En el Ecuador, los diferentes grupos de mujeres y colectivos que trabajan por los derechos de las personas con identidades y expresiones sexo-genéricas diversas (LGBTIQ+) han estado activadas
-durante la campaña electoral de febrero y abril de este año- para comunicar las principales demandas en materia de derechos humanos de las mujeres a los candidatos a la Asamblea Nacional y a la presidencia y vicepresidencia. La organización que lideró este proceso de acercamiento y negociación con las candidatas y candidatos fue la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, representada por Rocío Rosero Garcés. Junto a la Coalición han trabajado incansablemente otros grupos como El Colectivo, Fundación Desafío, Raíces Violetas, Colectiva Tejedora Manabita, Yo Decido por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Manabí, Mujeres por la Justicia, Dignidad más Derechos, Mujeres de Asfalto, Luna Creciente, Diálogo Diverso, entre muchos otros colectivos.
Rocío Rosero es una socióloga con formación en antropología, derechos humanos y sociedad, género, y políticas públicas, que hace incidencia política y que, además, ha trabajado en instituciones públicas de referencia en materia de igualdad en el Ecuador. Conversar con ella es un privilegio, porque se aprende de género y de historia de los movimientos de mujeres del Ecuador. Por este motivo, en esta ocasión conversaremos sobre la estrategia de incidencia que han llevado a cabo durante la campaña electoral: Un pacto fiscal para nosotras, las mujeres.
Alba Moreira: ¿Cuéntame qué es el pacto fiscal, de dónde surge?
Rocío Rosero: El pacto fiscal tiene sus antecedes en el Informe Sombra, que fue un documento colectivo elaborado en ocho meses, a partir del cual se actualizaron las agendas de las mujeres. En este informe se hace el análisis de cada uno de los temas de interés del Comité CEDAW de las Naciones Unidas. A partir de esto, se establecen recomendaciones para las instituciones que están involucradas. La idea del pacto fiscal nació una vez que habíamos concluido con el Informe Sombra; identificamos la necesidad de hacer incidencia política sobre las recomendaciones principales, y con ello nació la agenda «Nuestras demandas, nuestros derechos». Este documento fue el inicio de la incidencia, que terminó convirtiéndose en una propuesta de pacto fiscal.
Alba Moreira: ¿Cómo dan a conocer el pacto a las/os candidatas/os a la presidencia?
Rocío Rosero: Se empezó a trabajar con las/os candidatas/os a la Asamblea Nacional y con las/os candidatas/os a la presidencia y vicepresidencia del país. Realizamos una ronda de trabajo con todas estas personas. Por lo que tuvimos que priorizar los temas y asegurar un mecanismo que dé cuenta efectiva de la operacionalización de lo que ya se ha conseguido.
Alba Moreira: ¿Qué se ha conseguido hasta el momento?
Rocío Rosero: Ya tenemos leyes, ya tenemos institucionalidad, pero si no hay voluntad política y si no hay presupuesto, no se hace nada, todo se queda en el papel.
Alba Moreira: Por lo tanto, el pacto fiscal es una estrategia que vuelve operativa a la política pública ya existente. En este sentido, ¿la idea de «pacto» es nueva?
Rocío Rosero: No, no lo es. Hay muchos tipos de pacto, tales como los pactos sociales, políticos, entre otros. Nosotras escogimos el pacto fiscal porque recordamos aquello que se planteó en la crisis del año 2000 en el feriado bancario. En ese momento, una de las más grandes preocupaciones de los sectores sociales fue cómo asegurar la inversión en el área social. De hecho, lo ocurrido durante ese periodo sentó las bases para que en la Asamblea Constituyente del 2008 se estableciera, de manera tácita, la responsabilidad del Estado respecto a la protección de la inversión destinada a temas sociales: salud, educación y desarrollo social. Aunque esto se ha ido difuminando con los años, desde entonces se crearon mecanismos de seguimiento de la ejecución presupuestaria. Unicef, junto con el Gobierno nacional, apoyó este proceso de seguimiento implementando el Observatorio de Política Fiscal, así como las medidas necesarias para hacer el seguimiento al cumplimiento de los presupuestos, incluso con periodicidad mensual en el Ministerio de Finanzas, por citar un ejemplo. Por lo que, la idea de pacto fiscal tiene este origen.
