Por Avantika Mehta, periodista independiente con sede en Nueva Delhi. Cubre temas relacionados con la ley, el género y el crimen. Estudió en el Programa de Escritura Creativa de la Universidad de Iowa y además escribe ficción.
Para las diez de la mañana las tiendas están abiertas, pero en Sangli, a 376 kilómetros de Mumbai, los productos en las estanterías acumulan polvo. Kiran Deshmukh se despertó sin mucha prisa. Las calles vacías significaban que tenía poco que hacer.
Deshmukh lleva 27 años ejerciendo como trabajadora sexual en Sangli. Tenía solo 16 años cuando huyó de Pune y llegó a la ciudad por accidente: como nunca había subido a un tren, se bajó en Sangli creyendo que era Calcuta. Disfruta de la libertad que le proporciona el trabajo sexual, sobre todo de la posibilidad de trabajar con su propio horario y en sus propias condiciones. Esto le ha permitido comprar una casa y criar y educar a tres hijxs. Deshmukh también ha trabajado durante más de una década para Sangram, una organización dedicada a la prevención de la violencia de género y el VIH/SIDA. Ahora está a cargo de la sucursal de Sangli. Últimamente, con la escasez de trabajo y las peleas por los clientes, también se ha encargado de mantener la paz entre lxs miembros de su comunidad.
Por la noche, Deshmukh comienza a hacer sus rondas. A las 3 de la mañana del día siguiente se retira a la cama, exhausta, hambrienta y sin ganancias acumuladas durante la noche. Incluso sus clientes habituales dudan en visitarla por miedo a la transmisión del Covid-19.
La mayoría de las 1,26 millones de trabajadoras sexuales de la India, según un informe de la Organización Nacional de Control del SIDA (NACO, por sus siglas en inglés) de 2010-2011, se vieron afectadas por el confinamiento (otra encuesta realizada en 2016 por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA (ONUSIDA), calculó que la población de trabajadorxs sexuales de la India era de 657.800, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor). No existen datos gubernamentales sobre esta comunidad, que siempre ha vivido en la periferia de la sociedad india. Esta falta de datos podría tener un impacto real tras la propagación del Covid-19.
Sin tiempo para prepararse
El 25 de marzo de 2020, el gobierno indio impuso el confinamiento en respuesta al brote viral. El Primer Ministro Narendra Modi anunció la decisión del gobierno solo un día antes, el 24 de marzo. De la noche a la mañana, millones de trabajadorxs migrantes se encontraron varadxs, sin posibilidad de ganar dinero para cubrir sus gastos de manutención o viajar de vuelta a casa. Su situación empeoró cuando se prohibieron los desplazamientos entre estados, aunque la aplicación de esta prohibición fue poco uniforme.
Para lxs trabajadorxs sexuales de la India, esto significó no tener clientes. Lo repentino del anuncio lxs dejó sin tiempo para prepararse. Como muchxs trabajadorxs sexuales, Deshmukh tenía escasos ahorros, antes del Covid-19 ganaba 500 rupias por cliente.
El gobierno declaró inicialmente que el confinamiento duraría 21 días. Luego, como el Covid-19 se extendió rápidamente por las ciudades indias, el confinamiento fue prolongado cuatro veces hasta el 31 de mayo de 2020. Durante tres meses, Deshmukh, como muchxs indixs, permaneció en su casa alquilada. No pudo comunicarse con sus hijxs ni con sus colegas, su clientela desapareció. Aquejada por enfermedades preexistentes como el VIH-2 y una hernia crónica, Deshmukh no podía viajar ni siquiera para conseguir medicamentos o ver a un médico. Finalmente, pudo conseguir medicamentos con la ayuda de Sangram, pero no encontró alivio para el dolor constante en la ingle.
En 2011, la Corte Suprema de la India defendió el derecho de lxs trabajadorxs sexuales adultxs a una vida digna. A pesar de ello, el 24 de septiembre el Tribunal Superior de Mumbai tuvo que reiterar la ley y ordenar a las autoridades locales que pusieran en libertad a tres mujeres adultas recluidas ilegalmente en una institución correccional estatal de la ciudad.
