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Más para la educación… ¡Mucho más para la corrupción!

En la ruralidad se siente la impotencia de quienes desean seguir con su labor educativa. Cerca de las cabeceras municipales se ha podido continuar medianamente con el acompañamiento a los estudiantes, pero en las veredas y los lugares más alejados el asunto va a paso de mula enferma.

Rubén Darío Cárdenas
Corrupción

Corrupción. Imagen de Elisa Riva en Pixabay

“…la corrupción entendida como la utilización del poder político para 

lograr ventajas económicas, no ha tenido en la historia excepciones étnicas. Ni políticas.” 

Antonio Caballero

La situación de la educación en Cali y en el Valle del Cauca no es distinta de la que se observa a nivel nacional, es reflejo de una concepción perniciosa de lo público y evidencia, por lo tanto, el abismo entre la educación pública y la educación privada y entre la educación que se brinda en los centros urbanos y la que se ofrece en la ruralidad. Este es un asunto de vieja data, pero se ha hecho más notorio con motivo de la pandemia.

En los inicios del aislamiento obligatorio la Secretaria de Educación del Valle del Cauca, doctora Mariluz Zuluaga, ofrecía datos poco halagüeños: “El 85% de las instituciones educativas que nos competen están en zona rural, muchas de ellas están a tres y cinco horas del casco urbano. No tienen conectividad, ni tienen antenas que la permitan”. Luego, siete meses de iniciada esta situación excepcional, puede afirmarse que los estudiantes del sector público son quienes están llevando la peor parte.

Los maestros aprenden sobre la marcha, por su propio interés e iniciativa, el uso de algunas plataformas digitales, pero luego se enfrentan al hecho de que la mayoría de sus estudiantes no se pueden conectar.

A la falta de conectividad se suma la precariedad de recursos tecnológicos en muchos hogares. Mientras gran parte del sector privado cuenta con capacidades tecnológicas para insertarse con menos contratiempo al mundo virtual para dar continuidad al año escolar, en el sector público toda la capacidad institucional quedó relegada a la gestión de los directivos docentes y al empuje altruista de los maestros, en una especie de “sálvese quien pueda”.

Los maestros aprenden sobre la marcha, por su propio interés e iniciativa, el uso de algunas plataformas digitales, pero luego se enfrentan al hecho de que la mayoría de sus estudiantes no se pueden conectar;entonces, se las deben ingeniar para intentar llegar a sus hogares con toda clase de recursos pedagógicos: guías integradas, fotocopias y, los más afortunados, por grupos de WhatsApp o correos electrónicos.

Aunque se utilice la radio y la televisión para intentar llegar a quienes han quedado en la orfandad por parte del servicio educativo; no se cumple la misma labor si no va de la mano de una apuesta pedagógica planeada por un docente o por un grupo de maestros que vayan direccionando sus propósitos. 

En la ruralidad se siente la impotencia de quienes desean seguir con su labor educativa. Cerca de las cabeceras municipales se ha podido continuar medianamente con el acompañamiento a los estudiantes, pero en las veredas y los lugares más alejados el asunto va a paso de mula enferma.

Laboro en un colegio con techos en pésimo estado, sin biblioteca, escasas baterías sanitarias y en deplorables condiciones, con un restaurante que amenaza ruina.

Se habla de inversiones millonarias destinadas al campo. ¿Dónde están esas inversiones?, ¿por qué la falta de conectividad? ¡Esto es inverosímil pero real!: se viene pagando por parte del MEN y de las ETC este servicio, pero jamás lo hemos tenido de manera eficiente y en algunos territorios nunca llega. La plata se queda regularmente en obras de infraestructura: las moles de cemento son las más apetecidas para esquilmar los dineros públicos.

A modo de ejemplo, podemos observar que en el colegio republicano de Santa Librada, el más emblemático de Cali, fundado por el general Santander, se han invertido sumas exorbitantes en la reparación de sus aulas, pero, aun así, estas siguen inutilizadas porque generan riesgos; es decir, se invierte la plata, pero las obras quedan mal hechas. Estoy seguro que esto sucede por cuenta de funcionarios públicos y políticos corruptos que están detrás, y son responsables de este desastre, todo bajo la mirada cómplice de sindicatos y órganos de control.

En el municipio de La Cumbre donde laboro, para dar otro ejemplo, se destinaron recursos millonarios en la construcción de parques y pavimentación de escenarios deportivos concentrados en la cabecera; obras que no eran necesarias o prioritarias y, en cambio, nunca han legalizado los predios donde funcionan las sedes educativas, ni construyen laboratorios, aulas, bibliotecas tan necesarias para el mejoramiento de la calidad educativa. Así es, laboro en un colegio con techos en pésimo estado, sin biblioteca, escasas baterías sanitarias y en deplorables condiciones, con un restaurante que amenaza ruina.

Bajo estas condiciones, ¿cómo atender entonces a los estudiantes ahora que se pretende reiniciar labores con la modalidad de alternancia?, ¿cómo acceder a la propuesta del Gobierno nacional con tan pocas baterías sanitarias y con salones en condiciones ruinosas?; ¿podremos cumplir con los requisitos de salubridad y de distanciamiento exigidos?; ¿cómo atender a los estudiantes que se queden en modalidad virtual si no tenemos asegurada la conectividad? 

