Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia, ubicada en la Región Caribe, pronto va a cumplir 500 años de su fundación en 2026. Tiene una posición geoestratégica clave para la logística portuaria, con el puerto de calado natural más profundo del país en el mar Caribe para el turismo, etnoturismo y ecoturismo.
Playas tranquilas se unen en su entorno a paradisíacos parques nacionales naturales, como el Tayrona, o el macizo más alto del mundo que nace del litoral atlántico; con sus picos gemelos Colón y Simón Bolívar a más de 5.700 metros sobre el nivel del mar.
La zona está habitada por cuatro naciones indígenas ancestrales y miles de campesinos; la ciudad se debate entre avanzar hacia su desarrollo sostenible o quedarse rezagada en los anales de la historia. Desde los tiempos de la colonia y después de la independencia, el cambio de manos de la ley de hierro de una minúscula oligarquía mezclada con nuevas élites emergentes de baja innovación, poco preparadas, excluyentes, resistentes al cambio y mafiosas, concentran la escasa riqueza existente.
Para una ciudad pos pandemia, una estrategia de seguridad ciudadana debe contemplar un pacto por la erradicación del narcotráfico y el sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados
Cerca de un año antes de la primera elección popular de alcaldes en 1988, en Santa Marta aumentó la pobreza respecto a Barranquilla y Cartagena. Muchos hijos de la clase trabajadora se fueron al no encontrar oportunidades en una ciudad que parece como si siguiera la maldición de Fray Antonio Monroy y Meneses; como si los profetas en Santa Marta fueran de otras tierras. Como si solo lograran avanzar quienes tienen dinero, negocios de cuna ligados a la política local; o los que se afianzan en la economía subterránea, o aquellos que combinarían con gula todo ese cóctel.
De 2015 a 2019 al departamento del Magdalena vinieron más de 60.000 venezolanos, algunos en condiciones muy precarias, que engrosan el 31.6% de pobreza multidimensional. Estas poblaciones llegaron más rápido que la respuesta diferenciada en política social, para ubicarse segregadas en zonas de alto riesgo de remoción en masa, de inundaciones; en rondas hidráulicas de ríos y quebradas, cerros y parques naturales; u ocupando tierras improductivas de propietarios locales. En su mayoría se dedican a la informalidad, al mototaxismo, a las ventas ambulantes y estacionarias, a la mendicidad, a ser cooptados por bandas criminales locales; así el DANE nos afirme que los indicadores de desempleo han sido bajos, de menos de dos dígitos, en la última década en la ciudad.
En 2008, cinco de los siete alcaldes que eligieron los samarios -después de la primera Alcaldía de Alfonso Vives- no culminaron el período y los siguientes alcaldes se encuentran en batallas judiciales con los entes de control. Hasta han intentado ocupar el espacio ganado en las urnas con alcaldes encartados, elegidos a dedo, nombrados por el partido actual de Gobierno nacional. Hasta un tristemente célebre exalcalde, miembro del Clan Gnecco, fue destituido en las dos ocasiones que fue elegido y se consideraría el responsable de la mayoría de las concesiones entregadas con contratos leoninos, para administrar los ingresos y los servicios públicos de la capital del Magdalena. Al punto que muchos dirían, como José Saramago, en Ensayo sobre la lucidez, que acá sigue el mal tiempo para votar.
Ampliar la pista internacional del Aeropuerto de Santa Marta, e implementar un plan de transporte público multimodal que incluya una red férrea y tranvía en la ciudad
Hasta el año 2012 todos los escogidos para regir los destinos de Santa Marta, tendrían el sello Liberal. Hasta cuando el movimiento político alternativo Fuerza Ciudadana asumió las riendas del “Chicharrón de la Alcaldía de Santa Marta”, con el fenómeno del liderazgo de Carlos Caicedo en una ruptura con la política tradicional. Aunque aquella vez también llegaría al Gobierno con el sello de alianza con el Partido Liberal y de ahí en adelante, como grupo significativo de ciudadanos lograron la continuidad con Rafael Martínez.
Ahora con la primera mujer alcaldesa electa, Virna Johnson, en un aumento gradual significativo de su acumulado político electoral que extendió en 2019 en Moñona, en la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta, su espacio político regional; ha generado una vara alta de la expectativa y esperanza de la población en este proceso político sin precedentes que avanza con voluntad política, con muchas dificultades y tropiezos, y hasta enemigos solapados y visibles en la transformación administrativa, política y social de la ciudad.
Además de la articulación de los distintos niveles del Estado de la toma de decisiones rápidas; del avance en las apuestas de los nuevos gobiernos alternativos, es pertinente definir su vocación productiva entre el turismo, la agroindustria, la logística portuaria y el comercio y servicios. Para que la ciudad deje de crecer de espaldas al mar caribe y avanzar el Pacto por el Agua para la solución al desabastecimiento y la calidad en la prestación de servicios públicos domiciliarios. También para reducir los costos de la energía eléctrica y del alumbrado público; lograr la universalidad y gratuidad de la educación superior pública; regular las concesiones y zonas francas, para que aumente el recaudo en la ciudad y redunde en mejorar las condiciones de vida de la población.
Para generar igualdad de oportunidades de acceso al trabajo digno; ampliar la pista internacional del Aeropuerto de Santa Marta, e implementar un plan de transporte público multimodal que incluya una red férrea y tranvía en la ciudad. Efectuar el proyecto de energías limpias que adapte la ciudad al cambio climático con un nuevo Plan de Ordenamiento territorial que permita, también, el mejoramiento y la construcción de viviendas nuevas; la atracción de inversión nacional y extranjera; la recuperación de los cuerpos de agua como el río Manzanares, y la comercialización de los productos locales en un mercado interno en la región Caribe.
Que redunde en mejores condiciones de bienestar y desarrollo sostenible para recuperar la red hospitalaria y de centros de salud. Para una ciudad pos pandemia, una estrategia de seguridad ciudadana debe contemplar un pacto por la erradicación del narcotráfico y el sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados y una estrategia para encontrar todo los que nos identifica y nos une. Así como avanzar en los demás proyectos que se incluyen en el Plan Maestro Santa Marta 500 años, pero, ante todo, concertar un diálogo social pertinente entre actores clave para una nueva gobernanza y ciudadanía que pacte el proyecto de ciudad que incluya a todos. Para que Santa Marta y el Magdalena vuelvan a ser grandes, salgan de los 500 años de soledad y tengan una segunda oportunidad sobre la tierra. Gran reto para los nuevos gobernantes, los stakeholders y la ciudadanía.
