¿Qué espera de la Corte, señora María Eugenia? Preguntó el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor a mi madre el pasado 8 de febrero, durante la audiencia del caso de la Unión Patriótica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Que me crean. Que me miren, que me escuchen. Créanme, es lo único que pido a estas alturas”, dijo ella. Mi madre es abogada, conoce las leyes, los delitos y las penas. Sabe que 32 años después del asesinato de mi padre la justicia llega tarde y se presenta lánguida, cansada y con las manos vacías.
El Estado negocia a la baja la muerte a granel y minimiza con sus cálculos el despojo y la devastación extendida en el tiempo.
Antes de la audiencia me dijo que ella ya no sabía que más decir. Ha contado la historia tantas veces, que es todo cuanto pudo responder a la pregunta del juez. No tiene más que su memoria y su palabra. Es lo que queda después de todo. Contar, una vez más, qué fue lo que pasó, quién era su marido, porqué lo mataron, cómo superó la tragedia y cómo sus hijos no han hecho otra cosa que perpetuar el recuerdo.
El niño de cinco años que se agarraba a la falda de su madre y le pedía que no saliera por temor a que a ella también la mataran, se ha dedicado al estudio de la memoria histórica en el país. La niña que dejó de hablar cuando mataron a su padre escribe sobre el tema, una y cien veces, porque mientras la historia no tenga algo parecido a un final, no hay otra forma de vivir con ella.
Durante la sesión virtual el Estado reconoció la labor política y social de José Antequera, así como los esfuerzos por la construcción de paz y la búsqueda de justicia por parte de mi madre. Señora presidenta, el Estado no tiene preguntas. ¿Qué se puede decir a estas alturas? El Estado reconoce ante la CIDH la responsabilidad de 219 víctimas de la UP, pero no de las más de 6.000 que se registraron en el informe de fondo de la Comisión IDH. Negocia a la baja la muerte a granel y minimiza con sus cálculos el despojo y la devastación extendida en el tiempo.
Impunidad. Una sola palabra describe la característica principal de la historia de la UP en Colombia. Las víctimas denunciaron, pero nadie las escuchó. Hace años que se agotaron las vías judiciales internas para encontrar justicia. Los pocos expedientes que existen se pudren en los cajones de los juzgados, y quienes quisieron buscar a sus desaparecidos también fueron perseguidos.
Los escoltas que cuidaban de los dirigentes y sus familias estaban involucrados en la matanza. ¿Cuál de todos? ¿El que dormía en el sofá? ¿Con el que íbamos a comer helado a Sopó?
Lo que no se nombra no existe. Tal vez por eso los hijos y las viudas de la UP hablamos tanto del tema. Seguimos documentando, contando la historia una y mil veces a periodistas, historiadores, profesores, cineastas, etcétera. Se han escrito libros e informes extensos sobre el tema. Hay testigos, testimonios de sobrevivientes, confesiones, y aún así, hace falta más para demostrar que el horror de la muerte, la desaparición forzada, la tortura, la masacre y el exilio son ciertos. Pero el Estado lo niega, lo reduce y lo justifica cada vez que se resiste a reconocer la historia y su participación en el exterminio.
Durante muchos años, cuando se acercaba la fecha del aniversario de la muerte de mi padre, mi madre pasaba por la clínica. Un absceso dental, piedras en el riñón, los ganglios linfáticos inflamados, sarpullido en los pies. Dolores palpables, visibles y reales, pero sin diagnóstico. No era más que dolor en el alma. Estrés postraumático, depresión severa y aguda. Medicación perpetua contra la tristeza. Ella lo vivió, yo lo vi y el Estado no puede negarlo. Como tampoco puede negar la perversidad con la que se planificó el exterminio. Los escoltas que cuidaban de los dirigentes y sus familias estaban involucrados en la matanza. ¿Cuál de todos? ¿El que dormía en el sofá? ¿Con el que íbamos a comer helado a Sopó? El Estado no puede negar la vida que hemos tenido, ni el miedo con el que crecimos, la ausencia siempre presente.
Ver a mi madre en pantalla me conmovió. Sé que hizo un gran esfuerzo por hablar frente a una cámara. Sé que estaba nerviosa y que después de la intervención estuvo un par de días sin comer ni dormir bien. Al escucharla pensaba que ha habido muchos homenajes para los mártires. Estamos acostumbrados a agasajar a la muerte y al sacrificio, pero no a la vida. Qué lástima, porque de no ser por la resistencia de mujeres como mi madre, el decapitado jamás hubiera pasado a la historia como figura de bronce. No hay homenajes para las mujeres que criaron a sus hijos cubriéndolos con lágrimas de plata para protegerlos del rencor y la desdicha.
La insurgencia, que en su momento reivindicó a la UP, después solo la utilizó como reclamo de desconfianza contra el Estado, pero no hizo nada más. Ni siquiera pudo pasar a la historia por la puerta grande como soñaba mi padre.
Creo que un pronunciamiento favorable a las víctimas por parte de la CIDH podría ser, tal vez, un pequeño homenaje a la resistencia de los sobrevivientes. Y digo que tal vez, porque ya lo dije en otra columna, no habrá cárcel para cada culpable ni consuelo para cada víctima. No habrá reparación para lo irreparable.
El Estado colombiano planificó el exterminio, desamparó a las víctimas, y no ha escuchado a los sobrevivientes. La insurgencia, que en su momento reivindicó a la UP, después solo la utilizó como reclamo de desconfianza contra el Estado, pero no hizo nada más. Ni siquiera pudo pasar a la historia por la puerta grande como soñaba mi padre.
“El muerto es de todos” nos dijeron una vez a mi familia y a mí. Yo me ofendí y pensé: mi padre es mío. Ahora sé que no nos queda más que juntar a nuestros muertos, contar una y mil veces nuestra versión de la historia, y confiar en un futuro reconocimiento de responsabilidades. Con eso tal vez podríamos hacer un pequeño homenaje a las mujeres que cuentan su vida entre lágrimas, pero con la cabeza bien alta. “Porque la dignidad es lo único que nos queda”, como dijo mi madre.
