“Frente a la manera en que el gobierno actuó durante las manifestaciones de 2021, la población reaccionó con gestos simbólicos potentes, innovadores y sobre todo, pacíficos” (Sophie Daviaud y Johanna Carvajal)
Por Jaime Flórez Meza *
Así como en los anales de la historia quedó un Mayo Francés, una Primavera de Praga o una Primavera Árabe, es probable que algún día se llegue a hablar de un Mayo Colombiano. O quizás solo se le recuerde como el “28 A”, el día en que se inició el mayor estallido social en la historia reciente de Colombia. Y como en aquellas célebres protestas sociales de los sesenta y en las de 2010-2012 en la mayoría de países árabes, ¿acaso todo cambió para que no cambiara nada? ¿Fue una revuelta popular triunfante, un movimiento social que aún prevalece o una protesta social fallida y sistemáticamente reprimida por un gobierno autoritario? ¿O fue todo eso junto?
El Paro Nacional de 2021 en Colombia fue, en cierto modo, el acumulado de una serie de movilizaciones que ocurrieron en la década de 2010 en el país: la protesta universitaria de 2011, el paro nacional agrario de 2013, las marchas a favor del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC-EP, y el Paro Nacional de 2019 en contra de las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno de Iván Duque, conocido como “21N” por ser el 21 de noviembre su fecha de iniciación. Este último no se realizó de manera consecutiva, pero tuvo una amplia participación de las centrales obreras, los estudiantes y la sociedad civil y transcurrió de forma paralela a otras grandes protestas sociales como la de Chile, iniciada el 19 de octubre de 2019 de una manera más persistente, prolongada y efectiva, como quiera que dio pie para acordar la celebración de una asamblea nacional constituyente. En el caso colombiano, las conversaciones entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno no arrojaron ningún resultado mientras que la continuidad de la protesta fue inviable por el largo confinamiento establecido a raíz de la pandemia de Covid-19. Y el último antecedente fueron las violentas protestas que se presentaron en Bogotá en repudio por la muerte del abogado Javier Ordóñez el 9 de septiembre de 2020 a causa de la golpiza y torturas que sufrió a manos de agentes de la policía. En el transcurso de las dos jornadas de protesta y disturbios, 13 personas murieron baleadas por miembros de la Fuerza Pública.
El anuncio de una nueva, regresiva y reaccionaria reforma tributaria por parte del Gobierno, que iba a golpear sobre todo a las clases medias y bajas, fue el detonante de la movilización social que se tomaría al país desde el 28 de abril tras la convocatoria de las centrales obreras junto a otros sectores y organizaciones sociales. Una vez iniciada la protesta, ni siquiera el retiro del proyecto de reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda pudieron detenerla durante al menos los dos meses siguientes, pues la rabia, el descontento y la frustración social in crescendo durante tantos años de exclusión social, incumplimientos gubernamentales, corrupción pública, aumento de la pobreza y el desempleo, llevaron a la gente, particularmente a los jóvenes, masivamente a las calles a protestar pacífica y creativamente la mayoría de las veces para exigir sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). En este punto es importante recordar que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina en distribución de la riqueza, propiedad de la tierra y nivel de ingresos de la población, y el segundo de América, después de EE.UU., en gasto militar (un 3,4% del PIB, que equivale al 16% del presupuesto nacional).
Era una bomba de tiempo, pues esta histórica movilización obedece, ciertamente, a “una crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. Aunado a ello, la precarización social se agudizó durante la pandemia del Covid-19, tiempo en el que el Gobierno no garantizó la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía como el acceso a la alimentación, a la salud, a una vivienda digna y una renta básica”, como se afirma en el informe final de la Misión S.O.S Colombia, elaborado tras la visita en julio de 2021 de 41 comisionados de 14 países que conformaron la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia.
