A las convocatorias por las que los colombianos en España se unen para protestar por la grave situación de violación a los derechos humanos por parte del Gobierno de Iván Duque Márquez, se sumó en días pasados una inédita y multitudinaria concentración frente al consulado de Colombia en Madrid, como fuerte repulsa a la designación de Néstor Humberto Martínez Neira como posible nuevo embajador en España.
El pasado seis de noviembre, en un debate sin precedentes en el Congreso de la República, los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda, y Roy Barreras dejaron en evidencia -con pruebas irrefutables- que Néstor Humberto cometió actos delictivos para incitar al delito a Jesús Santrich. El ahínco en las movilizaciones para que esas pruebas sean atendidas por el Gobierno de España no se ha hecho esperar. Nelson Rodríguez, investigador y defensor de derechos humanos en el exilio, y miembro del Comité que lidera las acciones para impedir el nombramiento, aseguró que no cesarán en su objetivo y que esperan que el plácet jamás llegue a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Porque así, aun cuando no haya una comunicación púbica, con el silencio diplomático se entenderá que España no desea la presencia de Martínez en la embajada.
En 2018 el diputado Ricardo Sixto solicitó ante la Mesa del Congreso de los Diputados en España, investigar las actividades ilícitas de Amanda Advisors S.A., una sociedad panameña pantalla, cuya propiedad ha sido reconocida por el exfiscal que, sin tener domicilio social en España, tiene la titularidad de un lujoso piso en la calle Ortega y Gasset, avaluado en más de tres millones de euros.
El Movimiento por la Vida, la Paz y la Justicia en Colombia sigue firme en su denuncia ante el Gobierno de Madrid. A la carta inicial, enviada en el momento de conocerse la noticia del nombramiento de Martínez, se ha sumado otra dirigida a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya y a la Comisión Europea. La carta ha sido firmada por organizaciones de colombianos en España, y otros colectivos activos en la península como la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); Sí a la Paz Madrid; América España Solidaridad y Cooperación (AESCO); Nodo de Colombia Humana; Todo Noticias Latinas; y la Coordinadora Colombia, Europa, Estados Unidos (Coeuropa).
El pastorcito mentiroso
Hay que ser muy iluso o muy temerario para pensar que dejando tantos cabos sueltos en un entrampamiento, que bien pareciera ideado y ejecutado por los protagonistas de Locademia de Policía, la mentira no caería por su propio peso. Martínez Neira es astuto y bastante zorro, pero en su afán de cumplir con lo prometido por el sector más guerrerista del país de “hacer trizas la paz”, su estratagema siniestra y deplorable dejó una huella cuya pestilencia no podía permanecer oculta indefinidamente.
Martínez Neira tiene muchos frentes abiertos que su “astucia” de ladronzuelo de poca monta no podrá seguir escamoteando. Como fiscal general de la República de Colombia durante tres años (2016-2019), no pasó un solo día al frente del cargo sin que fuera cuestionado por la opaca gestión de una institución que durante su mandato se convirtió en defensora de los intereses, no sólo del Gobierno, sino de los antiguos clientes de su bufete privado. Uno de ellos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el más importante empresario colombiano, socio de la multinacional Odebrecht. La empresa brasileña protagonista del caso más sonado de corrupción internacional de los últimos tiempos en América Latina, que tiene en líos judiciales a políticos y empresarios del más alto nivel.
Al designado embajador se le acumulan las investigaciones en su contra. Son innumerables las pruebas que publican a diario los medios y las redes en Colombia. Lo acusan de escuchas ilegales, perfilamientos y seguimientos a líderes de la oposición, altos magistrados, periodistas, políticos y activistas de derechos humanos, mientras estuvo al frente del ente acusador. Las escuchas no sólo han sido denunciadas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI). El periodista Gonzalo Guillén acaba de publicar las pruebas de que bajo su orden la fiscalía “chuzó” al expresidente Juan Manuel Santos, y al diputado español Enrique Santiago, abogado asesor de las FARC durante el proceso de paz en La Habana.
Mientras Néstor Humberto se dedica a desprestigiar a los defensores del acuerdo de paz y a acusar a los periodistas que han denunciado sus macabras maniobras, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un comunicado rechazando los señalamientos que dispara a diario en contra de los comunicadores que lo denuncian y lo confrontan. La senadora Piedad Córdoba lo denuncia internacionalmente por involucrarla en falsos delitos, el senador Iván Cepeda prepara una denuncia por traición a la patria y, como si fuera poco, la embajada de Estados Unidos en Colombia emitió un comunicado asegurando que, en las maniobras del entrampamiento a Santrich, trabajó conjuntamente con la fiscalía colombiana.