Alba Moreira: Mencionaste que la experiencia del año 2000 permitió crear mecanismos de seguimiento a la inversión, pero que se han ido difuminando, ¿a qué te refieres?
Rocío Rosero: Antes de la Asamblea Constituyente del 2008 teníamos políticas concretas. Por ejemplo, se creó en el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU, 2003) el clasificador K. En esta época yo era la directora. Elaboramos este clasificador con la finalidad de hacer el seguimiento de la inversión pública en materia de igualdad. Teníamos vigente el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas; en este instrumento se establecían indicadores y metas específicas para medir la inversión pública en temas de género. No obstante, a partir de la Constitución de 2008 esto se desvaneció. Mecanismos como este clasificador fueron desapareciendo porque la concepción establecida desde la centralidad de la Secretaría de Planificación (SENPLADES) fue desestructurando la descentralización en la política pública que teníamos. Los únicos rectores de las políticas públicas podían ser los ministerios sectoriales bajo la dirección de la SENPLADES, en Quito. Y esto ocurrió porque, bajo el prisma de la “transversalidad”,se trastocaron acciones concretas, se perdió la rigurosidad en todo el proceso de la política pública. Actualmente, los ministerios reportan la inversión en materia de género sin ningún tipo de evidencia medible, ni a partir de metas claras. En los últimos años, estos reportes han sido discrecionales. En la Constituyente de 2008, liderada por el partido de Rafael Correa, se puso de relieve la necesidad de “transversalizar” los temas de género y de eliminar “todo lo viejo”, en este proceso perdimos estrategias viables y concretas como la que mencioné. Además, se desvanecieron criterios fundamentales para la institucionalidad en los asuntos de igualdad, como los estándares de Beijing (1995) sobre el nivel de jerarquía, y la responsabilidad central del Estado en materia de igualdad.
Alba Moreira: Quienes hemos estado alejadas del proceso de la Asamblea Constituyente en el 2008 creemos, probablemente, que fue un momento de inflexión, pero para una reforma del Estado más progresista, ¿esto no fue así en materia de igualdad de género?
Rocío Rosero: Lo que ocurrió en la Asamblea Constituyente de 2008 fue lo contrario a lo que ocurrió con la Constitución de 1998. En la década de los noventa, los movimientos de mujeres y el movimiento indígena llegamos con mucha fuerza, gracias a la experiencia de los años anteriores. El movimiento indígena en la década de 1980 ya había creado la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, ya existía el Consejo de Pueblos y Nacionalidades creado en la década de los años 1990, así como el Consejo Nacional de las Mujeres. Por estos años, el Consejo de Pueblos y Nacionalidades y el Consejo Nacional de las Mujeres trabajábamos en temas cruciales, creamos el Fondo Mujer Rural, un proyecto pensado para dar prioridad a la inversión en proyectos productivos de mujeres. En el 2008 la Constituyente desapareció todos estos avances, con la lógica de la transversalidad de género. De manera concreta, propició el desvanecimiento de los mecanismos institucionales que estructuraban el mantenimiento de la política de igualdad en todas las instituciones del Estado.
En resumen, se minó la institucionalidad porque teníamos todos estos mecanismos en las instituciones y, además, existían los Comités, que eran grupos de mujeres que daban seguimiento a las políticas de igualdad en cada institución, eran grupos de mujeres trabajadoras en temas de finanzas, en salud, judiciales, entre otras. Todo esto se eliminó. Es por esta razón que manifestamos claramente que la institucionalidad fue minada. Los Consejos de Igualdad, bajo esta misma lógica, bajan de categoría y ya no tienen un carácter mandatorio y rector de la política pública. La centralidad se imponía, y, además, sin ningún tipo de especificidad en materia de igualdad. Así, que, en definitiva, sí, perdimos mucho en políticas de igualdad durante estos años.
Alba Moreira: ¿Cómo fueron, según tu perspectiva, los años del correísmo en materia de igualdad de género?
