Esta columna fue escrita por Natalia al alimón con el economista Daniel Munevar Sastre, experto y asesor internacional.
Las crisis suelen poner de manifiesto las brechas estructurales, reabriéndolas y exponiéndolas. En concreto la crisis de la deuda en América Latina en este tiempo de pandemia está revelando las debilidades de este modelo económico que, en los últimos 50 años, eliminó toda medida de protección del nivel de vida de la gente, fortaleciendo medidas de represión estatal que garantizaran esta condición. Nos expulsó de nuestras tierras y nos obligó a sobrevivir solo trabajando en condiciones competitivas respecto al resto de trabajadores del mundo asegurando así salarios a la baja.
Buscan normalizar el discurso en nuestras sociedades de que lo público es malo y feo, o peor aún, que no tenemos derecho a una educación y a una sanidad públicas.
La crisis de la deuda no está determinada por el importe de la deuda pendiente (233 billones de euros a nivel mundial al cierre del 2020, equivale al 365% del PIB) sino de los procesos que activa: congelación salarial, prohibición de sindicatos, imposición de leyes que convierten la movilización social y las huelgas en actos de sabotaje económico, disminución de la inversión en gasto público. Es decir, menos contratación de profesores para los colegios y universidades públicas aumentando la carga de trabajo sobre los que quedan, abandono de las instalaciones públicas, fortalecimiento de medidas de privatización de la sanidad, supresión de alternativas gratuitas para la educación primaria, supresión de la atención sanitaria gratuita para los más vulnerables, prohibición de la movilización estudiantil, y principalmente, la privatización de la tierra. Solo así asegura el desplazamiento de la gente y la respectiva vulnerabilidad que esto genera.
Esta es la traducción real de las infames condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han conducido a la desmonetización de las economías en América Latina y a normalizar el discurso en nuestras sociedades de que lo público es malo y feo, o peor aún, que no tenemos derecho a una educación y a una sanidad públicas.
El peso de la deuda pública en Colombia ha aumentado de manera constante a lo largo de las últimas décadas. El fracaso de las políticas económicas implementadas, irónicamente, en nombre de la responsabilidad fiscal queda reflejado en esta dinámica. Cifras del FMI muestran que la deuda pública ha pasado de 37.9 a 68.2 por ciento del PIB entre los años 2000 y 2020. El incremento del endeudamiento público tiene un efecto negativo sobre la capacidad del Estado colombiano de cumplir sus obligaciones con los ciudadanos en el marco de la Constitución nacional y la Agenda 2030.
De acuerdo a cifras del Banco Mundial, el servicio de la deuda pública externa se ha duplicado en la última década, pasando de 4.7 a 10.6 por ciento del PIB. Mayores recursos destinados al pago de la deuda implican menores recursos para salud, educación, protección social e implementación de los acuerdos de paz. En 2011, Colombia invertía 3.8 y 3.3 pesos en salud y educación pública por cada peso destinado al servicio de la deuda pública externa. Para 2020, el aumento de la deuda pública ha reducido esta relación a 1.8 y 1.6 pesos respectivamente. Las implicaciones para el país de este deterioro quedan claras en un contexto marcado por la muerte de más 50 mil personas y donde cerca de 12.8 millones de niños y jóvenes han visto afectado su acceso a la educación a consecuencia de la pandemia. Un país que prioriza el pago a acreedores externos por encima de garantizar la vida y acceso a servicios públicos básicos, está condenado a repetir el inútil ciclo de violencia y exclusión que ha caracterizado la historia de Colombia a lo largo del siglo XX.
Esta crisis de la deuda está revelando especialmente la relación neocolonial que existe entre América Latina con EE.UU. y Europa a través del flujo sur – norte de materias primas, mano de obra y dinero. Los bancos y las agencias extranjeras (FMI y el Banco Mundial) reemplazaron a las potencias coloniales en su papel imperial como bien describe Silvia Federici: “Una vez que está a merced del ‘FMI y asociados’, el país pierde todo resquicio de independencia política y económica. No hay gobierno que puedan forjar una línea política independiente, aunque quiera, porque tiene que rogar a las agencias extranjeras a que reestructuren la deuda o le concedan nuevos préstamos”.
Somos también la diáspora que señalan en el extranjero como un problema. Dificultan los trámites para regularizar nuestra documentación y se aseguran de que vivamos en la ilegalidad para quitarnos derechos, aislarnos, evitar cualquier posibilidad de organizarnos y así convertirnos en un ejército de reserva para una competencia a la baja dentro del mercado laboral.
La tierra sirve para producir cultivos que no vamos a consumir, nuestro tiempo de vida se invierte en trabajo a cambio de salarios que se han vuelto insignificantes por la devaluación, y migramos para ganarnos la vida en una lucha interminable a costa de nuestros derechos, los cuales perdemos una vez cruzamos la frontera y pasamos a ser remesas, las cuales se convierten en la única alternativa de sobrevivencia de nuestras familias.
Somos también la diáspora que señalan en el extranjero como un problema. Dificultan los trámites para regularizar nuestra documentación y se aseguran de que vivamos en la ilegalidad para quitarnos derechos, aislarnos, evitar cualquier posibilidad de organizarnos y así convertirnos en un ejército de reserva para una competencia a la baja dentro del mercado laboral. Somos una mina de oro para ellos.
La crisis de la deuda persigue la aniquilación del viejo sistema de reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo en los territorios, “el propósito del FMI y del Banco Mundial es hacer que la tierra y las personas estén disponibles para ser explotadas de manera más intensiva”.
Tenemos alternativas. Encontrarnos, organizarnos, recrear y reinventar los comunes destruidos, sacar a luz la crisis de la deuda rasgando el velo de culpa, vergüenza y miedo que nos crea y nos aísla, hablar de que no nos alcanza o no tenemos, rechazar por ilegítimas las deudas por préstamos educativos y las deudas de los hospitales, porque la educación y la salud son derechos, no mercancía que se puede comprar y vender. Señalar a los bancos, al FMI y al Banco Mundial de robarnos la tierra, el tiempo de vida y la esperanza de futuro, son la solución.
PD. El pasado lunes 25 de enero, 70 trabajadores del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, (el único hospital de segundo nivel en el Chocó, Colombia) entraron en huelga, les deben 5 meses de salario. La UCI está llena, no tienen materiales médicos para atender la pandemia y reciben a la gente que “llega descalza, muchas veces sin ropa y con hambre”, ponen el cuerpo para enfrentar la emergencia sanitaria. El hospital intenta funcionar bajo un modelo de empresa en el departamento más pobre de Colombia y deben enfrentar una deuda de 21.000 millones de pesos priorizando el pago a acreedores antes de atender la emergencia.
El Gobierno destinó 6.000 millones de pesos los cuales aún no ven la luz y corresponden a “recursos que asignan de vez en cuando para mitigar el impacto de la falta de recursos propios. La realidad es que los ingresos del hospital no alcanzan para pagar los costos de la operación, simple, no alcanzan, convirtiendo esto en un espiral sin fin”, los funcionarios se quejan de que no funciona “entra 1 peso y salen 4”.
La situación de emergencia sanitaria en el Chocó debe levantar todas las alarmas y la solidaridad del pueblo colombiano. ¡Pongamos la vida en el centro, salvémonos!