El 22 de marzo, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar envió una notificación a todos los hospitales de la India para que se prepararan a recibir una afluencia de casos de Covid-19. La recomendación también señalaba que la gente no debía acudir a las consultas externas habituales y daba prioridad a la atención de quienes presentaban gripe y otros síntomas asociados al Covid-19. Incluso después del fin del confinamiento, las salas de aislamiento significaban que lxs trabajadorxs sexuales no podían acudir a los hospitales. Después de mucho caos, lxs trabajadorxs sexuales de Sangli se enteraron de que se estaban distribuyendo medicamentos y ayuda médica en una clínica local cercana. Pero, al no haber ningún anuncio oficial por parte del estado, sólo unxs cuantxs consiguieron recibir ayuda.
Para obtener alimentos, lxs trabajadorxs sexuales de Sangli dependían de Sangram y no del gobierno. Si no fuera por esta ayuda y otros planes similares de las ONG de toda la India, lxs trabajadorxs sexuales se habrían muerto de hambre, según Sudhir, unx trabajadorx sexual transgénero de Sangli. Sin dinero para el alquile, y con unas facturas de agua y electricidad cada vez más elevadas, Sudhir, Kiran y otrxs trabajadorxs sexuales pidieron préstamos a prestamistas informales, con unas tasas de interés que oscilaban entre el 40 y 50 por ciento.
La situación resultaba más difícil para lxs trabajadorxs sexuales de las zonas urbanas, donde la aplicación del confinamiento fue más uniforme y pronunciada. Un estudio titulado “Modelado del efecto del cierre continuo de áreas de zona roja en la transmisión de Covid-19″, publicado inicialmente en mayo de 2020 por investigadorxs de la Facultad de Medicina de Harvard, el Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Salud Pública de Yale, afirmaba que el cierre de los barrios rojos en Mumbai, Nueva Delhi, Nagpur, Calcuta y Pune reduciría el número de nuevos casos de Covid-19 en un 72 por ciento y las muertes en un 63 por ciento. El estudio fue ampliamente difundido en los medios de comunicación indios. Lxs trabajadorxs sexuales y las ONGs se movilizaron contra el estudio, señalando que no había sido revisado por expertxs, y algunxs afirmaron que los resultados se habían visto influidos por prejuicios. Tras el escándalo, el 8 de julio se informó que Yale encargó una revisión del controvertido estudio.
Con el anuncio del confinamiento nacional, los barrios rojos se convirtieron en zonas prohibidas. Las autoridades bloquearon todos los caminos de entrada y salida, a diferencia de otras zonas en las que el confinamiento se aplicó de forma más relajada. Como las ONGs y las organizaciones de ayuda que vigilan los derechos de lxs trabajadorxs sexuales no pueden llevar a cabo su labor, muchxs trabajadorxs sexuales también denunciaron haber sido detenidxs por la policía local sin motivo alguno. En 2011, la Corte Suprema de la India defendió el derecho de lxs trabajadorxs sexuales adultxs a una vida digna. A pesar de ello, el 24 de septiembre el Tribunal Superior de Mumbai tuvo que reiterar la ley y ordenar a las autoridades locales que pusieran en libertad a tres mujeres adultas recluidas ilegalmente en una institución correccional estatal de la ciudad.
Lxs trabajadorxs sexuales que viven en las ciudades, la mayoría procedentes de pueblos de toda la India así como de otras zonas de Asia del Sur, se encontraron hacinadxs en espacios reducidos, con escasas perspectivas de trabajo y desatendidxs por el gobierno. Aunque el gobierno anunció varios paquetes económicos y planes de distribución pública para suministrar a lxs ciudadanxs con bajos ingresos las necesidades básicas, para solicitar estos programas se requerían inicialmente documentos de identificación como tarjetas de racionamiento y tarjetas por debajo del umbral de pobreza (BPL). Más del 43 por ciento de lxs trabajadorxs sexuales indixs no tienen una tarjeta de racionamiento y sólo el 13 por ciento tiene una tarjeta BPL, según informó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) basándose en entrevistas realizadas en 2006. Quienes sí tenían los documentos estaban confinadxs y tenían solo dos días para solicitar ayuda, señalaron lxs trabajadorxs sexuales. Al final, muchxs no pudieron conseguir alimentos básicos y medicinas de los paquetes de ayuda del gobierno durante meses.
Sudhir tiene 45 años y forma parte de la población hijra de la India. Estudió ingeniería y encontró un trabajo cerca de Sangli para mantener a su madre y a sus dos hermanas. Desgraciadamente, Sudhir fue atacadx por sus supervisorxs debido a su identidad transgénero.