¿Es posible revertir la falta de presencia del Estado en las zonas rurales, especialmente en aquellas que fueron escenarios del conflicto armado? probablemente sí, puesto que los recursos están, falta direccionarlos de manera honesta y focalizarlos donde realmente se necesitan.

El sector educativo es, tristemente, una de las vetas más apetecidas por estos barones de la corrupción que se campean en las administraciones municipales y departamentales.

En la administración pasada, bajo un empréstito con la banca local, se contrataron operadores, incluyendo la Fundación Universidad del Valle, supuestamente para mejorar la calidad educativa. Los rectores y docentes quedaron perplejos al observar que dichos operadores, ¡¿quién lo creyera?! bajo el bello nombre: “Mi comunidad es escuela”, irrumpían la normalidad académica brindando de manera abrumadora talleres por doquier -descontextualizados y sin una hoja de ruta estratégica- donde lo importante, eso sí, era tomarse la foto. Ya podrán imaginarse los resultados de los estudiantes en las pruebas SABER 2019: conforme al ranking nacional, de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) que existen en Colombia, la ciudad de Cali quedó en el puesto 52, muy por debajo de otros municipios que invirtieron cero pesos en capacitación, reflejando esto el escaso impacto de dichas capacitaciones.

Las instituciones públicas requieren acompañamiento para mejorar la calidad educativa, pero debe tomarse en cuenta a los diferentes actores -padres de familia, estudiantes y maestros- y asegurarse la continuidad en los procesos. Lo contrario es pensar en función de los apetitos de los contratistas, en el pago de favores políticos y en el afán de posar para la foto mientras las escuelas se caen a pedazos.

Debe actuarse con presteza y con manos limpias -algo casi imposible habida cuenta de la cantidad de alcaldes y gobernadores que están siendo investigados por actos de corrupción debido a los contratos firmados durante la cuarentena- si de veras se quiere subsanar la enorme brecha social entre la ciudad y el campo, y si de veras se quiere acabar con los ciclos de violencia que se han vuelto endémicos por la falta de intervención estatal. Decididamente se debe priorizar las necesidades de las comunidades sobre los intereses privados.

Los ciclos dañinos se han convertido en el modus operandi de los clanes políticos y de personajes que se toman las regiones en Colombia, convirtiendo el erario público en “caja propia”, con la que se enriquecen y aseguran su permanencia en el poder. Alcaldes y gobernadores reciben sus correspondientes porcentajes de todos los contratos –mínimo “el pulcro” diez por ciento- que se ejecutan en sus administraciones. Los concejales, diputados y funcionarios públicos “experimentados” –los que saben “patinar” los contratos- reciben su tajada que les sirve para empujar sus carreras políticas. Con plata de nuestros bolsillos, de la noche a la mañana, financian sus campañas para seguirse encumbrando. Unos y otros, en impecable concierto para delinquir, siguen moviendo sus hilos para no perder “presencia” en las regiones. Esto de presencia debemos traducirlo como “participación sustanciosa en la contratación” y “posibilidad de posicionar a miembros de su familia en cargos de las nuevas administraciones”. 

Pecando de idealista, quisiera pensar que es posible aunar voluntades para darle un cambio de rumbo al desorden y saqueo administrativo.

El sector educativo es, tristemente, una de las vetas más apetecidas por estos barones de la corrupción que se campean en las administraciones municipales y departamentales. Como ha quedado expuesto, las obras en infraestructura no sólo permiten utilidades millonarias, también lo hace la no despreciable contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Han llegado al colmo, estos inescrupulosos contratistas, de alimentar a los niños en algunas regiones con carne de burro y de caballo carretillero. 

Más presupuesto para la educación se traduce en aumentar el botín de la corrupción. Por ello, mis queridos sindicalistas y entusiastas universitarios, la pelea ha de ser por que se considere delito de lesa humanidad a los que hacen de lo público un festín para el pillaje; por transparencia y pulcritud en el manejo del recurso público; por la actuación diáfana y oportuna de los entes de control; por la entrega de obras en óptimo estado a las comunidades; por la excelente alimentación a los estudiantes y por el seguimiento a los programas de mejoramiento de la calidad.

La etimología de la palabra cuarentena se acerca al sentido de un aislamiento que trae consigo una depuración. Pecando de idealista, quisiera pensar que es posible aunar voluntades para darle un cambio de rumbo al desorden y saqueo administrativo. Quisiera que las acciones gubernamentales permitieran a las instituciones oficiales continuar atendiendo el servicio educativo en esta contingencia con la misma calidad que lo ofrecen algunos del sector privado. Quisiera, para terminar, apelar a la vocación de quienes nos hemos enrolado en este hermoso oficio de educar para recordarnos que podemos romper la inequidad brindando educación de calidad a pesar del desgreño estatal y de la catástrofe pandémica.

Rubén Darío Cárdenas

Nació en Armenia, Quindío. Licenciado en Ciencias Sociales y Especializado en Derechos Humanos en la Universidad de Santo Tomás. 30 años como profesor y rector rural. Fue elegido como mejor rector de Colombia en 2016 por la Fundación Compartir. Su propuesta innovadora en el colegio rural María Auxiliadora de La Cumbre, Valle del Cauca es un referente en Colombia y el mundo.

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