Mientras haya hambre y pobreza en Colombia, habrá compraventa de votos. El asunto no es solo de estadísticas y porcentajes, sino también de estómago. Que veintiún millones de personas pasen hambre y siete vivan en la pobreza extrema (un porcentaje elevado si nos remitimos a los cincuenta millones de ciudadanos que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, tiene el país), nos permite dimensionar el desastre humanitario y social por el que atravesamos.
Hace veinticinco años, el historiador y profesor de la Universidad de Harvard, David S. Landes, aseguró en su estudio La riqueza y la pobreza de las naciones (1998) que no ha habido en la historia humana un país o civilización que haya alcanzado su desarrollo económico y social sin haber superado antes el problema del hambre. En los pueblos tropicales de la costa atlántica colombiana, los abuelos solían definir esta situación con una expresión retórica: “saco vacío no para”. Con hambre, el calor se hace mucho más insoportable, la concentración resulta imposible y los sentidos pierden su capacidad de respuesta ante el peligro. Con hambre, los órganos del cuerpo disminuyen sus funciones, empiezan a fallar y terminan colapsando si esta es prolongada y sistemática.
Siete mil niños, entre los seis meses y catorce años, mueren anualmente en Colombia por este motivo. Un millón doscientos mil, de las zonas rurales, no asiste a la escuela, y una cifra similar carece de conectividad a internet. Un porcentaje altísimo de los pueblos de la costa norte del país no tiene un sistema de agua potable, ni de alcantarillado, ni de redes eléctricas. En Turbaco, Arjona, San Juan, San Jacinto y Mahates, todos perteneciente al departamento de Bolívar, aún están, en este sentido, en la Edad Media. En los patios de las casas, se alcanza a ver todavía una red de tubería, hechas con láminas de cinc o PVC, que circunvalan el tejado y desembocan en un aljibe. En otros, solo la avenida principal está encementada; el resto, son solo polvorientos caminos destapados, como pasa en la gran mayoría de los pueblos del Atlántico, alejados de su capital.
En Barranquilla, la tan publicitada “Puerta de oro”, el cemento se extiende y se vislumbra desde la entrada de la ciudad hasta la desembocadura del río Magdalena, pero basta con poner el ojo en las cifras de empleo para saber que no todo lo que brilla es oro. Según datos del DANE, el desempleo en la ciudad ronda en este momento el 10%, pero la informalidad laboral alcanza el 60%, una cifra altísima si partimos del hecho de que el número de pobladores no supera el millón quinientos. A esto, hay que agregarle que seis de cada diez barranquilleros tienen acceso a una sola comida al día.
En Cartagena de Indias, la urbe fundada por el expresidiario español Pedro de Heredia, los niveles de pobreza aumentaron exponencialmente en los últimos años. Según datos del programa “Cartagena Cómo Vamos”, la pobreza monetaria está hoy por encima del 48%. Cuatrocientos noventa mil cartageneros, en promedio, pasaron de ganar 450.000 pesos mensuales en 2020, a devengar 350.000 en 2021. Por supuesto, muchos expertos en economía han concluido que la peste del Covid-19 contribuyó al bajón del mercado laboral, pues Cartagena es una ciudad turística, y sin turismo la generación de empleo se vino abajo.
No obstante, antes de que la peste se tomara a la ciudad y a todas las regiones del país, los altos porcentajes de pobreza y desempleo se mantenían en niveles similares. Achacarle el aumento del problema a la pandemia, es la manera de algunos mandatarios de justificar su ineptitud y ocultar la corrupción. No olvidemos que, durante los meses de encerramiento, los robos administrativos escalonaron de la misma forma en que lo hizo la pobreza: pechugas de pollo a precio desorbitantes y mercaditos de 40.000 pesos que las gobernaciones y alcaldías facturaban en 150.000.
Repito: mientras que la pobreza, el hambre y el desempleo sean factores determinantes de la vida nacional, mientras que haya colombianos “sin nadita que comer”, mientras que el empleo informal sea el elemento constituyente del mercado laboral, mientras que los administradores del Estado se apropien con engaño de los dineros destinados a la inversión social (salud y educación), no faltará el ciudadano que venda por un tamal, un refresco, una botella de ron y 100.000 pesos, ese derecho democrático de votar. No faltarán “los mochileros” ni los encargados de servir de puente entre el político corrupto y la población con hambre. No faltará “el servicio social” de los funcionarios que les lleven a los más necesitados el computador, la tableta o el teléfono celular.