El Paro Nacional se extendió, con altibajos, hasta el 31 de julio de 2021, siendo mayo y junio los meses de mayor agitación. Las movilizaciones no cesaron del todo en los meses siguientes, pero sí se redujeron significativamente. Como ya se dijo, la protesta se desarrolló mayormente de manera pacífica, sin buscar la confrontación con la Fuerza Pública. Por el contrario, la citada Misión S.O.S Colombia pudo constatar “la infiltración de agentes de policía vestidos de civil en las manifestaciones con el fin de generar escenarios de confrontación y hacer un seguimiento selectivo a líderes y lideresas. Esta conducta fue observada en la mayoría de las regiones visitadas…” (Misión S.O.S, 2021, p. 38).
Las movilizaciones estuvieron caracterizadas por la alta participación de estudiantes universitarios, sindicatos, organizaciones sociales de la más diversa índole, colectivos artísticos, líderes y lideresas, voluntarios de distintas profesiones y oficios. Durante la protesta, por ejemplo, se dieron prácticas muy interesantes como las ollas comunitarias que ofrecían comida a los manifestantes, brigadas médicas para atender a los heridos, abogados que ofrecían gratuitamente sus servicios para defender a jóvenes judicializados, prácticas estéticas variadas (conciertos, performances, pintadas, intervenciones en el espacio público, levantamiento de monumentos a la resistencia, entre otros), las casas refugio y las denominadas primeras líneas (básicamente de jóvenes con vestimenta y protección especial para proteger a los manifestantes).
No obstante, la respuesta del gobierno y de la Fuerza Pública, como bien se sabe, fue completamente desproporcionada al no ofrecer garantías para ejercer el derecho a la protesta, consagrado en la constitución colombiana. Se desconoció y deslegitimó la protesta y se le dio tratamiento de vandalismo, terrorismo de baja intensidad y doctrina del enemigo interno: aquella que difundió EE.UU. durante los años de la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX por su confrontación ideológica y política contra los bloques comunistas. Respecto al vandalismo, no es éste una práctica propia de las manifestaciones, como tampoco lo es el micro-tráfico de sustancias ilícitas: “Lamentablemente en las protestas pacíficas se mezclan problemáticas complejas como el vandalismo y el micro-tráfico que no son fenómenos generados por las manifestaciones, sino factores que han estado enraizados en la sociedad colombiana desde hace décadas”, dicen Daviaud y Carvajal (2021, p. 19).
Las estrategias de la Fuerza Pública fueron de guerra y terror, empleando armas no permitidas contra los manifestantes, gases lacrimógenos, bombas aturdidoras, cometiendo todo tipo de excesos (golpizas, ataques directos a la humanidad de decenas de manifestantes, torturas, violencia sexual, lesiones oculares, detenciones arbitrarias e ilegales, desapariciones forzadas, seguimientos, amenazas, persecuciones), con lo cual se ocasionó un elevado número de víctimas fatales y heridos.
Hasta la fecha se desconoce con exactitud cuántas personas perdieron la vida durante el Paro Nacional por cuanto organismos gubernamentales y no gubernamentales, las misiones del exterior (CIDH, S.O.S Colombia, entre otras) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) no arrojan datos que puedan considerarse concluyentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, aclaró al respecto: “La Comisión manifiesta su preocupación por las inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado, así como por las disparidades presentadas entre los números reportados por éstas y aquellos que han resultado de los hechos documentados por la sociedad civil, principalmente en relación con víctimas fatales y con personas desaparecidas” (CIDH, 2021, p. 9). A fines de junio de 2021, la alianza entre la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informaba que en el marco de la protesta social se habían cometido 74 homicidios entre el 28 de abril y el 28 de junio, 44 de ellos “con presunta autoría de la Policía”, además de 83 víctimas de violencia ocular, 28 de violencia sexual, 1832 detenciones arbitrarias y 1468 casos de violencia física (Indepaz-Temblores, 2021, p. 4). En el informe se muestra que solo en la ciudad de Cali, epicentro de la protesta, fueron asesinadas en ese lapso 43 personas.
La OACNUDH, por su parte, presentó un informe en diciembre de 2021, cuando se supone que los datos ya se encontraban consolidados, en el cual se hace constar lo siguiente:
“En particular, entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina recibió información sobre alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. Del total de alegaciones, la Oficina verificó 46 casos, 4 casos se encuentran aún en proceso de verificación y en 13 casos la Oficina consideró que no había información concluyente para determinar si las muertes tuvieron lugar en el contexto de las protestas. De los casos verificados, 44 víctimas eran civiles y dos eran policías. De la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, de los 46 casos verificados, en al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública, 10 habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador” (OACNUDH, 2021, p. 3).