Rocío Rosero: Existe un deterioro total de nuestros derechos durante el régimen de Correa. Se eliminan los mecanismos de acción positiva que se habían creado en materia de política pública, por ejemplo, la Ley de Maternidad Gratuita. Esta ley, creada en la década de los noventa, tenía como propósito proteger la inversión pública para el acceso a la educación sexual y a la salud reproductiva. Los ejes centrales eran el acceso a métodos anticonceptivos, y hemoderivados (sobre todo por la muerte materna). Esta ley tuvo varias modificaciones hasta conseguir en la década de los noventa la cobertura de 71 prestaciones que incluían todo el proceso de maternidad y atención de infantes de cero a tres años, en materia de salud. Lo interesante también de esta ley es que contemplaba una figura que era el Comité de Usuarias, mujeres de la sociedad civil, que velaban por aplicación de la ley a través de un proceso participativo. Continuando con los ejemplos, se eliminó en la Ley de Maternidad Gratuita la unidad ejecutora, y se dejó sin efecto la arquitectura institucional que operaba esta ley. En el caso de la Ley de Violencia se suprimió el capítulo número uno que incluía las medidas de protección y el aparato de las comisarías y demás órganos, con el nuevo código penal. A partir de aquí, empezamos a proponer la ley de segunda generación, desde el 2014, que se planteó en el 2017 y se aprobó en el 2018. Por lo tanto, lo que acabo de retratar refleja algunas de las pérdidas en materia de derechos que tuvimos estos años. En este mismo sentido, los consejos de igualdad quedaron debilitados porque no tenían ninguna función rectora en la política pública. Para que se entienda mejor, las organizaciones de la sociedad civil jugamos un papel mas protagónico comparado con los consejos de igualdad.
Entonces, en medio de este deterioro general, no podemos olvidar la política de Rafael Correa, que fue esencialmente misógina. Él organizó un sistema de partido único, de Estado centralizado.
Alba Moreira: Y de exclusión a las mujeres feministas, incluso de su propio partido. No olvidemos lo ocurrido en el 2013 cuando Rafael Correa amenazó con renunciar al cargo si las asambleístas Marcela Aguinaga y Paola Pabón continuaban apoyando la despenalización del aborto en casos de violación. Las asambleístas tuvieron que retirar su postura para mantenerse «orgánicas» con el partido.
Rocío Rosero: Así es. Durante estos años las políticas de igualdad no han tenido la apertura necesaria, todo lo opuesto a lo que escuchábamos en su discurso y en sus propuestas. Durante estos años retrocedimos, pero incluso no es comparable con lo que se tenía en 1998. En aquel entonces, los consejos de mujeres y de pueblos y nacionalidades indígenas estaban bien institucionalizados y con un rol fuerte en el Estado. En este sentido, podríamos decir que el régimen de Correa incluyó algunas cosas en el discurso, sobre todo en los planes de desarrollo y en las agendas, pero sin concretar la viabilidad de esas políticas en términos de inversión. Como hemos señalado, es fundamental la asignación de recursos. Esto también lo hemos visto durante el Gobierno de Lenin Moreno, que establece en el plan de desarrollo la disminución de la tasa de femicidio, pero luego reduce el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo. No hay coherencia.
Alba Moreira: ¿En qué medida todo lo aprendido hasta el momento permite mantener las demandas de las mujeres en la agenda política actual?
Rocío Rosero: Toda esta experiencia nos permitió centralizar las demandas en esta nueva propuesta de pacto fiscal. Hemos trabajado con Berenice Cordero, quién conoció de cerca el pacto fiscal del año 2000 por el rol que desempeñó en Unicef. Con ella hemos debatido sobre cómo se deberían establecer las prioridades de este pacto fiscal actual. En pocas palabras, un pacto es un compromiso por parte del Estado en las cuestiones más acuciantes y que, además, están establecidas en la Constitución porque el Estado es el garante de la política pública, de los derechos, entre otros. Entonces, el pacto fiscal es una herramienta de política pública que requiere de un fuerte acuerdo político, en el que debe quedar clara la importancia que se le da a la protección social y a las políticas de igualdad. Es por esta razón que el pacto fiscal que proponemos actualmente engloba temas cruciales, como el sistema de cuidado, y la aplicación actual de prevención y erradicación de violencia de género contra las mujeres. Cada uno de estos ejes implica una serie de acciones concretas que dan viabilidad a las políticas y leyes, con competencias específicas a todos los niveles de gobierno.
