Por Antonio Zeravla
Gobernar implica la materialización de la concepción ideológica de quienes manejan el Estado. Las relaciones internacionales no son la excepción. Sin embargo, existen unos estándares mínimos que se suelen respetar en el modelo de “democracia” Occidental.
Por más que se ideologice, la política exterior no debería afectar los intereses vitales del Estado, y menos a las bases sociales que le permitieron al gobierno de turno llegar al poder. Esa premisa en absoluto fue respetada en el cuatrienio en cabeza de Iván Duque y, en consecuencia, el balance de su gestión en política exterior se podría resumir en cuatro puntos:
1) Torpedear la integración latinoamericana destruyendo la UNASUR, y alejando a Colombia de del MERCOSUR. 2) Exteriorizar la política hostil hacia cualquier salida negociada al conflicto armado colombiano, castigando a quienes en el gobierno de Santos apoyaron a Colombia de manera desinteresada en la materialización de la paz. En especial, promoviendo la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. 3) Intervenir en asuntos internos de países vecinos en apoyo de los candidatos de derecha o de extrema derecha. 4) Obsesión por lograr un cambio de gobierno por todos los medios en Venezuela, sin importar las repercusiones en Colombia. Esas cuatro acciones trajeron consecuencias terribles para el país.
El inicio del nuevo gobierno ha estado ligado a recomponer el desastre que los cuatro ejes anteriores produjeron para el país durante el anterior gobierno. De ellos, el tema de Venezuela ha sido el que más ha tenido repercusión mediática. Y no es para menos, aún nadie entiende como el gobierno anterior rompió toda relación diplomática y consular con un país con el que tiene una frontera de más de 2200 kilómetros. Uno de sus dos primeros socios comerciales; donde viven cerca de seis millones de colombianos; y que ha expulsado en los últimos años más de dos millones de venezolanos.
Esas acciones adelantadas para satisfacer las posiciones más radicales de la extrema derecha uribista generaron graves repercusiones. Por ello, la primera acción del actual gobierno fue la de reestablecer relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno legítimo del país vecino. El paso siguiente: abrir los cruces fronterizos legales, lo cual no solo permitirá el comercio entre ambos Estados, sino que, además, reactivará la economía de zonas fronterizas desde el Guainía hasta la Guajira, a este lado de la frontera; y desde el Amazonas hasta el Zulia en el país vecino. Además, esto permitirá un mayor control fronterizo por parte de los gobiernos tanto de Caracas como de Bogotá. El restablecimiento de relaciones con Venezuela es fundamental para sacar adelante el concepto de “paz total” y, sobre todo, para que sean exitosas las negociaciones con el ELN. Igualmente, es fundamental para la seguridad energética del país, y el acceso al gas. Actualmente, las únicas reservas gasíferas de Colombia son Chuchucua y Ballena, que en menos de cinco años dejarán de producir lo suficiente para el mercado interno. Es fundamental restablecer el acuerdo suscrito entre Uribe y Chávez en 2007 para interconectar el occidente de Venezuela con el nororiente colombiano a través del Gasoducto Transcaribeño, finalizado en 2012 e inactivo desde el 2015.
La recomposición de las relaciones interestatales de Colombia no se limita solo al caso de Venezuela. Con Estados Unidos también se vieron socavadas por la injerencia del anterior gobierno del Centro Democrático en las elecciones presidenciales de ese país en favor de Trump, usando los consulados de La Florida para dicho propósito. Para el actual gobierno es clave mantener una buena relación diplomática, de lo contrario, el poderío estadounidense podría ser usado tanto para frenar las reformas que el país necesita en estos momentos, como para desestabilizar al nuevo gobierno.
Lo que ha ocurrido con Venezuela recientemente, y las tristemente célebres acciones contra gobiernos de izquierda como el de Jacobo Árbenz o el de Allende, demuestran que se requiere actuar con mucho tacto, máxime en un país como Colombia, donde la derecha ha recurrido a todo tipo de métodos con tal de conservar el poder. Aunque muchos sectores quisieran una “lucha frontal contra el imperialismo”, no es fácil ponerse en contra de la superpotencia, y menos en solitario.
El segundo tema fundamental para el nuevo gobierno es el fortalecimiento de la integración latinoamericana. Es de subrayar que uno de los primeros actos de Iván Duque fue notificar la salida de Colombia de la UNASUR; organización que diez años atrás había surgido como la gran esperanza de una verdadera integración regional de convergencia con los miembros del MERCOSUR y los de la CAN. Sin embargo, eso no se logró y Colombia fue el principal instigador del fin de ese sueño.
El primer acto de política internacional de Duque fue retirar al país de la organización e incitar a otros países, también gobernados por la derecha, a hacerlo. Finalmente, la mayoría se retiró. Y aunque actualmente el nuevo gobierno no ha manifestado ninguna intención de volver a relanzar este proceso, es de destacar que en la XXII Reunión del Consejo Presidencial Andino del pasado agosto, ha invitado a Venezuela y a Chile a ingresar de nuevo en la organización. Sin embargo, la integración regional estará una vez más llamada al fracaso mientras sigan existiendo distintas organizaciones regionales superpuestas en lugar de fortalecer solo a una de estas avanzando en un proceso real de integración.
