Reportaje realizado por Erika Antequera, del Consejo Editorial de EL COMEJÉN
En la guerra los puentes son un trofeo. Un puente bombardeado es el símbolo de un triunfo. Destruirlo significa aislar, retener, y acorralar a quienes están del otro lado. Significa acabar con el emblema del pueblo; el lugar donde los comerciantes se dan cita, donde se despiden los enamorados, el abismo de los suicidas, la pasarela de la procesión de cada año.
Durante la guerra en Colombia se destruyeron muchos puentes, y no solo los que atraviesan ríos y montañas. También aquellos que superan a la ingeniería; los que se construyen para conectar el pasado con el presente y el futuro. Como la Unión Patriótica, el proyecto político que nació del acuerdo de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC en 1984.
Desde su fundación confluyeron en la UP los insurgentes que transitaban a la vida civil con estudiantes, grupos de mujeres, indígenas y otras corrientes sociales hasta el momento sin representación política en el país. La propuesta de apertura fue bien acogida por una parte de la sociedad colombiana, pero pronto se convirtió en objeto de persecución, estigmatización y violencia. Más de seis mil personas víctimas de asesinato, desaparición forzada, tortura, exilio, y montajes judiciales, certifican la importancia de la audiencia que tendrán los sobrevivientes del genocidio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante el 8 y el 12 de febrero de manera virtual.
Luz Stella Aponte, abogada representante de las víctimas de la UP de la Corporación Reiniciar, explica que la próxima audiencia internacional es la oportunidad para posicionar las reivindicaciones de las víctimas. “Queremos que se logre desnudar las incoherencias que ha tenido el Estado colombiano a lo largo del litigio ante el Sistema Interamericano, y de manera especial, el negacionismo a las víctimas y a las reparaciones a las que tienen derecho. Queremos que en la audiencia queden de manera evidente los argumentos, la magnitud del caso y las necesidades de las víctimas”.
Durante una semana se presentará un resumen de los argumentos de las partes. Se harán los alegatos y observaciones, habrá testimonios de víctimas y dictámenes de expertos y peritos. Poco tiempo si se tiene en cuenta que se trata de un caso de magnitud histórica en el Sistema Interamericano. “La importancia de este caso está calificada por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la libertad de pensamiento, de afiliación a un partido político, y el derecho a expresar las ideas son valores sensibles para el Sistema Interamericano, que pretende que haya Estados en democracia y sociedades gozando de manera irrestricta de sus derechos”, señala la abogada al referirse a la trascendencia del caso de la UP en la justicia internacional.
Después de la audiencia se escribirá el final del proceso judicial de la UP en la CIDH. No habrá descanso eterno para todos los muertos, ni cárcel para cada culpable, pero sí debe exigirse, hoy más que nunca, que durante que proceso que viene después de la cita que tienen las víctimas y el Estado colombiano por el caso de la UP, se admita la responsabilidad del Estado en el exterminio.
Otra de las razones que otorgan relevancia a este caso es “lo que la Comisión llama el uso arbitrario del derecho penal, o el uso ilegítimo del derecho penal para perseguir a militantes” comenta Luz Stella. Por ejemplo, “en el caso de los dirigentes de la UP en el Urabá, que vivieron el exterminio sistemático en la región, y luego fueron acusados de cometer otro crimen horroroso que recuerda este país, que es la masacre del barrio La Chinita. Este grupo de dirigentes fue acusado de la masacre, pero veinte años después se corroboró que se trató de un montaje en el cual participaron activamente autoridades del Estado colombiano, incluyendo la Fiscalía General de la Nación. Además, es un tema de interés de orden público interamericano porque es importante conocer cómo deben ser reparadas las víctimas de sucesos masivos, continuados, intencionales, sistemáticos y generalizados, que tuvieron la finalidad de exterminar a un partido político”.
Justicia sin culpables
Para 1987 la cifra de militantes de la UP asesinados superaba los 700 y crecía cada día. Sistemáticamente fueron asesinados 9 congresistas, 70 concejales, diputados, alcaldes, sindicalistas, estudiantes, militantes y simpatizantes hasta superar los seis mil casos. Fueron muchas las denuncias que hicieron los familiares de las víctimas desde que comenzó la persecución, pero cada denuncia significaba una amenaza más. A pesar de que ha quedado demostrada la participación de agentes del Estado en el exterminio de la UP, y que ha quedado en evidencia la ejecución de planes orquestados al interior de las fuerzas del orden público para acabar con todos los militantes, los culpables de la matanza parecen no tener rostro, ni nombre propio.
“La CIDH no va a poder referirse de manera concreta a persona alguna de la jerarquía que sea o de la rama que sea del Estado colombiano, porque eso compete a las autoridades penales internas. Lo que sí puede hacer es insistir en que este caso debe ser investigado de manera integral, efectiva, comprensiva, y con una metodología apropiada que se dirija a esclarecer todas las presuntas responsabilidades de los crímenes. Y no solamente que se pudieran ejecutar, sino que fueran planeados, anunciados, y que hayan permanecido tanto tiempo en la impunidad”, señala Luz Stella en referencia a la reciente columna del periodista Alberto Donadio, en la que se revela el conocimiento que tenía el ex presidente Virgilio Barco sobre los planes de exterminio contra la UP durante su Gobierno.
