Hace 20 años, o más, acudí a Balalaica, un corregimiento cercano a nuestro Samaniego del alma, a registrar el resultado de un combate entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional), y las fuerzas de seguridad del Estado. No recuerdo muy bien el número de muertos. Lo que se me quedó grabado en la memoria para siempre es que un uniformado de la policía no aparecía.
Periodistas y policía nos dimos a la tarea de rastrear el terreno. Y de repente los vi: el guerrillero miraba fijamente al policía, y el policía al guerrillero. Los destrozos del lugar daban cuenta de una apasionada lucha de una parte y otra. Sus miradas distanciaban si acaso tres metros. En medio de los cadáveres un árbol frondoso. Se habrían perseguido por lo menos dos o tres horas para llegar a ese instante. Se encontraron y se mataron mutuamente. Es el resumen de la violencia que vive Colombia desde hace décadas.
Tuve miedo. Creía que habíamos sido invitados a ese juicio público que se llevó a cabo en el atrio de la capilla, para apreciar la condena: su fusilamiento
En 2020 casi cuarenta jóvenes han sido asesinados en ese lugar, incluidos los nueve jóvenes de la semana pasada. Es la tasa más alta de homicidios en Colombia. En Nariño se concentra hoy todo el horror de la guerra nacional. Pero, ¿cómo empezó este desastre en el sur de Colombia?
La otra Esperanza es el título de un relato corto de La rubia de Hamburgo y otros relatos elementales, mi primer libro de relato corto que publicó Alicia Rosell, una editora de Bilbao (España), a mediados de 2015. El relato transcurre en Sapuyes, un municipio del sur de Colombia, donde una pareja de adolescentes se escapa de una fiesta de bodas para esconderse en la mitad de sus calles silenciosas y nocturnas. La guerra aún no llegaba al sur. Era un rumor lejano y las bodas en los pueblos eran acontecimientos ilustres que se celebraban en grande. El novio de aquella ceremonia era Rafael, oriundo de la localidad de Chaitán, hoy llamada Santander, que había seducido a una bella campesina de Chambú, una vereda que oficia de límite entre la altiplanicie de Ipiales y Túquerres con la costa del Océano Pacífico.
Camionero de profesión, su hogar sucumbió a los vientos de guerra que después de muchos años llegaron desde el norte y aunque él nunca tomó partido ni entendió nada de política, fue asesinado por un grupo de paramilitares en un sitio cercano al puerto nariñense de Tumaco.
El relato tiene el nombre de La otra Esperanza por una razón sentimental. Mi primera novia también se llamaba Esperanza. Con el tiempo, las dos Esperanzas fueron quedando atrás, pero la esperanza, con minúscula, de volver a aquellos tiempos de paz ha permanecido en vilo desde entonces.
La guerra siempre fue una opción para algunos dirigentes populares que aspiraron a una paz justa y equitativa, pues eran conscientes de que la tranquilidad de estos pueblos del sur siempre fue una paz movida por la miseria, el oscurantismo y la sumisión, dirigida eficazmente por esos criminales de cuello blanco que saquearon los recursos naturales, explotaron la cruz y la espada del catolicismo con eficacia suprema y terminaron aplastando la esperanza de una vida digna. Esa era la clase de paz que respiraban en Sapuyes los dos adolescentes escapados de la boda. Lo que nunca pensaron nuestros dirigentes y los nariñenses en general, era que esa guerra no la iban a iniciar ellos, sino que vendría, en cierta forma como imposición, desde el interior del país.
Providencia era un pueblo bastante parecido a Comala, la mítica ciudad de la novela de Juan Rulfo. De casas atrofiadas por el tiempo, de techos de paja y caña brava, en su mayoría; corredores de piedra, calles polvorientas y fantasmas invisibles por todas partes
Yo viví paso a paso esta transformación de paz de crucifijos a esa guerra degenerada y cruel que se nos impuso a partir de la llegada de los actores armados a nuestros territorios. Es más, yo mismo participé en la logística e inteligencia de campo para la entrada de la entonces guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), a la zona norte de Nariño, como miembro del Frente Aldemar Londoño que tenía su base de operaciones en las selvas del Putumayo.
Afortunadamente los diálogos de este grupo con el Gobierno dieron paso a un Acuerdo de Paz firmado en 1991 para la dejación de las armas y la reinserción de sus miembros a la vida social del país. Sin embargo, de los más de 3 mil amnistiados en ese acuerdo, el 60% fueron asesinados por fuerzas oscuras del régimen, siguiendo la tradición de barrer de la faz nacional a aquellos que ingenuamente creyeron en un verdadero compromiso por la paz.
