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El garrote y la zanahoria, las dos caras del crimen organizado

A través de mensajes amenazantes y un uso desmedido de la violencia, las organizaciones criminales han enviado mensajes intimidatorios de violencia y control territorial; una suerte de estrategia basada en garrote para aquellos que desobedezcan, y zanahoria para quienes mantengan el orden que el crimen impone.

María Paula Torres Pinzón
Crimen y mafias

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Las organizaciones delincuenciales han demostrado durante la pandemia toda su capacidad de mercadeo y publicidad criminal. Han empleado mensajes de texto, grafitis, panfletos e incluso visitas puerta a puerta en los barrios, como medios de comunicación para llevar a las comunidades sus mensajes de solidaridad o de terror. Una mezcla entre responsabilidad social criminal y agentes del terror; ambos mecanismos empleados para mantener sus negocios ilícitos y para sostener una gobernanza criminal en los territorios de su influencia.

Mediante un uso desmedido de la violencia, las organizaciones criminales han enviado mensajes intimidatorios de violencia y control territorial

En México, por ejemplo, los carteles han dado cátedra de mercadeo criminal al distribuir alimentos y suministros médicos en cajas identificadas con sus logos y nombres. En Brasil, la organización narcotraficante Comando Vermelho (Comando Rojo) y sus células han empleado su capacidad disuasiva y violenta para mantener medidas de cuarentena y aislamiento estricto, amenazando a quienes incumplan las medidas sanitarias, pero también entregando implementos de aseo y desinfectantes en la comunidad. Un comportamiento similar ha tenido la pandilla Barrio 18, en Guatemala, en donde por un lado suspendió los cobros extorsivos a comerciantes, mientras que, por otro lado, su facción en El Salvador ha atemorizado a los habitantes bajo amenaza de muerte o del uso de la violencia contra quienes desobedezcan las medidas de cuarentena establecidas. 

El caso más dramático ha sido el de Colombia, un país en donde las organizaciones criminales “están imponiendo medidas draconianas para controlar la epidemia”, como lo señaló José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW). A través de mensajes amenazantes y un uso desmedido de la violencia, las organizaciones criminales han enviado mensajes intimidatorios de violencia y control territorial; una suerte de estrategia basada en garrote para aquellos que desobedezcan, y zanahoria para quienes mantengan el orden que el crimen impone. 

Las masacres de jóvenes que salen a festejar o a entregar su tarea, incumpliendo las medidas impuestas por el imperio de las organizaciones criminales, son interpretadas por la comunidad como un mensaje de terror

Esta situación de terror se hizo latente en la región del Pacífico colombiano el 9 de agosto, cuando dos jóvenes de 12 y 17 años fueron asesinados en el municipio de Leiva, Nariño, mientras caminaban hacia el colegio para llevar su tarea. Dos días después, el 11 de agosto, cinco adolescentes, entre 14 y 15 años, fueron brutalmente asesinados en el sur de Cali. Como si la masacre de estos siete niños no fuera suficiente, menos de una semana después, el 15 de agosto, en zona rural del municipio de Samaniego, Nariño, hombres encapuchados y armados llegaron en dos motocicletas y dispararon indiscriminadamente contra los 50 jóvenes que se encontraban reunidos, departiendo y festejando en medio de la cuarentena obligatoria. Como consecuencia, ocho jóvenes fueron asesinados, en su mayoría estudiantes universitarios, de entre 19 y 26 años, que habían llegado al municipio para pasar la cuarentena con sus familiares. Autoridades locales y miembros de la comunidad han señalado como responsables a grupos armados que se disputan el control territorial y que, en días pasados, venían advirtiendo a la comunidad que serían “destruidas” las personas que encontraran consumiendo licor en fiestas clandestinas, desobedeciendo las medidas de aislamiento y cuarentena. 

Como lo señaló la Misión de Verificación de la ONU en Colombia en su comunicado del 17 de agosto, en el país se han presentado una serie de “hechos violentos, con serios impactos humanitarios”, en territorios caracterizados por presencia de grupos amados ilegales, pobreza y fuertes disputas por el control de las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. En lo que va del año, la ONU ha documentado 33 masacres y realiza seguimiento del asesinato de 97 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 45 ya han sido verificados. 

Esta situación genera la urgencia de enfocar los esfuerzos estatales hacia el desarrollo de estrategias que permitan el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las FARC en 2016

Las masacres de jóvenes que salen a festejar o a entregar su tarea, incumpliendo las medidas impuestas por el imperio de las organizaciones criminales, son interpretadas por la comunidad como un mensaje de terror y miedo que envían estos grupos para demostrar autoridad ante la comunidad o frente a grupos competidores que se disputan zonas estratégicas para sus negocios ilícitos. 

Nariño es un departamento estratégico para los negocios ilegales de los grupos armados, principalmente para la industria de la cocaína. Es un departamento que actualmente presenta el 24% de las hectáreas de coca del país (36.964), siendo la zona del municipio de Samaniego uno de los enclaves productivos de coca en donde se ha identificado que se presentan los mayores rendimiento de los cultivos ilícitos y mejores precios por sus productos derivados (SIMCI-UNODC, 2020); en esta región se presenta un potencial de producción de cocaína de 232.873 kilogramos, una oferta que puede representar ingresos por COP$24,2 millones por hectárea cultivada, configurándose como un negocio altamente rentable en una zona con cerca de una docena de organizaciones criminales, grandes y medianas, que se disputan el control territorial y las economías ilícitas.

La población que habita en los territorios afectados por cultivos ilícitos no solo se encuentra bajo las condiciones impuestas por la red de actores que opera el negocio, sino que también presenta condiciones socioeconómicas precarias: 27% de las personas viven en condición de pobreza (NBI- 2018); solo el 57% de viviendas tienen cobertura de servicio de acueducto, 18% presentan niveles de escolaridad académica; 48% de los territorios tienen rezago de rendimiento agropecuario; y, durante el 2018, 80% de los homicidios y desplazamientos ocurridos en el marco del conflicto armado, sucedieron en estos territorios (SIMCI- 2019).

Bajo estas condiciones es posible afirmar que la tiranía de las organizaciones criminales es el modelo de gobernanza que durante la pandemia ha imperado en estos territorios. El monopolio de las armas, el imperio de la ley y la presencia estatal parecen haber desaparecido. Esta situación genera la urgencia de enfocar los esfuerzos estatales hacia el desarrollo de estrategias que permitan el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las FARC en 2016. Principalmente en los puntos relacionados con la reforma rural integral y la lucha contra las organizaciones criminales; como la oportunidad de generar condiciones socioeconómicas que sustituyan las economías ilícitas por lícitas y a los actores ilegales por legales, que lleven el Estado de Derecho a estos territorios bajo acciones sostenidas en el tiempo, más allá de indicadores de efectividad de la fuerza pública, que si bien han mostrado avances en los últimos años, no resultan en el desmantelamiento de organizaciones criminales ni en descapitalizar o desestimular las economías ilícitas que controlan. Se requiere entonces de un esfuerzo estatal que dimensione las necesidades particulares de los territorios y proteja efectivamente a su población.

María Paula Torres Pinzón

Politóloga de la Universidad Autónoma de Manizales y Magister en Relaciones Internacionales de la U. Javeriana. Asesora del Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia; analista criminal de la Policía Judicial Especializada Económico-Financiera (PEF), de la Fiscalía General de la Nación; consultora del Ministerio de Justicia y del Derecho, en política criminal, riesgos de lavado de activos, corrupción y economías ilícitas.

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