Durante la cuarentena hemos estado atentos a lo que ha ido sucediendo en el sistema escolar. No nos sorprende, pero sí nos causa cierto estupor, cómo algunas medidas dictadas por el gobierno colombiano contradicen la realidad y confunden la contradicción. Contradicen la realidad, porque el retorno a la escuela se hará en las semanas en que las autoridades médicas y sanitarias han dicho que son las de mayor contagió y estaremos en el “pico de la pandemia”. Confunden la contradicción, porque con la medida del retorno a la presencialidad, se pretende que la educación funcione con “normalidad”, cuando en lo que va del año no se ha hecho nada normal.
En reciente participación en un foro convocado por la mesa directiva de colegios privados, un funcionario del sistema educativo se lamentaba porque “demostrado es que los maestros perdieron el año respecto del uso tecnológico durante la pandemia”. Sin quitarle razón a esta exagerada sentencia, me pregunto si acaso el ministerio hizo avances en el mejoramiento de las condiciones locativas y en el adecuamiento de la infraestructura escolar para cuando se “regresara a la normalidad”.
Es urgente el mejoramiento de la gestión de la práctica docente, de tal modo que desde las escuelas los maestros y maestras puedan ser capaces de articular los objetivos del desarrollo sostenible (ODS), promulgados por la UNESCO para el año 2030.
En alocución televisiva, la ministra de educación mostró como avance considerable el Decreto 470, el cual garantiza que el suministro nutricional llegue a las casas de los niños, niñas y adolescentes de los colegios beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar. No negamos la importancia de esta medida, pero: ¿mitigará esta norma los riesgos de contagio en un retorno a la presencialidad?
Con respecto a la virtualidad, el Jefe de Estado subrayó el trabajo adelantado por el Sistema de Medios Públicos (RTVC) y dijo “que se han tomado muy en serio el cómo disponer de toda la plataforma que tenemos para llevar la educación virtual a los niños y adolescentes”. Lo que debieron tomar en serio fue lo relativo al mejoramiento de la infraestructura escolar y adecuarla desde el mismo día de la promulgación del mencionado decreto para tenerla lista cuando decidieran el retorno a clases. Es el aparato burocrático del gobierno central el que pierde el año en materia educativa, no los maestros.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un documento que considera que la reapertura de las escuelas, “una vez se suavicen las medidas de distanciamiento social”, estará asociada a tres factores: los aspectos sanitarios, los criterios de agrupamiento de los estudiantes y docentes y las estrategias pedagógicas y de apoyo al aprendizaje. Ni el Jefe de Estado ni la ministra de educación han mostrado qué avances tenemos respecto de la recomendación BID sobre estos factores.
A punto de volver a clases no hay directrices gubernamentales sobre los Proyectos de Prevención de Desastres formulados desde tiempo atrás en cada institución educativa. Tampoco hay orientaciones sobre las medidas sanitarias. Nada sobre los croquis de las estructuras físicas y el sistema de evacuación levantados por estudiantes y docentes en todos esos años, ni focalización de los espacios críticos. No se menciona el acceso y la disponibilidad de los baños, el abastecimiento de agua potable, la ventilación y acondicionamiento de lugares para el lavado de manos y la descontaminación de zapatos, así como el espacio de atención de urgencias. Este panorama obliga a la participación de toda la comunidad de cara a establecer los nuevos protocolos de higiene y seguridad escolar para el día después. En este tema, el gobierno central de Colombia también perdió el año.
Si se formula un retorno a la actividad escolar a partir de septiembre, el Ministerio de Educación Nacional debió establecer un límite de estudiantes por aula y de escolares que pueden estar en un mismo tiempo en las áreas comunes. Es vital la capacitación del personal administrativo, docente y de servicios sobre los protocolos de limpieza y salubridad, lo mismo que el apoyo psicosocial a las familias e información sobre cómo prevenir el Covid-19 cuando se va a la escuela y también cuando se vuelva a casa.
Si hacemos una mirada prospectiva al sistema escolar, tendríamos que decir que este debe prepararse para asumir consecuencias de la pandemia, entre otras: la ampliación de la brecha educativa, la desigualdad en el aprendizaje, así como la vasta deserción. En tal sentido, hay que poner en marcha procesos de transformación radical de las concepciones y prácticas de planificación y gestión, en virtud de que las experiencias planificadoras de docentes y direcciones escolares no pasan de ser programaciones de diez meses y por tanto se carece de planes curriculares de largo plazo. De igual manera la comprensión pedagógica para la sostenibilidad de un mundo cuya condición medioambiental es precaria. Es urgente el mejoramiento de la gestión de la práctica docente, de tal modo que desde las escuelas los maestros y maestras puedan ser capaces de articular los objetivos del desarrollo sostenible (ODS), promulgados por la UNESCO para el año 2030 y donde Colombia tiene compromisos muy concretos. En esa misma dirección, la comprensión de estrategias como el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para una educación inclusiva, sin menguar los afanes por mejorar la comprensión del conectivismo como estrategia para el aprendizaje.
Si hay que decirlo digámoslo de una vez: la lógica del retorno a la escolaridad presencial se ubica muy por debajo de la lógica del retorno empresarial, esa con la que han permitido a las empresas y demás actividades económicas reactivarse. No es un asunto del sistema, es un asunto de la incompetencia de un gabinete de gobierno que no ha sabido ubicarse; en lo que de esencial representan para el sistema capitalista los procesos educativos y culturales.
