Yves Bertossa, primer fiscal de Ginebra, investigó durante dos años por blanqueo de dinero al rey emérito Juan Carlos I. Al momento de hacerse pública esa investigación, la fiscalía anticorrupción de España envió una comisión a Ginebra, iniciando así lo que luego sería la causa activa en contra de don Juan Carlos en la Audiencia Nacional. En junio, el Tribunal Supremo decidió abrir investigación contra el hoy exiliado rey. Tres procesos judiciales en contra del exmonarca, del sobreprotegido símbolo de la llamada transición democrática.
En España nadie cuestiona al poder judicial ni sus decisiones, por el contrario, el hijo del Borbón sospechoso de blanquear capitales, el rey Felipe VI, decidió renunciar a la herencia de su padre, al que además ordenó retirarle el salario que tenía asignado. En una democracia real ni siquiera los reyes escapan al escrutinio de la ley.
Colombia es el único país de la región en donde no ha caído ninguno de los peces gordos de Odebrecht. En Colombia los generales siguen siendo intocables. Por eso el New York Times y el Washington Post calificaron de histórica la decisión de la sala de instrucción de la Corte Suprema, porque en Colombia la justicia había estado históricamente subyugada al poder de los grandes políticos.
No se puede perder el rumbo en celebraciones vacuas de una simbólica casa por cárcel.
Al mismo tiempo, y sin haber leído ni una sola página de la sentencia, desde el presidente Iván Duque para abajo, todo el país uribista salió a amenazar con llamados a las reservas de las fuerzas militares y con la disolución de las altas cortes vía asamblea constituyente. Pareciera ser que Uribe es como Trump, quien asegura que podría pararse en el centro de la quinta avenida de Nueva York, dispararle a alguien, y que aún así no perdería ni uno solo de sus votantes fieles.
La reacción de odio y venganza de todos los funcionarios y parlamentarios uribistas en contra del poder judicial, demuestra que la Corte Suprema tenía toda la razón al advertir del enorme poder de Uribe y del riesgo de intervención en el proceso que este poder representa. Esto lo dice hasta José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, un personaje muy citado últimamente por los uribistas, quien ha salido a respaldar la decisión de la Corte.
En una democracia decente la acción legítima de un juez contra la figura política más poderosa del país debería ser vista como una muestra de la fortaleza del sistema judicial. En Colombia una decisión judicial en contra de Álvaro Uribe se quiere hacer ver como el principio del apocalipsis por parte de sus seguidores, mientras al otro extremo se encuentran algunos que arman parranda y se desbordan en absurdos mensajes de victoria por las redes sociales.
El problema es que mientras el destino de Uribe se quiere aparejar falsamente con el destino mismo de la nación y algunos de sus opositores caen en este juego, el país se encuentra sumido en la peor crisis de la historia. La expansión descontrolada del virus, el desempleo, el hambre, los feminicidios, el asesinato de líderes y lideresas sociales, el narcotráfico y sus violencias. La pandemia deja al descubierto la inexistencia de un aparato de bienestar y seguridad social que se haga cargo de sus ciudadanos, y lo peor está por venir.
El poder judicial colombiano acaba de dar una muestra de su autonomía e imparcialidad, lo cual se constituye en una muestra de democracia, sorpresiva e invaluable, para las generaciones jóvenes y aquellos que apoyaron el proceso de paz, que se movilizaron en el paro nacional y que encuentran en esta decisión de la Corte un aliciente para insistir en cambiar el estado absurdo de cosas que impera en Colombia.
No se puede perder el rumbo en celebraciones vacuas de una simbólica casa por cárcel. La decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia da a entender que algo ha cambiado, que es momento de empujar la más amplia alianza social y política en contra del viejo país, del país de la guerra, para despejar definitivamente el camino hacia una paz justa y duradera, aunque eso no incluya la cárcel para Álvaro Uribe.
