El 3 de julio los brasileños volvieron a protestar contra Bolsonaro en varias ciudades de Brasil y del exterior. A las agendas ya defendidas como la necesidad de incrementar la ayuda de emergencia, las políticas sociales contra el hambre y la urgencia de vacunas para todos, se sumaron las denuncias de corrupción que involucran al Ministerio de Salud. Lo que parecía ser nada más que una negación de la ciencia ocultaba un plan de miles de millones de dólares para recibir sobornos en la compra de vacunas de intermediarios o empresas corruptas. Los principales involucrados en este esquema son el ala podrida de los militares, los diputados del ‘centrão’ y el presidente Bolsonaro. Para la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) hubo un tratamiento sospechoso en el proceso de adquisición de vacunas por parte del gobierno. Cuando se trataba de institutos y laboratorios serios como el Instituto Butantã y PFIZER, el gobierno no negoció y ni siquiera respondió a alrededor de 100 correos electrónicos enviados por el laboratorio. En cuanto a la vacuna india Covaxin, representada por la empresa Precisa, el ministerio buscó agilizar y presionar el lanzamiento del contrato para la compra de 20 millones de vacunas Covaxin, sin licencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y negociado con mucho más valor que los demás. Es interesante que esta misma empresa es acusada de sobrevalorar la venta de medicamentos e insumos al sector público, una de las investigaciones se refiere a la operación Falso Negativo, por sobreprecio de las pruebas Covid vendidas al gobierno del Distrito Federal.
Además de esta denuncia, un exmilitar llamado Dominghetti dijo que el CPI había recibido una solicitud de pago de sobornos en una negociación paralela para adquirir vacunas de AstraZeneca, a través de la empresa Davati Medical Supply. La negociación de Dominghetti con representantes del Ministerio de Salud involucró una propuesta para vender 400 millones de dosis de la vacuna a cambio de que grupos del ministerio recibirían 1 dólar por dosis. Bolsonaro y su grupo buscaban reproducir en el Ministerio de Salud el esquema de las ‘rachadinhas’ (la tajada) llevado a cabo en la cámara de los diputados de Río de Janeiro. Mientras se desarrollaba este esquema tenebroso, miles de brasileños fueron asesinados sin acceso a una vacuna y sin política social, con la promesa de una cura con un fármaco (hidroxiclorina) que resultó ineficaz.
No es frívolo, por lo tanto, afirmar que hubo un genocidio deliberado por el presidente de la república y su desgobierno o, como diría Thompson, un exterminismo. Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil y representante del Movimento Alerta, y el epidemiólogo e investigador de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel) Pedro Hallal, en una de las sesiones del CPI informó que, con base en las encuestas realizadas, es posible decir que, si el gobierno hubiera seguido las políticas adoptadas por otros países, como la compra anticipada de vacunas y el aislamiento social, se habrían salvado alrededor de 300 mil brasileños.
En otras palabras, cuatro de cada cinco muertes por Covid-19 en Brasil podrían haberse evitado. Siempre es necesario recordar que estamos ante un genocidio que no afectó a todos por igual. Hay una falsa idea de que el virus es democrático, pero en Brasil, un país de extrema desigualdad, el número expresivo de muertos son hombres negros y periféricos. Otra encuesta, esta vez del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), mostró que las mujeres, los negros y los pobres son los más afectados por la enfermedad. También es alarmante, según Pedro, que los grupos indígenas se vieron profundamente afectados, lo que es, por tanto, otro crimen contra los pueblos originarios de nuestro territorio por el Estado que constitucionalmente debe protegerlos. La investigación de Pedro tiene tal impacto que en una de las oportunidades que tuvo para mostrarla en el Ministerio de Salud, se censuraron las diapositivas sin previo aviso.
Es innegable que el CPI es hoy el principal espacio de discusión política accesible a los brasileños. Es posible seguir a diario las declaraciones de testigos, investigados, parlamentarios que aportan espontáneamente o no sobre hechos y omisiones del Gobierno brasileño ante la tragedia que aún vivimos. Los escándalos revelados potencializan la organización de protestas en Brasil, repercuten y hacen aún más públicos los crímenes del gobierno. El día 3, a través de carteles, imágenes y gritos, denunciamos el sacrificio de miles de brasileños a cambio de un dólar y la urgente necesidad del proceso de destitución de Bolsonaro.
Creemos que las protestas se vuelven cada vez más plurales, tanto desde los sujetos que participan, mujeres, negros, LGBTqia+, como desde los partidos, centro, derecha liberal e izquierda. Existe, por tanto, en este momento, unión e interés de quienes se consideran, ante cualquier sigla, humanos. Aún es descorazonador observar un intento de defender un gobierno indefendible, la base gobernante hace un esfuerzo en el CPI, probablemente se les paga por ello y los votantes ciegos repiten el viejo mantra de ‘la conspiración comunista del PT’, pero como decía el viejo refrán, contra los hechos no hay argumentos y ni siquiera el presidente hizo público para desmentir todas estas acusaciones. En medio de las protestas no hay mayor sentimiento de indignación y revuelta que encontrar tantas viudas, madres, hijos e hijas, víctimas del Covid. Los fríos números toman forma, cobran rostro y la tristeza de estas familias, que también es la nuestra, se convierte en una lucha colectiva.