Hombre polémico
En 2018 el diputado Ricardo Sixto solicitó ante la Mesa del Congreso de los Diputados en España, investigar las actividades ilícitas de Amanda Advisors S.A., una sociedad panameña pantalla, cuya propiedad ha sido reconocida por el exfiscal que, sin tener domicilio social en España, tiene la titularidad de un lujoso piso en la calle Ortega y Gasset, avaluado en más de tres millones de euros. De la misma forma, en la rogativa del diputado se solicitaba investigar la procedencia de fondos bancarios que Martínez posee en el Banco Santander en España y que provienen de paraísos fiscales. Esperemos que con la polémica de su nombramiento el Estado español atienda la petición de Sixto y se logre encontrar la procedencia de su fortuna.
Los colombianos en Madrid no cesan en su empeño por denunciar los siniestros actos del polémico personaje. Entre las razones que esgrimen también está que Iván Duque busca ofrecerle afanosamente a Martínez Neira un fuero diplomático que lo blinde ante las irrefutables pruebas reveladas el pasado 8 de noviembre por el periódico El Espectador, que dejó en evidencia el plan de la fiscalía de Martínez para dañar seriamente la paz, vinculando a los negociadores del Gobierno y de las FARC con el narcotráfico después de la firma del Acuerdo y así justificar su extradición a los Estados Unidos.
Si con todas las pruebas que a diario salen en contra del exfiscal, Iván Duque no echa para atrás el polémico nombramiento y el Gobierno de España no niega el plácet al postulado embajador, los colombianos en España se enfrentarán a la posibilidad de que Martínez continúe en la península con sus argucias de vigilancia indebida, aprovechando la mano ancha y la inmunidad que le ofrece una embajada.
La consecuencia del montaje judicial urdido por Martínez Neira, más el grave y constante ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad, trajo consigo que el exguerrillero Jesús Santrich decidiera abandonar el acuerdo, junto a cerca de dos mil desmovilizados, y huyera a las montañas para rearmarse nuevamente. Santrich, principal objetivo de la conspiración en la que participó la Agencia norteamericana de Administración de Control de Drogas (DEA), publicó un video agradeciendo a los senadores que hicieron el debate a Martínez, pero su vuelta al acuerdo y a la legalidad no parece muy probable.
Las denuncias del colectivo de colombianos en España y Europa van más allá de todo el montaje ideado por Martínez para acabar con la paz. Otra cuestión que enreda a este experto en la mentira es el caso de Odebrecht, por el que precisamente en Colombia le llaman el “doctor cianuro”, pues fue con esa sustancia que dos personas inocentes, el ingeniero Jorge Enrique Pizano, y su hijo fueron asesinados el año pasado. Pizano, que era amigo personal de Martínez, trabajaba como interventor de la Ruta del Sol (empresa colombiana socia de Odebrecht de propiedad de Sarmiento Angulo) y había denunciado ante su amigo Néstor Humberto las irregularidades encontradas en las que estaba involucrado su jefe y cliente del exfiscal.
Las fichas de Iván Duque
Polémicas alrededor de los nombramientos diplomáticos del Gobierno de Iván Duque hay muchas, pero el escandaloso caso de Fernando Sanclemente, embajador en Uruguay -a quien en una de sus fincas le fue hallado un laboratorio para el procesamiento de cocaína-, deja aún más en entredicho el discurso falso y machacón de Duque frente a la “tolerancia cero” ante el narcotráfico, olvidando que él mismo tiene abierto un frente con el caso de la “Ñeñepolítica”, sobre el que La Nueva Prensa presentó pruebas de que él ocupa la presidencia gracias a la compra de votos a su favor por parte de reconocidas estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia.
Si con todas las pruebas que a diario salen en contra del exfiscal, Iván Duque no echa para atrás el polémico nombramiento y el Gobierno de España no niega el plácet al postulado embajador, los colombianos en España se enfrentarán a la posibilidad de que Martínez continúe en la península con sus argucias de vigilancia indebida, aprovechando la mano ancha y la inmunidad que le ofrece una embajada. No hay que olvidar que en España se encuentran en condición de exilio y refugio cientos de líderes políticos, sociales, estudiantiles, comunitarios, activistas y defensores de los derechos humanos, que han tenido que huir de la muerte en Colombia y cuya condición es carne de cañón para un prestidigitador tan dado a la artimaña del perfilamiento y las chuzadas como lo es Néstor Humberto Martínez Neira.
Terminando de escribir esta columna me ha surgido una pregunta: ¿Será que cuando Iván Duque se refiere a los funcionarios corruptos como “ratas de alcantarilla” está incluyendo al exfiscal, o este exfuncionario no es digno de ser incluido en la selecta clasificación del presidente?