Alba Moreira: ¿En qué contexto político se ha podido avanzar más en materia de igualdad?
Rocío Rosero: En los gobiernos de derechas, unos más de derechas que otros, pero han sido en estos contextos cuando mayor acercamiento y avance hemos logrado. Por ejemplo, en la década de los ochenta se pudo avanzar en reformas al código civil, algunos temas de institucionalidad y demás, que, aunque no tuvieron demasiada presencia, se consiguieron. Más adelante, en la época de Fabián Alarcón, luego del derrocamiento de Abdalá Bucaram, por ejemplo, logramos crear el Consejo Nacional de las Mujeres y se establecieron en la práctica los compromisos que asumió el Estado en el Acuerdo de Beijing (1995). En esta época conseguimos los planes de igualdad y demás mecanismos que sentaron las bases de la Constituyente de 1998. Esta fue una segunda era de avances en materia de derechos. Algunos de estos avances también se mantuvieron hasta la Constitución de 2008, aunque también hubo retrocesos como señalé anteriormente.
Alba Moreira: Aunque parezca complejo de entender, en algunos momentos clave hemos tenido más apoyo de personas de partidos políticos de la derecha tradicional en el país; y, en otras ocasiones, hemos recibido la negativa de personas de partidos aparentemente progresistas. En todo caso, regresando al pacto fiscal, ¿en qué momento están ahora?
Rocío Rosero: Es importante entender que no es un membrete, es un proceso político. Es una propuesta con la que tenemos que trabajar durante todo el periodo de gobierno. Durante este tiempo, se tiene que hacer incidencia, seguimiento, investigaciones para argumentar las principales problemáticas (demostrar los costos que tiene para el país la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes, por ejemplo), evaluaciones a las políticas públicas, entre otras acciones. Este es el proceso. Tenemos mucho por hacer.
Alba Moreira: ¿Qué opinión te merece el nuevo Gobierno de Guillermo Lasso en materia de género?
Rocío Rosero: No quiero cantar victoria, pero creo que las condiciones de diálogo son mucho más claras en un gobierno liderado por un partido político como el de Lasso. Sabemos con quién estamos hablando, mientras que con la seudoizquierda que hemos tenido en los últimos años ha sido difícil avanzar. Durante la campaña presidencial de este año 2021 conversamos con los dos partidos políticos (UNES y CREO), tuvimos algunos diálogos interesantes; sin embargo, cuando estábamos a punto de firmar el pacto con el partido UNES, de Andrés Aráuz, se echaron para atrás. Sabemos claramente los motivos, las líneas rojas que para ellos no son negociables, por ejemplo, cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos.
Alba Moreira: Sabemos que el liderazgo de Rafael Correa sigue siendo protagónico y que sus directrices también lo son. Por otro lado, con el partido CREO, de Guillermo Lasso, no se tuvo la apertura para una firma. No obstante, en las últimas semanas de campaña, en la segunda vuelta, pronunció discursos clave respecto a los derechos de las mujeres y de los colectivos LGBTIQ+, esto sorprendió a muchas mujeres feministas que incluso estuvieron apoyando su candidatura, en muchos casos, por un rechazo claro a la opción correísta. Sin embargo, esos discursos alentadores para las luchas feministas y de la comunidad LGBTIQ+ se vieron rápidamente opacados con el primer discurso de Lasso como presidente. Vale la pena analizar todos estos momentos. En definitiva, las organizaciones de la sociedad civil estaremos vigilantes con el nuevo gobierno, ese es nuestro rol.
Rocío Rosero: Sí, lo que también quedó claro en esta campaña electoral, es que los movimientos de mujeres fueron un actor político más. Esto hay que reconocerlo. En la segunda vuelta, los dos partidos políticos que se disputaban la presidencia tuvieron que adaptar su discurso para encantar a estos sectores sensibilizados.
Alba Moreira: Claramente fue así. Entonces, ¿el pacto fiscal, nace de toda esta trayectoria? ¿Lo lidera la Coalición Nacional de Mujeres y convoca a todas las organizaciones a sumarse?
