El pasado 11 de septiembre, un día antes de cumplir 29 años en prisión, murió Abimael Guzmán, más conocido como “El presidente Gonzalo”, máximo responsable del Partido Comunista del Perú, el cual dirigió la llamada Guerra Popular entre 1980 y 1992. Dicho conflicto es tristemente célebre tanto por las brutalidades que los actores armados cometieron contra la población civil, como por el alto número de víctimas.
Según la Comisión de la Verdad, fueron 69.280 vidas hasta el año 2000, siendo Sendero Luminoso (que realmente jamás se llamó así) el responsable del 46%, en tanto que el otro 54% fue ocasionado por el Estado peruano, ya a través de sus fuerzas militares o por medio de los grupos paramilitares creadas por éstas (Rondas Campesinas, Comités de Autodefensa, grupos paramilitares como Colina, etcétera.).
El conflicto peruano, concomitante en el tiempo con otros desarrollados en el continente americano como los de Centroamérica, Colombia o el Cono Sur, tiene unas dimensiones y unas particularidades propias. Tanto por sus orígenes como por su componente ideológico y las formas militares propias que adoptó, incluso fue muy distinto al adelantado entre el Estado peruano y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Por ende, los únicos paralelismos recientes son el conflicto que vivió Nepal bajo el liderazgo del llamado “presidente Prachanda” desde mediados de los años 90 hasta el 2006, el desarrollado en Filipinas entre ese país y el Nuevo Ejército del Pueblo, o el vivido en la India con la Insurgencia naxalita.
Esas particularidades del conflicto peruano hunden sus raíces en la ruptura chino-soviética acaecida al final de los años 50, cuando desde Pekín se acusó al país liderado por Krushev de “revisionista” y “traidor al socialismo” luego de las denuncias que se hicieron sobre el Estalinismo durante el XX Congreso del PCUS y, sobre todo, tras la adopción de las llamadas tres pacíficas por Moscú: “coexistencia pacífica”, “emulación pacífica” y “transición pacífica”. Eso generó una ruptura entre los comunistas a nivel mundial y desde luego, también en el Perú. En esa ruptura, el sector liderado por Jorge del Prado se alinea con Moscú, mientras que el de Saturnino Paredes lo hace con Pekín. En ésta facción militaba el profesor universitario Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso quien luego de viajar un par de veces a China termina escindiéndose del sector de Saturnino Paredes, quien gira hacia el Hoxhismo (como también lo hizo el EPL en Colombia y muchos otros movimientos) en tanto que Guzmán no solo se mantuvo firme en el maoísmo sino que empezó a trabajar depurando el partido contra las llamadas “línea oportunista de izquierda” y “línea oportunista de derecha” en aras de “purificarlo” para así adelantar una lucha armada similar a la que lideró Mao desde los años 30.
Para su propósito, Guzmán quiso traslapar de manera mecánica la experiencia china al Perú. Para ello, el Partido Comunista del Perú pasó a preparar la lucha armada y a dirigir la guerra. En su propósito, se conformó en un inicio la primera compañía de la primera división del Ejército Rojo, la cual inició el alzamiento armado el 17 de mayo de 1980 en la provincia de Ayacucho. Una vez la guerra de guerrillas toma forma, el cuerpo armado pasó a denominarse Ejército Guerrillero Popular. La lucha armada se haría siguiendo la estrategia maoísta, con el campo como escenario principal de lucha y la ciudad como complemento. Para darle componente de masas, el Partido formó una serie de organizaciones sociales generadas, que entre sí conformarían el Frente Popular Democrático, en el cual se adscribían entre otras, el Socorro Popular, el Movimiento Femenino Popular, las federaciones barriales, etc. El frente de masas, al igual que el Ejército Guerrillero, eran dirigidos por cuadros del Partido, pero no todos los participantes en dichas organizaciones o en dicho movimiento armado eran militantes de éste.
En cuanto a la lucha armada, Gonzalo fue un crítico del resto de movimientos armados latinoamericanos. Los consideraba “pequeño burgueses”, “revisionistas” y “foquistas”. En su sectarismo ideológico, solo lo hecho por los chinos era realmente revolucionario. Por ello, la guerra debía seguir el mismo camino emprendido por Mao medio siglo antes. Para ello, se trató de aplicar de manera literal sus escritos compilados en obras como La guerra popular prolongada. El Ejército Guerrillero Popular se organizó a partir de tres componentes: Una “fuerza principal” que sería móvil, una “fuerza local” que actuaría como milicias en las “bases de apoyo” y una “fuerza de base” en la que se contabilizaría a toda la población de las zonas controladas por Sendero. La fuerza principal se organizó en pelotones y destacamentos, tanto de combate como de aniquilamiento. Toda esa fuerza militar era dirigida por los Comités Regionales del Partido. En su momento de máxima actividad, que fue finales de 1989 y comienzos de 1990, la “fuerza principal” del Ejército Guerrillero Popular llegó a tener 816 combatientes, de los cuales 283 eran militantes del Partido, la fuerza local tenía 4650 militantes, de los cuales 385 eran militantes, mientras que la fuerza de base contaba con 17940 militantes, de los cuales solo 1958 eran cuadros del Partido.
