Por Boaventura De Souza Santos
Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3,5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 tenía el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero significativos le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales).
Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC-EP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social y dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.
Es en este contexto, y tras casi tres años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, en el que pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del Gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas que declaran y pagan impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, y ocasiona por ello un menor desarrollo, dado que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.
Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos cinco años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970, como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N).
Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia de la covid-19, Colombia volvió a marchar del 9 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga (movilización indígena) del suroccidente colombiano, ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas, que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.
Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 5 de mayo un total de 1.708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la Policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1.180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.
Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de Hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la cesta de la compra familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el Congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha propuesto un espacio de diálogo con distintos sectores de la sociedad civil, diálogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este Gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al diálogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre la retirada de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el presidente Duque anunció la militarización de Colombia antes de ceder al clamor social. A partir del 1 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial, con la Policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.
Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años que proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto cómo reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y retransmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) de Cali, se denunció también que durante la noche del 4 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.
La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar a que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son «vándalos» y «terroristas». En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente «diálogo»: «Tenemos 25.000 armas», gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta aparcada frente a la Universidad del Valle (Univalle). «Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país», le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un «frente común» que incluyera a miembros de la seguridad privada, al Ejército y a la Policía para «recuperar el orden y la seguridad ciudadana», dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.
¿Para dónde va Colombia?
Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población.
Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores; la crisis social y económica pospandémica será gravísima, sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia, por deficientes que sean, combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia, van a causar un enorme endeudamiento del Estado, y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia, ya bastante evidente, se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?
Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos, que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro de si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos, a pesar de que estos estén siendo violados tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los Estados Unidos. Seguramente la Organización de Estados Americanos (OEA), el alto comisariado de la ONU y el Gobierno estadounidense ya estarían denunciando los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha?
No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los Estados Unidos en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares estadounidenses en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.
Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas, debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país y en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de cincuenta años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.
Texto publicado en el diario Público