Rocío Rosero: Sí, así es. Muchos colectivos se sumaron, pero muchos otros se mantuvieron al margen. Hay que reconocer que somos diversas, y existes grupos de mujeres que no están de acuerdo con estas estrategias. Entonces, está bien. Nosotras en el feminismo no vamos a caer en la práctica, ni en el discurso, de que todas debemos pensar y ser iguales. De hecho, también hemos tenido el apoyo de colectivos de hombres sensibilizados, que han sido cruciales en este proceso. Claramente, no está representado en esta estrategia todo el movimiento feminista del Ecuador, pero sí, existe una diversidad de grupos que permite graficar parcialmente el movimiento feminista del país. También conocemos mujeres feministas que nos apoyan, pero que están ahora militando en partidos políticos y no tienen la apertura necesaria para también militar en otros espacios, entonces, eso también lo entendemos.
Alba Moreira: Yo también he estado involucrada en este proceso con muchas expectativas, y eché en falta más movimientos de mujeres amazónicas, afrodescendientes, ¿qué opinas de esto?
Rocío Rosero: Sí, sabemos que muchas compañeras de la Amazonía y de otras zonas no tienen actualmente las condiciones necesarias para movilizarse. Existe mucha precariedad en algunos grupos de mujeres en términos objetivos, es decir, capacidad de organización, movilidad, acceso a la tecnología, y más en el contexto de pandemia actual que ha agravado las condiciones económicas de las compañeras. Sabemos que muchas han estado atentas al proceso, pero que no han podido apoyar realmente.
Alba Moreira: ¿Qué crees que le falta al movimiento de mujeres para posicionar más la agenda feminista?
Rocío Rosero: Nos falta politizar más, lo vimos claramente en esta contienda electoral. Fuimos muy respetuosas de la autonomía de las integrantes, pero sí nos faltó politizar más el debate al interno y en lo público. Esto dice mucho de nuestra cultura política. En el Ecuador creemos que, al hablar de política, la otra persona debe estar de acuerdo contigo, y esto no debería ser así. Tenemos un freno que romper, en este sentido. Y, por último, necesitamos potenciar la comunicación estratégica.
Alba Moreira: ¿Qué opinión te merece el nuevo Gobierno del presidente Guillermo Lasso? Parece que en la segunda vuelta recogió muchas de las demandas de los movimientos de mujeres.
Rocío Rosero: Efectivamente, Lasso recogió algunas de las demandas como la reducción de la brecha laboral; el acceso al crédito de manera preferencial a mujeres rurales y a mujeres víctimas de violencia de género; el impulso de la economía violeta; la corresponsabilidad de la crianza de los infantes; entre otros. Aún así, no se evidencian estas políticas tales como el sistema de cuidados, es fundamental no olvidar que las mujeres no cuidan únicamente a los hijos e hijas, sino también a personas con discapacidad, a personas con enfermedades, adultas/os mayores, entre otros. Por eso, una de nuestras propuestas es reordenar las modalidades de cuidado y atención, incluyendo la atención especial a infantes y adolescentes en extrema vulnerabilidad por razones de violencia. En esta propuesta también se incluye la corresponsabilidad del hombre en el sistema de cuidado, la rama de cuidados en el área de salud, la recuperación de los espacios de cuidado en el entorno privado, es decir, retomar guarderías de empresas privadas, centros educativos, por citar un ejemplo, que fueron eliminadas en los años anteriores. Esto fue eliminado por ley, es necesario retomar esta obligatoriedad del sector privado. El Estado debe asegurar la sostenibilidad de estos espacios.
Alba Moreira: ¿Cuáles son los siguientes pasos con el pacto fiscal?
Rocío Rosero: Los pasos son: diálogo político con las organizaciones sociales, porque creemos que, aunque somos diversas, es necesario que el Estado cumpla con su función de garante de los derechos, y eso implica trabajar en política pública en todos los niveles, en todas las funciones; diálogo con los partidos políticos; entre otros.
Alba Moreira: El horizonte es de lucha, entonces.
Rocío Rosero: Así es, de lucha constante.
