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Álvaro Uribe Vélez y el búmeran de la ineptitud

Este es un momento para la reflexión sobre lo que nos está pasando y redefinir las rutas hacia una sociedad más democrática y justa, capaz de superar el lastre de la violencia y la guerra a la que la ha llevado ese modelo de caudillismo perverso.

Carlos Medina Gallego
Mafia y Estado

Imagen de PDPhotos en Pixabay

La tendencia de Colombia a polarizarse siguiendo líderes carismáticos hace parte del ADN de la nación colombiana desde los orígenes de la República. Esa tendencia se ha expresado en un encadenamiento de guerras, violencia y conflictos políticos que se escalan periódicamente dejando un saldo inmenso de muerte y tragedia. La historia del país se ha llenado de homicidios, magnicidios, genocidios, asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, desplazamientos forzados entre otros delitos y crímenes que involucra como víctimas casi al 40% de la población total del país estimada en 45 millones de habitantes. 

Una violencia que no termina

Ha sido una violencia dirigida contra los más humildes e indefensos en el marco de perversos procesos de acumulación capitalista, que unieron economías legales e ilegales en una amalgama de acumulación, poder y muerte configurando un modelo de sociedad compleja, dividida y cargada de un presupuesto de odios y venganzas que no se agota. 

El líder carismático del Centro Democrático está rodeado de prófugos, procesados, exiliados, y una corte de copartidarios, funcionarios y abogados ineptos

El surgimiento de fenómenos como la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo y la captura criminal del Estado, ha derrumbado la institucionalidad política, de por sí frágil, y ha degradado el modelo de democracia donde muy poco espacio tienen las fuerzas progresistas, democráticas liberales o de izquierda, perseguidas, judicializadas y sometidas al exterminio a través de la violencia criminal del Estado en connivencia con paramilitares y narcotraficantes y en un contexto de guerra enrarecida con los grupos subversivos. Guerras que se han hecho interminables y que se han normalizado en la conciencia de los ciudadanos que se han vuelto escépticos de la posibilidad de ejercer el derecho constitucional a la paz y salir de la espiral de la violencia en que el país anda atrapado. 

Clases emergentes, economía y Estado 

La subordinación política de las clases dominantes tradicionales a las clases dominantes emergentes (surgidas de los botines de la guerra, la violencia estructural, el desarrollo de las economías ilegales del narcotráfico y el crimen organizado transnacional) constituye la peor de todas las vergüenzas pues permitieron la narcotización de la sociedad y del poder político del Estado. 

La decisión de la Sala de Instrucción del Alto Tribunal, de privar de libertad al senador Uribe Vélez y de darle la prisión domiciliaria no es de poca importancia y sí de gran responsabilidad

Las viejas elites empresariales, los grupos económicos y los medios de comunicación abrieron sus clubes, partidos y empresas al torrente de dineros provenientes de las “prósperas economías”; ya no de los carteles del narcotráfico y de su cultura traqueta, sino de modelos empresariales y consorcios de la economía ilegal del narcotráfico, que fluye en el control de la cadenas productiva a través de operadores productivos, comerciales y financieros, que irrigan y se apropian de la economía convencional en los sectores más productivos de las economías agro-mineras, de la construcción, el turismo, el comercio, el transporte, la salud, la educación,  entre un centenar de empresas que, con una fachada legal,  controlan la vida económica de la nación en una alianza con el sector privado, funcionarios públicos y dirigentes políticos, corruptos que están al servicio del crimen organizado.

Albañiles en el centro de Bogotá, Colombia. Imagen de Andrés Alagón en Unsplash

Por esa misma vía esa nueva elite emergente se dirigió hacia la captura del Estado y la colocación de toda la institucionalidad política, de seguridad y justicia, al servicio del crimen organizado del narcotráfico, la corrupción y la impunidad.   

Ese pacto de la refundación de la Nación y el Estado, concebido a comienzos de la década de los noventa, se ha ido implementando de manera ininterrumpida, colocando a la cabeza al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que entendió desde muy temprano que nada es incambiable, que todo es desechable y que lo único que es válido es lo que sirva a los intereses de la coalición criminal y autoritaria, local y global del poder. 

La figura de Álvaro Uribe Vélez 

Esa realidad y esa tragedia es la que representa la figura carismática de Álvaro Uribe Vélez, cuyos imaginarios apropiaron desde un pacto perverso de la delincuencia criminal la institucionalidad social y política de la nación Colombia, llenaron de odio amplios sectores de la población, en particular sectores populares y clases medias culturalmente traquetas,  alienados por un discurso de engaño y mentira, encarnación pura de los fundamentos ideológicos de la posverdad, que distorsiona deliberadamente la realidad de los hechos apelando a la emociones, pasiones y creencias de la gente, con el fin de influir en las actitudes políticas y sociales para que actúen en contra de sus propios intereses y, la postpolítica, que convierte la política en un lugar incierto, imprevisible y fundamentalmente autoritario que dispone, a voluntad del caudillo, el orden de toda la institucionalidad del Estado, modificando a su acomodo el ordenamiento constitucional e institucional, es de ahí, que surge la idea plebiscitaria (manipulada), su propuesta constituyente y la unificación de los tribunales de la justicia en una sola Corte. 

