la cual no solo logró parar el país, sino que también nos demostró el clamor popular de estudiantes, maestros, sindicalistas, indígenas, mujeres y demás participantes del paro. La gente, tanto en los territorios periféricos como en las grandes ciudades, protestan contra su gobierno profundamente impopular y, a raíz de esto, algo debe cambiar. Deben ser escuchados sus justos reclamos y buscar una salida por el bien del país, para así poder construir una Colombia en paz.
Atentamente,
Boaventura de Sousa Santos
Publicado originalmente en El Vejo Topo: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/colombia-en-llamas/