En mayo, Prerana realizó una encuesta en la zona roja de Mumbai para medir las condiciones de vida y sociales de lxs trabajadorxs sexuales. Los resultados fueron impactantes. La ONG descubrió que la mayoría de lxs trabajadorxs sexuales de Kamathipura y Falkland Road (60 y 73 por ciento respectivamente) dependían de las donaciones de alimentos de las ONG y de la sociedad civil. El 46 por ciento de las mujeres de Falkland Road, en Mumbai, había contraído un préstamo tan sólo entre el 1 y el 15 de abril. Muchas habían pedido varias veces 10.000 rupias a prestamistas sin saber el tipo de interés que tendrían que pagar.
Para la mayoría de lxs trabajadorxs sexuales, el mayor gasto era el alquiler. La encuesta de Prerana reveló que la mayoría pagaba entre 6.000 y 9.000 rupias por una sola habitación, y eso era por encima de lo que costaba alquilar habitaciones para el negocio en los burdeles. En Sangli, Deshmukh paga 5.000 rupias a un burdel de Gokulnagar cerca de su casa, donde se reúne con los clientes. Otras tienen que pagar por hora o arriesgarse a atender a los clientes en cualquier callejón oscuro que encuentren, lo que supone sus propios riesgos.
La comunidad hijra
Sudhir tiene 45 años y forma parte de la población hijra de la India. Estudió ingeniería y encontró un trabajo cerca de Sangli para mantener a su madre y a sus dos hermanas. Desgraciadamente, Sudhir fue atacadx por sus supervisorxs debido a su identidad transgénero. Al final, cuando el acoso se hizo insoportable, dejó su trabajo de ingenierx y regresó a su pueblo. Allí conoció a otras personas de la comunidad transgénero y empezó a trabajar en Sangram. La falta de alternativas lx llevó al trabajo sexual.
Como parte de la comunidad hijra, Sudhir debe seguir reglas estrictas. Antes de la decisión de la Corte Suprema de la India de 2014 de reconocer el tercer género, la comunidad hijra era objeto de un acoso brutal en virtud de las leyes de la época colonial. Seis años después, el estigma social y la naturaleza autocontrolada de su sociedad siguen prácticamente intactos.
Lxs hijras viven en el seno de su comunidad y responden ante unx anciana o tutorx, conocidas como nayaks y gurus. Las normas que se les imponen son inamovibles: Sudhir afirma que lxs hijras no pueden decir abiertamente que ejercen el trabajo sexual y es probable que sean rechazadxs si lo revelan públicamente. Lxs que, como Sudhir, dicen la verdad sobre su trabajo no pueden participar en otras actividades generadoras de ingresos de la sociedad hijra.
A pesar de estas normas, según la estimación de la Organización Nacional de Control del SIDA (NACO), de lxs 62.137 personas transgénero de la India, el 62 por ciento se dedicaba al trabajo sexual.
Después que activistas transgénero escribieran al gobierno de la unión sobre su difícil situación, se anunció que el Instituto Nacional de Defensa Social (NISD, por sus siglas en inglés), bajo el Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento, concedería 1.500 rupias al mes a lxs miembros de la comunidad. La solicitud de la subvención estaba disponible en el sitio web del NISD, por lo que era inaccesible para las personas que no tuvieran computadoras o datos en sus teléfonos móviles. Quienes no sabían leer ni escribir se sintieron perdidxs. Solo unxs pocxs pudieron completar los formularios necesarios para obtener la ayuda. Al cabo de cinco días, el formulario dejó de estar disponible en el sitio web y, hasta el momento de publicar este artículo, permanece inaccesible. Sólo 24 de lxs 75 solicitantes de Sangli han recibido alguna subvención hasta la fecha. Después del primer mes, los fondos del gobierno dejaron de llegar. Nadie ha recibido ni un céntimo desde abril, afirmó Sudhir.
En una entrevista con The Wire, Meera Sanghamitra, activista trans y coordinadorx de la Alianza Nacional del Movimiento Popular de Telangana, confirmó que menos del uno por ciento de la comunidad transgénero de la India ha recibido ayuda del NISD.
La aniquilación de los medios de subsistencia de lxs trabajadorxs sexuales provocada por el Covid-19 ha resaltado estas cifras. Sangeeta, de 36 años, recuerda la muerte de una amiga pocos días después de que se impusiera el confinamiento.
Sudhir dependía de Sangram para la comida y de algunxs clientes que le depositaban dinero en su cuenta de Gpay de vez en cuando para pagar el alquiler y las facturas. En su hogar, su madre y sus hermanas dependían de sus ingresos. Esto le creaba más presión, aumentando su depresión y ansiedad hasta niveles casi inmanejables. «He pensado mucho en el suicidio en estos últimos seis meses», dijo.