El conflicto tendría los mismos pasos seguidos en China. Se partiría de una defensa táctica con guerra de guerrillas método principal de lucha. Luego, un equilibrio estratégico en el cual se pasaría a la guerra de movimientos y, finalmente, una ofensiva final con la guerra de posiciones como método. En ese proceso, se iría destruyendo el viejo poder y en reemplazo, en las llamadas “bases de apoyo” (nombre copiado de la teoría china para denominar las zonas bajo control guerrillero) se irían organizando los Comités Populares Abiertos como forma asamblearia de administración que iría sustituyendo gradualmente desde las organizaciones comunales, hasta el poder nacional, pasando por alcaldías y gobernaciones. Dicho plan culminaría hacia finales de los años 90 con la proclamación de la República de Nueva Democracia como sucesora de la República del Perú y el país pasaría a ser el faro de la revolución mundial. Todo esto en la teoría, porque en la práctica los procesos sociales no son mecánicos y tales planes salieron muy diferentes a lo proyectado.
Así, desde un inicio la violencia tocó a los más pobres. Los actos de Sendero tendientes a “generar un vacío de poder” llevaron a que el blanco fueran en muchos casos autoridades tradicionales, las cuales eran públicamente aniquiladas. Ante tales acciones, las comunidades no solo se atemorizaban, sino que, en muchos casos, terminaban asesinando a miembros senderistas. Las respuestas a tales acciones eran masacres indiscriminadas contra las comunidades. Tal fue el caso de Lucanamarca, donde 69 campesinos, incluyendo mujeres gestantes y niños fueron asesinados. A la par, las fuerzas militares respondieron a la violencia senderista con más violencia. Armaron a civiles y, masacraron muchos campesinos e indígenas bien por sospecha de pertenecer a Sendero o por el simple hecho de habitar en las llamadas “bases de apoyo”. Frente a estrategia de “masa contra masa” en las zonas rurales, Sendero respondió con más violencia, también mediante acciones contra civiles en la ciudad. En dichas acciones, muchas de las víctimas no solo eran gente pobre, además, sectores de izquierda, especialmente del Partido Comunista Peruano (de línea pro-soviética) y de la coalición de Izquierda Unida, quienes de convirtieron en uno de los blancos de Sendero por ser considerados “revisionistas”. En esa lucha, ni siquiera la embajada de la URSS o de China se salvaron de ser atacadas.
Ese sectarismo frente a los demás movimientos de izquierda, ese uso desmedido de la violencia tanto estatal como insurgente, esa desconexión con la realidad, sumado al hecho de que Perú ya no era un país eminentemente rural, sino que tenía a más del 70% de su población habitando zonas urbanas, llevaron al aislacionismo de Sendero. A pesar de eso, para el año 1988 la dirección del Partido Comunista del Perú estableció por decreto que se pasaba al “equilibro estratégico”. En términos militares, eso solo implicó que el Ejército Guerrillero Popular pasara a confrontar de manera directa a las tropas peruanas, en una lucha en la que evidentemente salió derrotado. A la derrota en el plano militar, el Ejército Guerrillero Popular respondió con carro bombas en zonas urbanas, especialmente en la capital, y acciones contra civiles acusados de “revisionistas” o de “contrarrevolucionarios”. El Estado presionó masacrando a prisioneros indefensos, creando paramilitares como el tristemente célebre grupo Colina y atizando la violencia. No obstante, la dirección del Partido desde Lima, totalmente desconectada de la realidad, no solo no rectificó muchos de los errores que se venían cometiendo, sino que para 1992 se reúne en un pleno del Comité Central Ampliado a nuevamente, por decreto, convertir al Ejército Guerrillero Popular en Ejército Popular de Liberación y pasar del inexistente equilibrio estratégico a la llamada “ofensiva final”. En esas circunstancias es que toda la dirección del Partido es capturada.
Aunque Gonzalo había dicho en libertad que las únicas negociaciones que el Partido Comunista del Perú haría con el Estado serían para que hicieran una transferencia del poder, menos de un año después de capturado firmó la rendición de la organización ante Fujimori. Como en la mayoría de los conflictos, algunos combatientes depusieron las armas, mientras otros continuaron la guerra, surgiendo así dos grupos que continúan hasta la actualidad: el del Valle del Huallaga, en un principio bajo dirección de “Feliciano” hasta 1999 y de “Artemio” hasta 2011, y el del VRAEM bajo dirección de los hermanos Quispe Palomino. La facción del Huallaga denominad a Sendero Rojo siguió reconociendo al presidente Gonzalo como la cuarta espada de la revolución después de Marx, de Lenin y de Mao y como jefe del Partido, considerando que la rendición había sido bajo presión. A la vez, los hermanos Quispe se escindieron y formaron el llamado Militarizado Partido Comunista del Perú, la facción más fuerte hasta la actualidad.
Gonzalo fue un producto de su época. No obstante, en ese Sendero que emprendió, a la larga solo hubo un perdedor: la población civil pobre del Perú. No solo pusieron casi 70.000 muertos y decenas de miles de heridos, capturados y torturados, ya por el Ejército Guerrillero Popular, ya por el Estado peruano, sino que, a su vez, la lucha armada fue usada como excusa legitimista de los sucesivos gobiernos nacionales para justificar políticas neoliberales que solo han conducido a una mayor desigualdad social, mayor destrucción de la naturaleza y mayor corrupción.