Desde principios del siglo XX, incluso desde finales del siglo anterior, desde las “guerras bobas”, los firmantes de acuerdos de paz habían sido diezmados en los meses y años siguientes. Sucedió con los guerrilleros liberales de los Llanos Orientales de Colombia, con los integrantes de la Unión Patriótica en la década de los 80 y con los miembros del EPL en los 90, sobre todo en las zonas bananeras de Urabá.
Después de aquella amnistía de la que fui partícipe me dediqué al periodismo, una profesión que siempre me llamó la atención desde muy temprana edad. Antes de trabajar para el Diario del Sur como periodista de planta, ya había fundado con mi compañera Nubia Elena la revista Nuevo Amanecer. Era una revista muy sencilla y mimeografiada en donde estudiábamos, pero a la sazón, la única que existía en la Universidad de Nariño, nacida y sostenida por los estudiantes. Fue en este contexto que viví múltiples experiencias de cómo se incubó y desarrolló la guerra en el sur de Colombia.
Al mismo tiempo que los guerrilleros del ELN diseñaban sus cárceles del pueblo, los grupos paramilitares plantaban sus semillas por todas partes bajo el mismo pretexto: la corrupción
Una tarde, cuando ya trabajaba como corresponsal de TV para un noticiero nacional y el regional Telepacífico del Valle del Cauca, alguien llamó al teléfono de casa y preguntó por el periodista. Me dijo: “A las 7, un taxi se estacionará frente a su casa. Súbase y no pregunte nada”. Lo discutimos con mi compañera. Había mucho miedo, sobre todo porque desde tiempo atrás, los gérmenes de los grupos paramilitares eran una evidencia. Había dos opciones: Ir o no ir. Ir significaba la posibilidad de ser asesinado si se trataba de grupos armados de derecha que siempre tenían, y tienen en su mira, a desmovilizados de las guerrillas. Tomamos una decisión: Iría. Le dije a Nubia Elena que si no tenía noticias mías en dos horas, llamara a la policía. Este episodio aparece como relato corto en el mencionado libro del principio.
Me subí al taxi a la hora señalada con el alma en la lengua. El conductor me miró con algo de comprensión. “¿Es usted el periodista?”, preguntó. Al obtener la respuesta que buscaba dijo: “Le tengo una `chiva´. Lo espero mañana, a las cuatro de la madrugada, en la plaza central de Providencia”. Dio la vuelta a la manzana y se aparcó frente a la casa: “Gusto en conocerlo”, dijo a manera de despedida. A los cinco minutos de haberme despedido, ya estaba con Nubia Elena. No habíamos aplacado la incertidumbre. La habíamos agigantado. Llamé a Luis Carlos, el corresponsal de Caracol TV, a Edgard González Rodríguez, corresponsal de El País de Cali y con los camarógrafos Francisco Guevara, Juan Ignacio y Nelson (no recuerdo quién más), partimos a la una de la mañana hacia Providencia, un municipio aledaño a la ciudad fronteriza de Ipiales.
Con la corresponsal de CM&, acudimos a las cumbres del Cumbal a comprobar la noticia. Se decía que los cadáveres del grupo paramilitar estaban dispersos por todo el páramo
A las 4 de la mañana, Providencia era un pueblo bastante parecido a Comala, la mítica ciudad de la novela de Juan Rulfo. De casas atrofiadas por el tiempo, de techos de paja y caña brava, en su mayoría; corredores de piedra, calles polvorientas y fantasmas invisibles por todas partes. A las siete de la mañana el ruido de un avión nos sacó del marasmo. Creíamos que era “la marrana”, como llamaban los alzados en armas a un bombardero del gobierno a quien los guerrilleros sorteaban con mucha facilidad, y nos escondimos.
Aún no habíamos visto a un solo habitante. Daba la impresión de que el pueblo había sido abandonado hacía pocas horas por algún acontecimiento inesperado. Uno de nuestros camarógrafos tiró una piedra a una puerta, y a otra, y a otra, pero nadie respondió. Parecía confirmarse nuestra sospecha de que aquel pueblo frío y sin futuro aparente había sido abandonado. Pensé que la “chiva” era esa: la huida total de los habitantes de un pueblo cuyos vecinos sufrían desde siempre el acoso de la pobreza.