Privadas de apoyo
En un estudio de 2019, «Intentos y tendencias de suicidio entre lxs trabajadorxs sexuales comerciales principiantes y ya establecidxs», lxs investigadorxs descubrieron que 68 de lxs 100 trabajadorxs sexuales entrevistadxs con edades entre los 18 y los 28 años realizaron un intento de suicidio al menos una vez en su vida. Treinta y dos habían intentado acabar con su vida al menos dos veces ese año. El estudio descubrió que existía una fuerte relación entre el número de años de trabajo sexual comercial y el número y el patrón de intentos de muerte por suicidio. Incluso entre lxs trabajadorxs más experimentadxs, con edades entre los 30 y los 45 años (de lxs que se entrevistó a otrxs 100), 70 habían realizado un intento en los últimos dos años.
La aniquilación de los medios de subsistencia de lxs trabajadorxs sexuales provocada por el Covid-19 ha resaltado estas cifras. Sangeeta, de 36 años, recuerda la muerte de una amiga pocos días después de que se impusiera el confinamiento. Sangeeta conoció a Neha (nombre cambiado) cuando ayudaba a la Red Nacional de Trabajadorxs Sexuales (NNSW, por sus siglas en inglés) a realizar una encuesta para saber qué necesitaba la gente. La joven estaba muy preocupada y no paraba de decir que no tenía dinero ni clientes y que tenía fiebre. Seguía preguntando cuándo terminaría el confinamiento, recuerda Sangeeta.
La voz de Sangeeta se quiebra al contar la historia de Neha. «Le dije que todxs estamos en la misma situación… Le dije que me reuniría con ella cuando terminara mi trabajo para NNSW ese día». Esa fue la última vez que alguien vio a Neha con vida. La joven de 30 años fue encontrada muerta a la mañana siguiente en su habitación alquilada. Nadie oyó sus gritos; sólo su arrendador fue a verificar qué pasaba a primera hora de la mañana.
Para empeorar las cosas, los servicios de ambulancia locales se negaron a transportar los restos de Neha hasta su familia en Karnataka. Finalmente, unx amigx con coche y licencia aceptó hacerlo, pero pidió 40.000 rupias por las molestias.
Sudhir también recordó a unx compañerx de la comunidad transgénero que murió por suicidio durante el confinamiento. La persona vivía solx en un pueblo a 50 kilómetros de Sangli. El confinamiento lx aisló de la comunidad hijra. Debido al estigma y al abandono familiar, lxs personas transgénero son más proclives a la depresión en todo el mundo y lo mismo ocurre con lxs hijras de India. Sudhir recordaba que lx colega lx llamaba repetidamente en un estado de ansiedad. Las restricciones de movimiento impedían que nadie de la comunidad pudiera visitarlx o llevarlx a Sangli. Pasaron dos días antes de que Sudhir y otrxs miembros de la comunidad se enteraran de la muerte de su amigx.
Quienes permanecieron en los barrios rojos urbanos se enfrentaron a una situación diferente. El confinamiento había terminado, pero sin el regreso de lxs trabajadorxs migrantes, no tenían clientes.
Para contrarrestar los patrones de autolesión de lxs trabajadorxs sexuales, miembros de la comunidad como Kiran y Sudhir, en colaboración con Sangram, NNSW y Prerana, realizan regularmente conversaciones por Zoom con otrxs miembros. En estas conversaciones se habla de seguridad, de protección contra el Covid-19 y de temas de salud mental.
La vida después del confinamiento
El 1 de julio, el gobierno indio anunció medidas de flexibilización, con una apertura gradual en varias fases fuera de las zonas de confinamiento. En la última fase, el Desconfinamiento 6.0, se han abierto algunos centros de enseñanza superior para lxs estudiantes de posgrado. Después de meses de vivir a duras penas, y con la continua propagación del Covid-19 por todo el país, parece haber poco margen para el trabajo sexual que exige proximidad física. Muchxs trabajadorxs sexuales de grandes ciudades como Delhi, Mumbai y Calcuta han vuelto a sus pueblos.
Pero mientras lxs trabajadorxs migrantes atravesaban el país sólo para ser rechazadxs por la gente de sus pueblos, a lxs trabajadorxs sexuales también se les impedía volver a casa. Muchas mujeres expresaron esta preocupación a lxs voluntarixs de Prerana. Estaban segurxs de que sus familias no lxs acogerían si no tenían dinero que ofrecer.
