“Volvimos a esperar muertos todos los días. Volvimos a normalizar la violencia encima de nosotros y que pase eso donde desde pequeños vemos la violencia, el desplazamiento y el dolor con nuestros propios ojos, no puede pasar”, me dice Lucía, una mujer joven de Saravena, Arauca, a quien su madre tuvo en Cúcuta porque no había incubadoras en todo el municipio para el nacimiento. Lucía pidió que, por razones de seguridad, se le cambiara el nombre y se protegiera su identidad. “El reclutamiento es mucho más fuerte de lo que se cree. Mis amigos van pa’ eso, van pa’ guerrilleros. Así son las cosas en Arauca, esta es la verdad” repite.
El 2022 inició con una ola de sangre y dolor para el departamento de Arauca. Según datos de Indepaz, hubo más de 60 asesinatos y 1000 desplazados en enero. El abandono estatal, el escalamiento del conflicto entre las disidencias de las FARC y el ELN, las economías ilegales y la crisis diplomática con Venezuela son algunos elementos que explican la hecatombe que se vive en el departamento.
El escalamiento de los combates inició el pasado 2 de enero con varios comunicados del ELN y las disidencias de las FARC advirtiendo una nueva guerra. La aparición de cuerpos asesinados, el desplazamiento forzoso de miles de personas y los carros bomba en los últimos días, son la muestra de la reedición de un conflicto con varias aristas, que va más allá del narcotráfico, y al que el actual gobierno, con estrategias de seguridad y defensa puramente reactivas, fracasó en solventar.
El trasfondo del conflicto en este territorio no es únicamente la disputa entre los actores ilegales por las rutas del narcotráfico. Arauca es un territorio de histórico olvido estatal que combina varios factores de economías ilegales y puntos geográficos estratégicos que la convierten en una zona de mucho interés para diversos actores. Es evidente que se trata de un conflicto que no se resuelve militarizando la zona.
El abogado y analista especialista en seguridad y defensa, Jairo Libreros, me dijo en entrevista que existen dos problemáticas principales en materia de seguridad y defensa al analizar la situación histórica de Arauca. Por un lado, el hecho de que el Estado nunca ha tenido estas zonas como polos de desarrollo económico, lo que ha generado que el tratamiento de las mismas a través de políticas públicas sea casi inexistente. Provocando que el único ejercicio de soberanía del estado colombiano desde hace muchos años sea a través de la presencia militar. “Por esto, varios territorios colombianos, no solo en Arauca, se han convertido en tierra de nadie y nunca ha existido un traslado institucional real. Solo una presencia militar reactiva a ataques ilegales directos”, dijo Libreros.
Por el otro lado, el Estado colombiano ha recibido información de seguridad que compromete la responsabilidad de muchas instituciones que han sido advertidas de la existencia y el predominio de rentas ilícitas como la trata de personas, la explotación ilegal de minerales y el tráfico de armas en estas zonas. La responsabilidad viene de años atrás, de no haber implementado estrategias preventivas de defensa y seguridad nacional para evitar la consolidación y el control completo del crimen organizado. El politólogo y candidato al Congreso, Ariel Ávila coincide en que la situación actual se generó a partir de una mezcla de elementos que crearon “una tormenta perfecta”. El boom de las economías ilegales, la fractura de relaciones entre Colombia y Venezuela, la ausencia de una política de seguridad institucional y la situación de “empate técnico” entre el ELN y las disidencias, son los elementos de una olla a presión que desde hace varios años se advertía que iba a explotar.
En el 2019 Humans Rights Watch advertía que si bien las actividades bélicas entre el ELN y las FARC no eran el centro principal de la violencia en Arauca, ambos grupos ilegales tenían el control completo social y económico del departamento. Como parte de su estrategia de manejo de la vida social, política y económica, estos dos grupos han sometido a la población a violaciones, homicidios, trabajo forzado y reclutamiento forzoso bajo un manual de “Normas unitarias de comportamiento y violencia”. Normas que incluían toques de queda, horarios de cierre de lugares de ocio, extorsión y cobro de dineros. La organización recogió el testimonio de un policía local en el que señala a la guerrilla como la nueva ley y policía territorial.
El mayor miedo de los araucanos es el de revivir el escenario de guerra y control ilegal que se dio hace trece años. La situación se está repitiendo. Entre el 2004 y el 2011, luego de que el ELN y las antiguas FARC desataron la sangrienta guerra que dejó más de mil muertos y cientos de desplazados, llegaron a un pacto mediante el cual se repartieron el territorio. En el 2016 tras el Acuerdo de Paz, la mayoría de las FARC se desmoviliza creando un vacío en el territorio que, en vez de haber sido ocupado por el Estado colombiano a través de la institucionalidad y el desarrollo, quedó a merced de actores en busca del control territorial y el aprovechamiento de economías ilegales.
“Acá solo se puede esperar con impotencia y miedo de que no le toque a uno o a algún ser querido” dice Lucía. Su familia ha vivido en Arauca toda la vida. Ellos dicen que el proceso de paz les hizo sentir una luz de esperanza. Que sin hablar de políticos o ideologías, el Acuerdo llevó tranquilidad a uno de los departamentos más azotados por el conflicto armado, su hogar. “Durante ese periodo podíamos salir de noche, la gente vivía más tranquila, hubo un cambio en el orden público. Claramente el acceso a la educación o a la salud de calidad seguía siendo un problema grave, para hacer una carrera había que irse como fuera para otra ciudad. Pero con todo y eso, eran tiempos mejores”.
Lucía cuenta que el sueño de su primo es ser soldado del ejército Nacional. No porque allá los vean como héroes, pues los ven como “pobres muchachos que los mandan acá a matarse igual con las guerrillas”, sino porque creció viendo la milicia como una oportunidad de vida. Su primo juega con sus amigos y siempre les dice: “cuando la guerrilla los reclute y yo me vaya al ejército, así estemos en guerra, entre nosotros los amigos no nos vamos a matar”.
A sangre, fuego y balas se ha construido la historia de un departamento al margen de toda institucionalidad y democracia estatal. Con violencias que se entrelazan y se alimentan, Arauca al igual que otros departamentos de Colombia, escribe un nuevo capítulo de violencia armada. Con tan solo un vergonzoso 28% de implementación del Acuerdo de Paz, un Estado ausente y la carencia de planes de desarrollo e inversión social territorial, Arauca y más territorios de Colombia están condenados a vivir en espirales de violencia y muerte. La confianza y la legitimidad estatal solo se logran a través de un Estado presente, que funcione. Urge un verdadero Estado social democrático de derecho en Colombia.