La poca independencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, ese rescoldo de dignidad bajo cenizas, le ha salido en distintas ocasiones a sus propósitos autoritarios; primero, para frenar la reelección perpetua que lo sostuviera indefinidamente en el poder y, segundo, para evitar la instrumentalización política de la justicia en la lucha contra sus opositores. 

El pasado 4 de marzo, en un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la privación de la libertad y la prisión domiciliaria al expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Lo hace la CSJ porque el senador Uribe, en su afán de permanecer en el escenario político había renunciado a su fuero presidencial, presentándose a elecciones para el Senado de la República, donde se ha desempeñado como jefe de la bancada de su partido el Centro Democrático. Primero haciendo oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y al proceso de paz y, luego como partido de gobierno apoyando a su pupilo el inexperto presidente Iván Duque Márquez, quién se ha dedicado en lo esencial a gobernar para su partido y para los intereses que representa, en detrimento del interés general de la construcción de la paz.

Un líder rodeado de ineptos      

El líder carismático del Centro Democrático está rodeado de prófugos, procesados, exiliados, y una corte de copartidarios, funcionarios y abogados ineptos. En gran medida, la situación en la que se encuentra frente a la justicia obedece a sus propias artimañas para enfrentar a los opositores y a la ineptitud profesional y vocación delictiva de sus abogados, dedicados a orquestar todo tipo de artimañas para generar procesos judiciales contra quienes en el escenario político han sido persistentes en las denuncias del prontuario criminal del senador Uribe desde sus inicios como funcionario público, su paso por Aerocivil, al servicio del cartel de Medellín, por la gobernación de Antioquia donde nace su propuesta de las Convivir que evolucionan en el fortalecimiento del paramilitarismo en Antioquia y Córdoba y luego, después de la muerte de Pablo Escobar, al frente de la propuesta mafiosa del narcotráfico de la refundación del Estado y la nación colombiana, todo consignado en densos expedientes que han sido asaltados por altos funcionarios inescrupulosos del Estado al servicio del caudillo y sus aliados, para evitar y torpedear los procesos que se le adelantan. 

Permitir que tenga curso un proceso, que en el caso que fuera negativo para el expresidente Uribe, le daría una pena entre dos y cuatro años de prisión.

La decisión de la Sala de Instrucción del Alto Tribunal, de privar de libertad al senador Uribe Vélez y de darle la prisión domiciliaria no es de poca importancia y sí de gran responsabilidad. Durante meses el tribunal sopesó cada una de las pruebas para tomar esa decisión encontrando mérito para hacerlo, en el marco del debido proceso, la presunción de inocencia y la oferta de un juicio justo. En un documento de más de 1550 páginas se soporta con suficiencia esa trascendental decisión del Alto Tribunal.

Un delito menor, mayor polarización 

Es importante señalar que tomando en consideración el prontuario delictivo que se le atribuye, que compromete narcotráfico, paramilitarismo, masacres, desplazamiento forzado y asesinatos selectivos, por señalar algunos; por lo que se le priva de libertad es por delitos “menores”. Manipulación de testigos, fraude procesal, soborno y la sindicación implícita de que él representa un riesgo para la justicia que es, en la práctica, lo que lo lleva a la prisión domiciliaria. 

La detención de Uribe ha generado todo tipo de reacciones, desde las hordas furiosas del uribismo, rabiando y amenazando, buscando alianzas con militares en servicio y retirados y jurando venganza, lo que resulta inaceptable y peligroso. Sobre todo cuando sus amenazas se dirigen contra los magistrados del Alto Tribunal y encuentra una caja de resonancia en las declaraciones del presidente de la República, Iván Duque, pupilo de Uribe. Pasando por el entusiasmo desbordado de sectores sociales anti-uribistas que involucran no pocos personajes de la vida nacional, en un triunfalismo que no se compadece con el nivel de polarización que existe y que por el contrario los alimenta; hasta sectores reposados que consideran que es necesario dejar trabajar a la justicia, rodear al Alto Tribunal de solidaridad ciudadana e internacional y, permitir que tenga curso un proceso, que en el caso que fuera negativo para el expresidente Uribe, le daría una pena entre dos y cuatro años de prisión.

Es desafortunado el hecho que cuando el poder judicial busca, soportado sobre el acervo probatorio existente hacer justicia conforme lo determina la constitución y las leyes, sectores fanáticos de todos los colores alimenten la polarización y la violencia. Este es un momento para la reflexión sobre lo que nos está pasando y redefinir las rutas hacia una sociedad más democrática y justa, capaz de superar el lastre de la violencia y la guerra a la que la ha llevado ese modelo de caudillismo perverso.        

Carlos Medina Gallego

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, es miembro del grupo de Investigacion en Seguridad y Defensa y del Centro de Pensamiento y Seguimiento a Proceso de Paz. Especialista en Conflicto Armado.

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