Se cumplen cinco años del histórico día en el que un país en llamas se fracturó por completo al preguntársele en un plebiscito: “¿aprueba usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Aquel 2 de octubre de 2016, el 50.2 % de los votantes colombianos respondió No y con ese resultado, empezaría un nuevo periodo de polarización completa en el país que día a día nos está alejando con mayor fuerza del objetivo común: un país justo y en paz.
Para ser sincera, recuerdo ese día con bastante asombro y tristeza. Con 16 años y empezando mis primeros años de interés por la historia y la política de mi país, el triunfo del No me pareció decepcionante y la verdad, avergonzante hasta el día de hoy. Quizás era por la inmadurez, la falta de conocimiento o el “no haberlo vivido de cerca”, lo que me alejaba de entender las razones por las cuales la respuesta a una alternativa pacífica (no perfecta) a la terminación de un conflicto de más de 50 años fuera un No. Sin embargo, hoy entiendo que nadie ganó ese día y que, desde entonces, en Colombia la división y la polarización reinan. El panorama político en ese entonces marcó la pauta de lo que es el día a día de la forma de hacer política en nuestro país: una pugna personalista en la que importan los nombres y no las formas ni los argumentos de fondo.
La soberbia de un gobierno confiado en las encuestas y una oposición liderada por argumentos de odio, falacias, venganzas y enemigos internos, aún inciden en la lenta implementación del Acuerdo de Paz. Cada cinco días asesinan a un firmante de la paz desde el 2016. En lo que va del 2021 se han registrado 72 masacres con 258 víctimas. Seguimos ocupando el primer puesto mundial de desplazamiento, con más de ocho millones de colombianos que deben huir de su tierra por violencia. Seguimos acumulando nombres, caras e historias a los más de 25.000 desaparecidos que según el informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica, se registraron entre 1981 y 2010. Hace cinco años nadie ganó, hoy tampoco.
El actual gobierno llegó al poder prometiendo hacer trizas el acuerdo bajo el sofisma de que este promovía la impunidad, olvidando las razones de la existencia de una justicia transicional que, a diferencia de la ordinaria, busca sanar realmente las profundas heridas y reconstruir el tejido social que se ha perdido por vivir en una guerra interna. Cinco años después creo que es necesario seguir hablando del enfoque estructuralista de ese Acuerdo. Es trascendental que entendamos que la implementación del Acuerdo es una necesidad y que, al tener un enfoque maximalista, realmente plantea reformas estructurales para saldar deudas históricas en nuestro país y evitar una nueva guerra por las mismas causas, pero con diferentes actores. Por eso no es perfecto, pero sí necesario.
Los procesos de paz llevados a cabo desde 1986 en Colombia han tenido distintos factores de éxito y fracaso independientemente de sus resultados finales. Todos han sido esenciales en la construcción de una hoja de ruta de lo que el país necesita solucionar de fondo. La mayoría de los procesos antecesores al del 2016 con las FARC, tenían agendas minimalistas. Estas se reducen a poner fin a la confrontación militar. Para lograr este objetivo, sus pilares principales se basan en la desmovilización, el desarme y la reinserción a la vida civil. Sin embargo, estas agendas no tienen como objetivo primordial la transformación estructural, por lo que se trata, finalmente, de lograr una paz negativa, es decir, el cese de los conflictos bélicos y la violencia directa. En contraposición, la agenda maximalista no solo busca el cese de la confrontación armada, sino que amplía la agenda hacia cambios estructurales en todos los aspectos de la vida social, política y económica. Así, esta agenda plantea y busca una paz positiva que sea duradera y estable proponiendo soluciones sociales de fondo.
Recordemos entonces que la agenda pactada en el 2016 se caracterizó por buscar cambios sustanciales de la realidad social, política y económica del país. Los seis puntos finales acordados tienen fines más allá del cese al fuego y a la confrontación militar.
Tal vez uno de los puntos más importantes en materia estructural es el primer punto de la agenda: la Política de Desarrollo Agrario Integral. Desde la época post independentista, la distribución de la tierra en Colombia ha sido una causa de problemáticas sociales en el país. La Reforma Rural Integral tiene un objetivo puramente maximalista al buscar reformar y reestructurar el campo. La transformación de la distribución de tierras es clave. Pero, en esencia, la gran reforma está en el mejoramiento de condiciones de vida de la población rural. La ausencia estatal histórica en algunos territorios rurales de Colombia ha generado pobreza, desigualdad y, por tanto, facilidad para que se desencadene el conflicto armado. La falta de educación, la salud y acceso a recursos necesarios para una vida digna, como acueducto y agua potable, son factores principales en la superación de la pobreza, la inequidad rural y el cierre de brechas de desigualdad entre campo y ciudad. La propuesta de creación de infraestructura física, social y económica junto con los programas de desarrollo rural y las jurisdicciones para la resolución de problemas de tenencia de tierra plantean toda una agenda de reformas permanentes en el país que no solo se queden en el marco de la negociación.
Sobre el quinto punto, la inclusión de las víctimas y hacerlas partícipes de lo puesto en la mesa, fue un factor histórico que además reconoció el papel importante de las víctimas para recuperar tejido social y sanar las heridas del dolor vivido a causa de la guerra y así realmente labrar un camino hacia la paz. La creación del sistema de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, con sus respectivas instituciones y jurisdicciones, garantiza que haya un reconocimiento de lo ocurrido, se diga la verdad de lo sucedido, haya medidas de sanción por lo cometido y que haya acciones concretas de reparación reales.
El segundo punto de Participación Política plantea fortalecer la democracia del país al ampliar el escenario político con la inclusión y diversificación de la representación. Permitir la entrada a ejercer la política a quienes se desmovilicen y se acojan a lo acordado es un cambio hacia la pluralidad de la representación política. El tercer punto del Fin del Conflicto armado, que planteó la dejación de armas, abrió la posibilidad real con garantías económicas y sociales para que los desmovilizados pudieran reincorporarse a toda la vida civil. La renta básica mensual salvaguarda la posibilidad del fracaso de la reinserción y evita volver al camino de las armas. El cuarto punto sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas también es bastante ambicioso ya que por primera vez en la historia se planteó erradicar el problema del narcotráfico a través de programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, programas educativos sobre la salud pública y alternativas económicas sostenibles para el reemplazo por otros cultivos lícitos que dieran la posibilidad a los cocaleros de tener una alternativa rentable.
Ahora bien, sin garantías y sin la voluntad del gobierno para la implementación, la paz sigue siendo un anhelo lejano escrito en letras que pierden importancia ante la sangre que se derrama día a día. Hay que dejar de pensar que se trata de una guerra mesiánica de líderes políticos. Colombia necesita la paz. Por los que ya no están y los que vendrán.
