Según sabemos hoy, en el siglo XVIII los pensadores del iluminismo iniciaron una cruzada intelectual y política para rebatir los cimientos del “derecho clásico”, se trataba pues, del momento de la razón y del humanismo que situaba al hombre como centro del nuevo proyecto de sociedad. De la camada de pensadores que dieron origen a estas concepciones muchos terminaron encerrados en torres, catacumbas o decapitados.
En este contexto nace la noción del iustus hostis o justo enemigo y con él, el obligatorio reconocimiento de otro al que se trata como un igual y no como un simple delincuente. El devenir de las confrontaciones en el interior de las sociedades llevó a que el concepto fuera metamorfoseándose y paulatinamente, migró al de delincuente por convicción, el rebelde por excelencia que encarna una motivación noble y altruista en su acción directa. Ninguna de las variaciones señaladas fue aceptada de buenas a primeras, una característica transhistórica de la élite dominante en la defensa enconada de sus privilegios. A cada paso fue oponiendo marcas de ilegitimidad en sus oponentes: “desadaptados”, “vándalos” o “terroristas” son solo algunos de los epítetos que se postulan como argumentos irrebatibles en las luchas de ideas.
En la historia reciente de nuestra América el tema ha vuelto a situarse en el orden del día, el corte militarista de gobiernos que se presumen demócratas, y el discurso institucional sobre la defensa de la sociedad que oculta prácticas criminales sobre las que es menester reflexionar como el de la prisión política. En los últimos días la política chilena se ha visto revuelta con motivo de una solicitud presentada a la Convención Constitucional de indulto a los presos de la revuelta. Una medida de gracia cuyo proyecto fue aprobado de manera genérica por la Comisión de Constitución del Senado.
No obstante, salvo el escándalo mediático, no se ha ganado nada. Por disposición de la Carta Política vigente, cuando el proyecto se vuelva a discutir la oposición está obligada a conquistar votos entre los partidos de derecha, por cuanto la norma exige un quórum de 4/7 para una reforma de este orden. Esto quiere decir que se requerirán 25 votos para que sea ley. De las agrupaciones del centro a la izquierda podrían juntarse hasta 24 votos, contando con que todos se alinearan con la iniciativa. La duda recae sobre la ambivalente Democracia Cristiana, que como cantara Víctor Jara, en momentos cruciales de la historia política reciente no es “ni chicha, ni limoná”. Lo único que podría cambiar este comportamiento es que ad portas de las presidenciales y con la opción de llevar su propia carta a la contienda, decida con calculadora en mano subirse al tren y lograr convencer a alguno de sus cercanos de la derecha, lo cual solo vendría a confirmar la idea que circunda en el ambiente: el proyecto de indulto está siendo manoseado con fines electorales.
Entre los dimes y diretes todo el arco político chileno ha dejado claro su posicionamiento. La Pontificia Universidad Católica de Chile, por ejemplo, ha considerad “impertinente” la propuesta. Desde el Palacio de la Moneda han sido reiterativos en que “en Chile no hay Presos Políticos” y que “no se puede hacer una apología a la violencia, al terrorismo, al asesinato político, a justificar la violencia como un método de acción política”. Por su parte, José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, descartó de plano la existencia de presos políticos señalando “no creo que existan en Chile presos políticos”, y remató “los presos políticos son esencialmente presos de conciencia, personas que son perseguidas por sus ideas, por sus opiniones, en el caso de Chile efectivamente hay muchas personas que han sido procesadas por los desórdenes que se produjeron y también por vandalismo por atentar contra la propiedad… hay que tener mucho cuidado con los conceptos”.
Para los progresistas chilenos, en cambio, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado con ocasión de la revuelta de octubre constituyen la causa de la emergencia y el advenimiento de la prisión por razones políticas. La invocación del Gobierno de Piñera de la Ley de Seguridad Interior del Estado, ha propiciado una persecución política mediante el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Es paradójico que mientras los delincuentes de cuello blanco terminan sancionados con charlas de ética por robos multimillonarios al fisco y se zafan de la cárcel con la excusa de la “peligrosidad del sujeto”, cientos de jóvenes permanecen por más de un año sin que se resuelva aún su situación jurídica. Algo similar está ocurriendo en Colombia: saqueadores de las arcas públicas pasan de puntillas sobre la justicia, mientras que jóvenes como la youtuber Epa son castigadas severamente.
En el Chile actual no solo los presos políticos existen, el riesgo latente es que esta situación continúe prolongándose en el tiempo porque la liberación (indulto) de la gente capturada durante la protesta depende del sentido de humanidad de la derecha, que es como pedirle peras al olmo.
Coda: Las tierras de Pablo Neruda y Gabriela Mistral no son la excepción sobre esta problemática. Después de más de cuatro años de firmado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP, cientos de excombatientes, hombres y mujeres, que hicieron parte las filas insurgentes siguen aún en las cárceles.