Sólo a las 10 de la mañana fuimos alertados por un redoble de banda de guerra que se originaba en las afueras del pueblo. No, no era una ilusión. Allá, a lo lejos, vimos la formación perfecta de la banda de guerra del colegio del pueblo perfectamente organizados, izando la bandera de Colombia de un lado, y de otro, la bandera del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el centro, el alcalde de Ricaurte, que había sido “retenido” según la guerrilla y “secuestrado”, según las autoridades nacionales, hacía varias semanas. Se trataba del primer juicio político público de un funcionario del Estado a manos del naciente Estado propiciado por los combatientes de esa fuerza armada clandestina. Detrás desfilaba la tropa armada, al compás de la banda de guerra.
La banda de guerra y el ruido de la tropa dieron lugar al “despertar” de los habitantes de Providencia que, poco a poco, sin soltura, con miedo, con intriga y mucha curiosidad, fueron abriendo las puertas de sus casas e incorporándose a la concurrencia, testigo de la aplicación de la “justicia del pueblo” contra los corruptos administradores municipales.
Tuve miedo. Creía que habíamos sido invitados a ese juicio público que se llevó a cabo en el atrio de la capilla, para apreciar la condena: su fusilamiento. Contamos con suerte. El alcalde estaba blanco como un papel y recibió la condena con un cierto alivio: devolver un dinero que habría malgastado; renunciar de inmediato a su investidura de alcalde de la localidad costera, marcharse del pueblo y dejar para siempre la política. Todos pensábamos, incluido el alcalde, que lo iban a fusilar.
Años después, sentenciaron a trabajos forzados a un alcalde indígena del municipio de Cumbal. El nuevo Estado Popular estaba a punto de inaugurar las cárceles del pueblo. Sin embargo, materialmente, no podían sostenerlas por la movilidad permanente y el coste que representaban sus prisioneros de guerra.
Sus condenas, eso sí, eran de forzado cumplimiento. Obligaron a renunciar a un alcalde de Samaniego y a otro lo mataron, y pusieron normas que, según la guerrilla, eran necesarias para corregir los desmanes de la corrupción galopante en todo el Departamento. Como periodistas autorizados por nuestros directores, y al amparo de la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, los arzobispados, la Defensoría del Pueblo, asistimos, grabamos y abrimos con nuestras primicias los noticieros a nivel nacional, regional y local.
Al mismo tiempo que los guerrilleros del ELN diseñaban sus cárceles del pueblo, los grupos paramilitares plantaban sus semillas por todas partes bajo el mismo pretexto: la corrupción. Sospechaban que la mayoría de los alcaldes entregaba parte del presupuesto a las guerrillas. Un anónimo personaje me citó uno de esos días a otra “chiva”, esta vez a las afueras de Pasto. Se trataba de alguien que quería que le ayudara a redactar unos estatutos para la creación de un grupo de lucha contra la corrupción. Me llamó la atención algo que ya tenía escrito: Quienes integren el grupo, tendrán un salario equivalente a tres salarios mínimos y dos meses de vacaciones al año. También obligarían, según lo escrito, a todas las administraciones locales a pegar en las paredes de las alcaldías informes de cómo se habían ejecutado los presupuestos públicos. El personaje desapareció para siempre de mi vista.
Ya había iniciado por entonces una lucha implacable entre el ELN y las FARC por el control de esa zona estratégica que les daba salida al Océano Pacífico. Evidenciando un futuro negro para el sur del país, mucha gente consciente de lo que vendría quiso evitarlo. Hubo un intento de diálogo regional, pero se frustró por la negativa del Gobierno nacional, que es a quien le corresponde el mantenimiento del orden público. Y vino lo inevitable.
Desde el principio, el enfrentamiento fue cruel y la población civil la principal víctima. Por esos días, alguien dejó correr el rumor de que los paramilitares habían instalado un campamento en las mismas cumbres del nevado del Cumbal. Dijeron que las fuerzas del ELN habían tomado el campamento y habían diezmado a los integrantes que, tal cual se señalaba, habían sido reclutados a la fuerza en las poblaciones de Chiles, Nazate, Panán y el mismo Cumbal.