En cuanto a violencia sexual, dice haber recibido 60 alegaciones (48 casos en mujeres y 12 en hombres) “presuntamente cometidas por miembros de la Policía Nacional. De estos, la Oficina verificó los casos de 16 víctimas de violencia sexual que habrían sido cometida por miembros de la Policía Nacional” (p. 3).
Pudiera pensarse que al final se impuso el terror, que frente al inminente peligro diario de ser estigmatizados, perseguidos, agredidos, detenidos, asesinados o desaparecidos, miles de manifestantes dejaron de salir a las calles. Sin embargo, es notable cómo las prácticas estéticas, por citar uno de los casos más visibles en esta protesta social, fueron una forma de canalizar el inconformiso, la crítica, el miedo, el dolor, la rabia, pero también el cambio y la esperanza.
Asimismo, se creería que la imposibilidad de llegar a un acuerdo en las conversaciones entre el Comité Nacional del Paro y los representes del gobierno, debido a las dilaciones de este último, le restó fuerza a la protesta social, aunque también aumentó el desprestigio de un gobierno de por sí autoritario, intolerante e impopular. O que el hecho de que muchos participantes no se sintieran representados por ese comité del paro, o que consideraran que en éste no estaban reunidos todos los actores representativos, significaba que había fisuras en el movimiento. Y aunque en un corto plazo sí se lograron objetivos importantes como el desmonte de dos reformas (una tributaria y la otra de la salud), la matrícula cero para los estudiantes universitarios de más bajos recursos, y la denuncia mundial de las gravísimas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno y su fuerza pública, mientras que no se consiguieron cosas de mayor impacto político, social y económico a futuro como en el caso chileno, quizás aún sigue siendo prematuro determinar cuáles serán los efectos de esta protesta social a largo plazo en todos los aspectos. Por lo pronto, y solo en lo que tiene que ver con lo político, los resultados de las elecciones legislativas de marzo muestran que el país ya no es el mismo y que puede ratificarlo en la contienda presidencial que tendrá lugar en cuatro semanas. En lo social, que la capacidad de movilización sigue siendo grande, como pudo apreciarse en la conmemoración del primer año del “28A”.
Esos gestos simbólicos a los que se alude en el epígrafe de esta nota tienen que ver, por tanto, con una serie de prácticas estéticas críticas que rodearon la protesta de una manera inédita en Colombia. Acciones de descolonización, como el derribamiento de estatuas de conquistadores, próceres cuestionables y políticos reaccionarios (Belalcázar, Jiménez de Quesada, Nariño, Alzate Avendaño); de resignificación y reapropiación de espacios públicos neurálgicos como Puerto Rellena en Cali, renombrado como Puerto Resistencia, el Portal de las Américas de Transmilenio en Bogotá (Portal de la Resistencia) o el Parque de los Deseos en Medellín (Parque de la Resistencia), por dar solo algunos ejemplos; de mediatización por parte de periodistas, cantantes y actores que utilizaron algunos medios a su alcance y las redes sociales para difundir contenidos de apoyo al paro, además de los numerosos hashtags alusivos que se pusieron en circulación; y de expresiones visuales críticas en muchas paredes, plazas y calles del país que atestiguan lo que fueron esas jornadas haciendo un significativo ejercicio de memoria, así algunas ya hayan sido borradas por el tiempo o las autoridades municipales y militares. Imágenes a menudo trágicas, pero otras que gritan a los transeúntes que sí es posible construir un país verdaderamente democrático. “En el arte, los ciudadanos (no necesariamente artistas) han encontrado la manera de expresar el inconformismo frente a las décadas de violencia y a las desigualdades que hacen de Colombia el país más desigual del mundo actualmente” (Daviaud y Carvajal, 2021, p. 20).
* Comunicador Social de la Universidad de Nariño. Magister en estudios culturales y visuales en Ecuador. Docente en la Universidad de Loja, Ecuador.
