Lo único que los «malandrines» no le van a perdonar a William Jorge Dau Chamatt, actual alcalde de Cartagena de Indias, la histórica ciudad fundada el 1 de junio de 1533 por ese otro “malandrín” de Pedro de Heredia, es haberlos sacado del Palacio de la Aduana, haberles hecho perder cientos de millones de pesos invertidos en compra de votos y en un coro de «periodistas prepagos». Desde mucho antes de su posesión, ya había rumores de demandar la elección porque las firmas que avalaron su candidatura fueron recogidas en un tiempo récord: 50 mil en tres semanas. Para la señora Mariana Angélica Mendoza Marín, demandante ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, esa proeza era imposible, pues no le cabía en la cabeza que los seguidores del entonces candidato lo hubiesen logrado enarbolando la bandera “Salvemos a Cartagena”, ya que la tradición en el “Corralito” dice que este tipo de asuntos solo se alcanza dejando caer muchos billetes por debajo de la mesa.
El alborozo de los 113.627 votos de aquel triunfo histórico -a pesar de que, según datos de la Registraduría Nacional, en la ciudad “Heroica” hay 800 mil personas habilitadas para sufragar- se debió al desastre administrativo por el que atraviesa la ciudad desde el 13 de marzo de 1988, año en que se llevaron a cabo las primeras elecciones populares de alcalde en el país después de que se expidiera el Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986. Esa sencilla decisión de democratizar la democracia, como suele afirmarse, permitió la llegada al Palacio de la Aduana de políticos tan cuestionados como Nicolás Curi Vergara (en tres oportunidades), Gabriel García Romero (representante del nefasto clan García), Guillermo Paniza Ricardo (preso por irregularidades en contrataciones) y una macabra lista de corruptos conformada por Alberto Barboza Senior, Judith Pinedo Flórez, Campo Elías Terán, Dionisio Vélez, Manuel Duque y Antonio Quinto Guerra, entre otros.
El triunfo de Dau en las urnas fue, en realidad, un grito de reivindicación de los sectores más vulnerables de la ciudad
En realidad, el asunto de la corrupción en La Heroica no es nuevo. Y no puede interpretarse como la ausencia de éste antes de que los cartageneros pudieran elegir a sus mandatarios locales, sino que, por el contrario, la democratización de la Alcaldía y otras instituciones dejó en evidencia lo que era un secreto a voces: que Cartagena de Indias ha sido, desde mucho antes de que Colombia se convirtió en República, la caja menor de unos clanes familiares que hoy se la rifan en cada uno de los comicios electorales.
Con una abstención que llegaba al 80% y una inversión en campaña que no superaba los 50 millones de pesos, la llegada de Dau Chamatt al primer empleo de la ciudad fue un golpe duro para las castas política tradicionales, consideradas invencibles, una invencibilidad que habían ganado durante largo tiempo con la compra de votos (más de 3000 mil millones de pesos invertidos en la última campaña electoral, según los datos más optimistas de un grupo de periodistas cartageneros), favores electorales (consistentes en ubicar en puestos claves de la administración a los colaboradores), alianza perversas con concejales y diputados departamentales que les permitía el nombramiento a dedo de los más incompetentes para cargos de suma importancia como es impuestos.
Lo anterior llevó a la Fiscalía General y la Procuraduría de la Nación a abrir investigación y sancionar a 14 de los 19 concejales de la ciudad por “cohecho y prevaricato” al elegir de manera irregular (saltándose todas las normas estipuladas) a la entonces contralora Nubia Fontalvo Hernández durante el malogrado mandato del entonces alcalde Manuel Vicente Duque.
Aunque la mayoría de los cabildantes sancionados cumplieron sus condenas con medida de prisión domiciliaria, y hoy continúan vinculados al proceso, muchos de estos se postularon para el Concejo Distrital y resultaron electos nuevamente, dejando ver que la podredumbre administrativa en Cartagena de Indias es como una noria que da vueltas sobre su propio eje, una puerta giratoria que, al cruzarla, pareciera revestir de pulcritud al funcionario sancionado.
De manera que la llegada de Dau Chamatt al Palacio de la Aduana les produjo un fuerte dolor de cabeza a los García (uno de los clanes políticos de la costa Norte colombiana vinculado con masacres durante el gobierno de Álvaro Uribe), a Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca (“comerciante” relacionado con un sinnúmero de delitos, entre estos asesinato y paramilitarismo), a Emilse López, más conocida como La Gata (reina del chance que cumple prisión domiciliaria por asesinato) y a un grupo de poderosos empresarios que han aportado a lo largo de las últimas décadas enormes cantidades de dinero para llevar al poder a aquellos políticos que los benefician con contratos.
Cuando Dau Chamatt llamó “ratas, trúhanes, malparidos, maricas e hijueputas” a un grupo de concejales en una sesión virtual, y les recordó que ellos eran culpables de la pobreza en la que está sumido el 70% de los cartageneros, en realidad no estaba diciendo nada nuevo porque gracias a esos prohombres de la patria pequeña todos los servicios públicos de la ciudad fueron privatizados y el desempleo ha alcanzado desde entonces los picos más altos en el ámbito nacional, acompañado de una inseguridad que se ha disparado en la misma proporción de la pobreza y se ha convertido en un cáncer de difícil extirpación. No es fortuito, pues, que Cartagena de Indias sea, después de Cali, la ciudad con más pobres de Colombia: 268 mil “tendidos en el pretil”, como se dice popularmente, y más de 300 mil recibiendo menos de un salario mínimo mensual, según el programa “Cartagena cómo vamos”.
El triunfo de Dau en las urnas fue, en realidad, un grito de reivindicación de los sectores más vulnerables de la ciudad, un rechazo rotundo a la clase política y politiquera de Cartagena, no sólo por los delitos que han cometido y siguen cometiendo, sino también por la desidia ante los grandes problemas de una urbe que parece anclada al siglo XVI.
El primer mandatario cartagenero ha utilizado sin reparar la expresión “malandrines” para definir a los políticos chanchulleros y a los periodistas que reciben dinero por debajo de la mesa, y no hay duda de que estos están a la espera de cualquier resbalón del alcalde para caerle, porque la intención, está claro, es no dejarlo parar. O, en su defecto, ponerle palitos en la rueda de la administración.