Quienes permanecieron en los barrios rojos urbanos se enfrentaron a una situación diferente. El confinamiento había terminado, pero sin el regreso de lxs trabajadorxs migrantes, no tenían clientes. En los lugares donde sí los había, la continua propagación del Covid-19 asustaba tanto a los antiguos como a los nuevos clientes, a pesar de que la comunidad de trabajadorxs sexuales hacía lo posible por limitar la transmisión.
Al igual que con el VIH, lxs trabajadorxs sexuales no han tardado en conocer los modos de transmisión del Covid-19 y en educar a sus clientes. En toda la India, lxs trabajadorxs sexuales han desarrollado directrices de seguridad. Sus clientes tienen que llevar una mascarilla y no pueden quitársela, ni siquiera durante el coito. Los besos ya no están permitidos. En los burdeles y espacios de trabajo privados, lxs trabajadorxs sexuales mantienen baldes fuera de sus habitaciones y piden a los clientes que se laven las manos y los pies. Los desinfectantes son imprescindibles, y a los clientes se les pide que dejen los zapatos fuera y se laven los pies antes de entrar en las habitaciones. Si un cliente se niega a hacerlo, no se le permite entrar en la habitación o en el burdel y lxs trabajadorxs sexuales suspenden sus servicios.
En las zonas rojas urbanas, como la calle GB de Nueva Delhi, los burdeles han instituido las mismas directrices. La mayoría de los edificios tienen grandes botellas de desinfectante y cajas con mascarillas en los vestíbulos. Los clientes se quejan de que las medidas no son placenteras. Pero lxs trabajadorxs sexuales explican que se trata de la seguridad de todxs, afirma Neha (nombre cambiado a su pedido), que dirige un burdel en la calle GB. Debido a una investigación inadecuada y a la desinformación generalizada sobre los modos de transmisión del Covid-19, la pandemia ha asustado incluso a lxs trabajadorxs sexuales que se enfrentaron al virus del VIH.
A cambio de proporcionar placer digital, lxs trabajadorxs sexuales pueden ganar hasta 300 rupias (un fuerte descenso respecto a las 500–600 rupias de los servicios presenciales).
Pushpa (nombre cambiado a su pedido) está sentada junto a Neha mientras bebemos agua a sorbos, en el septiembre más caluroso en Nueva Delhi en una década. La noticia de que hay portadorxs asintomáticxs del coronavirus también ha sacudido a la comunidad. Eso, y la posibilidad de exponerse a alguien que esté enfermx y no tome precauciones, ha hecho que insistan en unas directrices estrictas para la prestación de servicios. No todo el mundo entiende o aprecia que lxs trabajadorxs sexuales les instruyan sobre las medidas de seguridad y la institución de estas medidas ha provocado pérdidas económicas, afirma Pushpa. «Pero eso es mejor que perder nuestras vidas», añadió.
Muchxs trabajadorxs sexuales han encontrado formas alternativas de hacer negocios. Amol, un trabajador sexual de 27 años, recurrió a apps de citas como Grindr para encontrar nuevos clientes. Él y otrxs trabajadorxs sexuales están normalizando el uso de chats de vídeo y voz de Whatsapp y el cibersexo, en lugar de las relaciones presenciales.
Esto disminuye el riesgo de infección tanto para lxs trabajadorxs sexuales como para los clientes, que no tienen que entrar en contacto físico. A petición expresa, lxs trabajadorxs sexuales envían fotos y vídeos grabados. Sin embargo, conscientes de su intimidad y de las historias de hombres que suben vídeos comprometedores sin consentimiento, siempre piden a los clientes que borren los archivos multimedia una vez que han terminado, dijo Amol.
Estos nuevos métodos no están exentos de riesgos y dificultades. A cambio de proporcionar placer digital, lxs trabajadorxs sexuales pueden ganar hasta 300 rupias (un fuerte descenso respecto a las 500–600 rupias de los servicios presenciales).
No es inusual que lxs trabajadorxs sexuales presten servicios para que luego el cliente les diga que sus datos no funcionan, o que después les enviarán el dinero a través de Google Pay. Pero estas promesas casi nunca se cumplen. Apagan sus teléfonos, dejando a lxs trabajadorxs en la imposibilidad de encontrarlos o localizarlos para exigirles el pago.
Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) como Amol llevan dos vidas. Sus familias no saben que son trabajadores sexuales: muchos dicen que tienen un turno de noche en una oficina o que conducen taxis por la noche. Llevan pantalones y camisa durante el día en casa y se visten como mujeres por la noche.
El carácter clandestino de su medio de subsistencia hace que los HSH y lxs trabajadorxs sexuales transgénero sean especialmente vulnerables al chantaje. Las trabajadoras sexuales no están exentas. Kushwa (nombre cambiado a su pedido), una trabajadora sexual de Maharashtrian de 30 años, presentó recientemente una denuncia penal contra un cliente por distribuir vídeos comprometedores a sus amigxs sin su consentimiento. El hombre intentó primero chantajear a Kushwa, pero ella no tenía dinero para pagarle. Entonces él empezó a vender los vídeos a lxs conocidxs de ella. Como muchxs trabajadorxs sexuales, Kushwa oculta su profesión a su familia, incluidxs sus dos hijxs.
Estxs trabajadorxs sexuales tienen una amarga elección: morir de hambre o acudir a la oficina de asistencia jurídica del distrito sabiendo que su comunidad las condenará al ostracismo a ellxs y a sus hijxs si lxs descubren.
NNSW y Sangram ayudaron a Kushwa a presentar una denuncia ante la policía local. Sus trabajadorxs le enseñaron a presentar un primer reporte informativo. Al principio, la policía no quiso incluir en la denuncia que Kushwa era una trabajadora sexual, diciendo que eso debilitaría su caso. Pero Kushwa insistió, ya que cuando el caso llegara a los tribunales, el tribunal probablemente sacaría conclusiones desfavorables si ella hubiese ocultado información en su denuncia, señaló.
Un rayo de esperanza procedente de la Corte Suprema
El 29 de septiembre, la Corte Suprema de la India ordenó a todos los estados suministrar a lxs trabajadorxs sexuales raciones secas sin insistir en los documentos de identificación. Sin embargo, hubo advertencias: la Corte señaló que las raciones estarían disponibles para aquellxs trabajadorxs sexuales que hubieran sido identificadxs por la Organización Nacional de Control del SIDA de la India (NACO) y por las autoridades legales de los distritos.
Meena Seshu indicó que quienes no estuvieran registradxs podían acudir a la autoridad del Servicio de Asistencia Jurídica del Distrito y registrarse allí para poder recibir las raciones.
Pero hacerlo podría afectar a lxs trabajadorxs sexuales que no han hecho pública su profesión, ya sea en su barrio o en el distrito. Estxs trabajadorxs sexuales tienen una amarga elección: morir de hambre o acudir a la oficina de asistencia jurídica del distrito sabiendo que su comunidad las condenará al ostracismo a ellxs y a sus hijxs si lxs descubren.
En un aviso del 7 de octubre sobre los derechos de las mujeres durante la pandemia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció a las trabajadoras sexuales como trabajadoras informales, abriendo las puertas a las trabajadoras sexuales indias que estaban excluidas de los paquetes de ayuda del gobierno para la Covid-19 y reduciendo el estigma contra la profesión.
Pero la recomendación de la CNDH no es bien recibida por todas las partes pertinentes. Unas cuantas ONGs contra la trata de personas, entre las que destaca Prajwala, se han pronunciado enérgicamente en contra, escribiendo a la CNDH con el argumento de que el trabajo sexual es ilegal en virtud de la Ley (de Prevención) del Tráfico Inmoral de la India, y que la mayoría de las mujeres no ejercen la profesión por elección. En lugar de un reconocimiento formal, estas organizaciones pidieron que se les proporcionara socorro, ayuda y becas. Temiendo que la primera victoria que tenían desde marzo se viera mermada, 12.000 trabajadorxs sexuales y activistas de los derechos de la mujer respondieron escribiendo también a la CNDH, pidiendo a la organización que respetara su elección de profesión.
El 20 de octubre, Modi se dirigió al país instando a lxs ciudadanxs a tener en cuenta que, aunque el confinamiento había terminado, el virus permanecía. Rogó al público permanecer en casa, mantener la distancia social y usar sus mascarillas. Con el aumento de los casos en Delhi, es posible que se produzca otro confinamiento, pero para lxs trabajadorxs sexuales, que ya viven con dinero prestado, otro confinamiento sería demoledor. Ya eran vulnerables antes de la pandemia y lo seguirán siendo en el futuro.
Texto publicado originalmente en el portal de Progresista Internacional