Tal vez sean pocos los responsables con nombre y apellido que puedan rendir cuentas ante la justicia por el genocidio de la UP. Serán pocos los casos que se resuelvan individualmente, a juzgar por la lentitud con la que actúa la justicia y por el tiempo durante el que se ha prolongado la impunidad. Pero una resolución de la CIDH favorable a las víctimas, significaría el reconocimiento de cómo se ha criminalizado el ejercicio de la política y la oposición en Colombia. La UP es el precedente de la violencia impune que hoy se ejerce contra los líderes sociales. Aunque no pertenezcan a un grupo político, también son perseguidos por reivindicar los derechos y necesidades como lo hizo la UP en su momento.
En la Jurisdicción Especial para la Paz hay dos hechos relevantes que son la apertura del caso, y el reconocimiento de la Unión Patriótica como víctima colectiva, como sujeto colectivo de derechos en el marco de ese proceso que investiga la victimización.
Las investigaciones en el ámbito penal colombiano no han avanzado mucho. En 2014, 34 casos fueron declarados crímenes de lesa humanidad, y en 2016 se creó la Dirección de Análisis y contexto para investigar, pero la dirección fue desarticulada durante la fiscalía de Nestor Humberto Martínez. “Hoy, los casos siguen nominalmente bajo la dirección de la fiscalía, dispersas en varias unidades. Hay que anotar que fiscales que jugaron un rol relevante en esas investigaciones han sido trasladados, los que quedan a cargo de casos de la UP les acumularon un conjunto de casos aumentando su carga de trabajo, sin aumento de personal auxiliar ni profesional de investigación”.
En la Jurisdicción Especial para la Paz hay dos hechos relevantes que son la apertura del caso, y el reconocimiento de la Unión Patriótica como víctima colectiva, como sujeto colectivo de derechos. Además, “coincidiendo con la audiencia en la Corte, se iniciarán una serie de diligencias para recibir versión a un grupo de ex agentes del Estado, algunos pertenecientes al ejército, a la policía o al DAS, que al parecer van a entregar alguna información relacionada con el caso”, comenta Luz Stella para hacer un balance de la situación jurídica del caso de la UP.
El Estado colombiano intenta convencer a la Corte de que tiene un sistema judicial robusto y que se reparará de manera adecuada a las víctimas, y que por tal motivo la intervención de la Corte es innecesaria. A esto lo llaman técnicamente, dice Luz Stella, “que el Estado está solicitándole a la Corte que asuma su rol de tribunal subsidiario, es decir, que solamente puede intervenir cuando los Estados no tienen los recursos o los mecanismos para hacerse cargo de la investigación de las violaciones, el reconocimiento de las víctimas y su reparación».
Para la Corporación Reiniciar, esta visión del Estado es equivocada y falta a la verdad, porque si bien Colombia tiene un sistema de justicia transicional desde 2005, y hoy tiene tres importantes instituciones como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, estos mecanismos son insuficientes. «La JEP tiene una competencia que se limita solamente a los agentes del Estado, fuerza pública y a otros agentes como los de DAS que acudan de manera voluntaria. Justicia y Paz, hoy justicia transicional, también tiene una competencia limitada a los paramilitares. Entonces la pregunta es, ¿dónde se investiga a otras personas que no son agentes del Estado, pero que jugaron un rol relevante? Se necesita de la justicia ordinaria y, además, una política anti criminal que articule los esfuerzos en ese sentido”.
El Estado colombiano tiene una penosa tradición de incumplir las sentencias del Sistema Interamericano. Sin embargo, está obligado a acatar de buena fe las resoluciones y las decisiones de la CIDH. “Eso sería lo ideal para nosotros. Que pueda hacerse de la manera más inmediata posible en beneficio, no solamente de las víctimas de este caso, sino de todo el goce efectivo de los derechos humanos de la población colombiana. Los casos que van al Sistema, así sean casos individuales, evidencian problemas graves que afectan al conjunto de la sociedad colombiana y en este caso de la UP, al sistema democrático colombiano”.
¿Qué significa verdad, justicia y reparación en un caso como este donde muchos de los culpables pueden estar muertos, donde el proceso se dilata en el tiempo y puede extenderse todavía un poco más? Es difícil hablar de justicia sin culpables, y en el contexto actual, en el que no caben los victimarios ni las víctimas en los registros de la guerra en Colombia, el reconocimiento al dolor, y la restitución de los derechos políticos pueden generar las bases para construir de nuevo ese puente destruido tan importante para la sociedad.
Después de la audiencia se escribirá el final del proceso judicial de la UP en la CIDH. No habrá descanso eterno para todos los muertos, ni cárcel para cada culpable, pero sí debe exigirse, hoy más que nunca, que durante que proceso que viene después de la cita que tienen las víctimas y el Estado colombiano por el caso de la UP, se admita la responsabilidad del Estado en el exterminio. Solo así será posible despejar la maleza que mantiene oculto el sedimento sobre el cual construir un país donde la izquierda, como corriente de pensamiento y como organización pueda ejercer la actividad política sin ser criminalizada.