Con la corresponsal de CM&, acudimos a las cumbres del Cumbal a comprobar la noticia. Se decía que los cadáveres del grupo paramilitar estaban dispersos por todo el páramo. Desde los primeros frailejones, divisamos gran cantidad de gente. No alcanzamos a distinguir si eran militares u otro tipo de personas. Volvió el temor. Pero con la firmeza de siempre, avanzamos hacia la supuesta fuente de la noticia. Se trataba de campesinos. Habían escuchado el mismo rumor y buscaban entre los pajonales algún cadáver. Supuestamente, aunque no lo manifestaban, buscaban a sus hijos, nietos, novios o amigos. Pero nunca encontramos nada. Sí encontramos al final de la larga falda de frailejones, en el interior del bosque que la coronaba, ollas vacías, frazadas, desperdicios de comida y una larga lista de objetos como prueba de que allí estuvo por largo tiempo refugiado un gran número de personas.
Uno de los comandantes rebeldes, cuando le pregunté qué venía ahora, se limitó a invitar a la fuerza pública a un enfrentamiento sin restricciones para definir de una vez por todas quién era quién en el sur del país.
En todo caso, la lucha entre paramilitares y guerrilleros empezó desde ese momento. Un secuestro masivo por parte de un Frente de las FARC de 51 candidatos a alcaldías, concejos municipales, asamblea departamental, a cuya liberación en el municipio de Mosquera, acudí por invitación de la Iglesia, evidenció la preocupación de los grupos armados de izquierda por estos mercenarios sin piedad que, según se decía, iban con aserradoras en mano cercenando cuerpos e incendiando pueblos.
También el ELN retuvo (¿secuestró?), esta vez, a 4 alcaldes: El de Ipiales, Aldana, Cumbal y Ricaurte, con la finalidad de denunciar la inoperancia de las autoridades departamentales frente al desembarco de tropas paramilitares en la costa nariñense, y otra vez pedir al Gobierno nacional la autorización para un diálogo regional. No hubo tal. La guerra inició de esta manera un rumbo sin regreso. Miles de campesinos, ciudadanos, líderes sociales, indígenas, comerciantes, estudiantes, funcionarios públicos, han caído víctimas de los actores armados en el departamento.
Los grupos armados lanzaron una temeraria estrategia: toma de pueblos, incendio de oleoductos, retenciones masivas de funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas en acciones como la toma del Cerro de Patascoy, situado en las cumbres del volcán Galeras. Llegó a tal su confianza en el triunfo revolucionario que en una ocasión sitiaron prácticamente a la ciudad de Pasto. Tomaron la vía Mocoa – Pasto, desde la Cocha hasta Mocoa al mismo tiempo que sacaban a los miembros de las comisarías policiales de varios municipios estratégicos. Uno de los comandantes rebeldes, cuando le pregunté qué venía ahora, se limitó a invitar a la fuerza pública a un enfrentamiento sin restricciones para definir de una vez por todas quién era quién en el sur del país. Con ese objetivo, ordenó la evacuación total de la población civil de esa zona. La fuerza pública no acudió, y los “faruchos” se retiraron con la decepción de no haber podido demostrar quiénes eran.
El Ejército Nacional no era capaz de derrotar a los alzados en armas, pues tenía el obstáculo de la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de Gentes. Esta es una de las razones por las que el régimen acudió a la misma fórmula de la guerra de guerrillas: la clandestinidad, la sorpresa, la movilidad permanente. Sólo que estos mercenarios acudieron al terror civil antes que al enfrentamiento armado directo con el enemigo. Al pez había que quitarle el agua. Trasladaron el mismo terror que ya practicaban en el resto del país: masacres indiscriminadas y despiadadas de la población civil, colaboradores y sospechosos de colaboración con las guerrillas; desapariciones forzadas, éxodos masivos, tortura y sufrimiento de un pueblo que nunca ha merecido tal suerte. Hoy la violencia ha alcanzado niveles de horror.
Nariño, de esa paz de letargo y sumisión, en pocos años pasó a un nivel de violencia de crímenes de lesa humanidad. Esperanza, que en aquella lejana noche de festejo del matrimonio de su hermano en Sapuyes, lloró de alegría en sus calles silenciosas, después la encontramos llorando ante el cadáver de su hermano. Uno de estos grupos criminales, reunió en una casa, cerca al puerto de Tumaco, a todos y todas aquellas personas que consideraba colaboradores de la guerrilla y los masacró sin fórmula de juicio; entre ellos estaba Rafael, el novio de Sapuyes, cuya muerte dejó en vilo a toda una familia y a todo un mundo que siempre ha aspirado a la paz.
Escribir la nueva y atroz historia es una necesidad vital para que las víctimas no caigan en el olvido. De alguna manera lo estamos haciendo, con la convicción de que es una barrera contra todo tipo de violencia. Es lo que urge hacer hoy en día, todos y todas, incluidos los nostálgicos del colonialismo español.