Ahora gobiernan progresistas en varios países del continente. Con excepción de Ecuador, Paraguay y Uruguay, el resto de América del Sur está gobernada por gobiernos que se reivindican de “izquierda”, para quienes la integración regional siempre ha sido una prioridad para hacer contrapeso al intervencionismo estadounidense en la región. Se espera que, junto a Brasil, Chile y México, Colombia logre armar un bloque de liderazgo que permita voz y voto regional en la esfera internacional.
Otro tema importante para Colombia y los demás países de la región tiene que ver con el nuevo enfoque de lucha contra las drogas. En su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, el presidente Petro expresó la necesidad de cambiar el enfoque para enfrentar este flagelo. Aunque no es una tarea fácil; que el gobierno del país que históricamente ha puesto más muertos en la lucha contra las drogas plantee la necesidad de cambiar el enfoque prohibicionista y policivo contra este flagelo puede lograr algunos cambios en la política antidrogas del continente, máxime cuando México también es partidario de revaluar la manera como se ha adelantado esta lucha.
El otro aspecto en el que Colombia ha enfocado su política exterior en estos cien días es la búsqueda de un liderazgo internacional respecto al cambio climático, aprovechando sus fronteras en la Amazonía. En primer lugar, se ha buscado concientizar a la comunidad internacional de la importancia de proteger esta región. Teniendo en cuenta que los ambientalistas en Estados Unidos suelen ser un apoyo importante del Partido Demócrata actualmente en el gobierno, articular este discurso al nuevo enfoque de la lucha antidroga puede llevar a que disminuya la presión estadounidense en lo referente a las aspersiones con glifosato.
Más allá de eso, lo que se ha planteado es la posibilidad de que los países industrializados condonen parte de la deuda externa, para emplear esos recursos en la protección de la selva. Esta propuesta por ahora no ha tenido mayor respuesta de la comunidad internacional, máxime cuando la COP 27 fue un fracaso, dado que los presidentes de los países que más contaminan en el mundo (los más industrializados) no asistieron, y tampoco se adoptaron decisiones relevantes. Sin embargo, se busca que el nuevo gobierno brasileño en cabeza de Lula también tenga como prioridad este tema, y logre junto a Colombia un papel de liderazgo en esta materia. Colombia ha hecho énfasis en la necesidad de dejar de depender de combustibles fósiles, pero será complejo porque tendrá repercusiones internacionales dado que la recuperación económica por pandemia, sumada a la guerra en Ucrania, ha llevado a una crisis energética mundial.
En ese contexto de crisis, la sustitución de la demanda de carbón, petróleo y gas no se avizora en el corto plazo. El encarecimiento del dólar por la fuerte subida de tasas de interés en Estados Unidos, ha obligado al Gobierno a ser muy cuidadoso en las decisiones y mensajes enviados respecto a la transición energética, debido a las posibles repercusiones económicas de un manejo no cuidadoso al respecto. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que, tanto a nivel interno como externo, siga siendo coherente con el discurso y las promesas de campaña.
Finalmente, en estos últimos cien días el Gobierno colombiano ha enfocado las relaciones internacionales en aras de fortalecer la idea de la paz total. En esto fue fundamental el nombramiento del nuevo Canciller. Álvaro Leyva, si bien ha militado en un partido de derecha como el Partido Conservador, ha sido una persona comprometida con la paz en Colombia; desde las negociaciones del gobierno de Belisario Betancur y los diferentes grupos rebeldes agrupados entonces en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Leyva es una de las personas del establecimiento que más conocen el conflicto social y armado que padece el país, y una de las personas que más ha apoyado la salida negociada a este. Su puesto es clave ya que, tras el fin de la Guerra Fría, la creación de la Corte Penal Internacional y la llamada “Guerra contra el Terrorismo” iniciada tras el 11S, es muy difícil que un proceso de paz sea exitoso si no se tiene apoyo de la comunidad internacional.
Por ello, ha sido clave -por ejemplo- el restablecimiento de las relaciones internacionales con Venezuela, país que desde el 21 de noviembre es sede de la negociación con el ELN. Igualmente, es clave la normalización de relaciones con Cuba, ya que el mensaje que envió el gobierno anterior al promover la inclusión de este país en la lista de países que apoyan al terrorismo, era que quien se comprometiera con la paz de Colombia podría sufrir duras consecuencias. En esto, es clave también el apoyo de países como Noruega, el cual fue uno de los garantes en el proceso con las FARC-EP y lo es actualmente en el proceso con el ELN. Igualmente, es necesario que continúe el apoyo en la implementación del proceso de paz con las FARC. En esto, es clave tanto la cooperación internacional, como lograr aspectos que quedaron pendientes al finalizar el gobierno de Santos y que serían clave para darle confianza a los combatientes que entregaron las armas; como buscar la liberación de Ricardo Palmera, quien luego de 18 años sigue preso en las mazmorras estadounidenses.
Si se lograse su repatriación, esa acción fortalecería la confianza de muchos excombatientes para no volver a alzarse en armas, a la vez que enviaría un mensaje positivo a los combatientes de esa guerrilla que no entregaron las armas o que volvieron a rearmarse frente a la opción de terminación negociada del conflicto en el marco de la paz total.
