Un interrogante se encuentra en el centro del debate en Colombia y es específicamente sobre los derechos reproductivos: ¿En qué consiste una política gubernamental moderna, democrática y respetuosa de los derechos humanos, específicamente los de las mujeres en relación con la reproducción?
Es un reto que supone establecer una serie de condiciones que permitan a mujeres y hombres desde la adolescencia, no sólo prevenir las enfermedades, discapacidades o muertes asociadas con la sexualidad y la reproducción, sino también que les permitan procrear criaturas sanas y deseadas. Lo que implica desde regular su fertilidad sin riesgos y con eficacia, eligiendo verdaderamente cuándo reproducirse, hasta recurrir a intervenciones médicas y la fecundación asistida artificialmente, cuando tengan dificultades para concebir y, por supuesto, a la interrupción del embarazo si este no es deseado.
Una política pública que conlleva costos económicos que el Estado colombiano no quiere asumir, pero sí pretende obligar a las mujeres criminalizando sus úteros para que continúen con embarazos indeseados, sin ofrecer plenas garantías.
Colombia es un país con grandes capitales para la guerra, la corrupción estatal en todas sus formas, pero sin presupuesto para asumir políticas públicas de DD.HH., de una forma ética moderna y democrática. No quieren asumir los costos económicos dando prioridad a intereses políticos un tanto oscuros.
El Estado colombiano debe garantizar tanto a hombres y mujeres por igual, los derechos reproductivos. No es una discusión que tenga que generar ningún tipo de polémica. No existen plenas garantías, pero sí existen plenas exigencias. Es absolutamente peligroso criminalizar a las mujeres para exigirles llevar a término embarazos indeseados sin ningún tipo de garantía del Estado. Obligándolas a no abortar o, de lo contrario, corriendo el riesgo de ir a la cárcel.
En Colombia sentar las condiciones básicas para los derechos reproductivos supone por lo menos dos requisitos: primero, deconstruir la idealización de la maternidad y, segundo, respetar la condición “laica” del Estado. Colombia, en el papel, es un Estado laico, por tanto, los derechos reproductivos no deben ser considerados como una amenaza. Entendiendo todas las formas de pensamiento que han bloqueado el avance de los mismos, desde la creencia fundamentalista que establece que “los seres humanos somos solamente instrumentos de Dios y él es quien da a o quita la vida”, hasta las más radicales y libertarias. De este dogma se desprende la negativa tajante del Vaticano para que las personas tomen decisiones sobre su vida reproductiva. Y sobre este dogma el Estado pretende sostener políticas de criminalización sobre el aborto.
De igual forma, el Vaticano pretende prohibir e impedir no sólo el uso de anticonceptivos, sino de cualquier intervención humana en el proceso de reproducción. Sea para lograrlo de manera “artificial” (fecundación in vitro, por ejemplo) o para interrumpirlo (aborto). Incluso el mayor avance en los tiempos modernos ha sido considerar el condón como un mal menor comparado con la proliferación del sida, pero no como método anticonceptivo.
Las creencias religiosas han sido la base de la contextualización cultural de la maternidad en Colombia. Las mujeres son representadas no como sujetos autónomos capaces de tomar decisiones, sino como simples instrumentos de la voluntad de Dios. Una concepción católica de la maternidad muy arraigada en nuestra sociedad, que prima y regula las leyes de una supuesta república laica. Así que una mujer siempre debe anteponer sus deseos como persona ante una sociedad que exige un comportamiento religioso. Esto ocurre en pleno corazón del hemisferio occidental.
Como apunta el filosofo Fernando Savater: “La modernidad democrática ha significado el triunfo del laicismo en la vida pública”. Aunque en Colombia esto no se da en todas las esferas sociales. Esto no debe impedir que podamos plantear nuevas estrategias y acuerdos sociales de convivencia. La posibilidad de vivir de otra manera de construir otro tipo de sociedad, se basa también en la forma en que nos reproducimos.
La redefinición de la maternidad como una voluntad gozosa y responsable de procrear y educar hijos conlleva a un reordenamiento jurídico en Colombia. Las mujeres deben y tienen el derecho inalienable de poder decidir si desean continuar o no con un embarazo. ¿Quién va a tomar la decisión de si una mujer aborta o no? ¿El gobierno, las iglesias, los partidos políticos, los médicos o su familia? Es la mujer en su decisión más íntima, sobre la que nadie puede ordenar ni gobernar.
El laicismo es el cimiento de un Estado democrático y moderno que pretende ofrecer igualdad de derechos a partir del principio de soberanía popular y de la libre determinación de los individuos. Sin el pensamiento laico no se hubieran desarrollado ni la ciencia ni la democracia moderna. Las organizaciones pro vida no pueden prohibir ni presionar al Estado para criminalizar a las mujeres que tomen la decisión autónoma de interrumpir un embarazo. Por el contrario, el Estado debe ofrecer plenas garantías incluyendo la económica.
Los movimientos pro vida en Colombia solo ofrecen garantías por medio de las organizaciones caritativas que no solucionan el problema de los derechos reproductivos. La discusión sobre el tema es complicada y tiene muchos matices, pero no son las organizaciones caritativas las que deben reemplazar las obligaciones del Estado colombiano. Tampoco quiero tocar el tema de la adopción que es un negocio muy lucrativo, que está íntimamente relacionado con la criminalización del aborto.
Los totalitarismos religiosos y políticos, los dogmas inamovibles e inapelables, las leyes escritas sobre piedra no deben hacer parte del Estado colombiano. Al igual que la decisión de los individuos sobre sus derechos reproductivos, la religión también debe ser un espacio de lo íntimo y personal.
Todos los derechos, incluyendo los derechos reproductivos, deben suponer algo muy importante dentro de la sociedad: libertad e igualdad. Libertad para decidir e igualdad ante la ley para tener acceso a las plenas garantías. Son derechos democráticos pues parten de la libertad del individuo (en especial de la libertad sexual) y a su vez de la igualdad ante la ley.
Existe un ambiente más tolerable y liberal para asumir los cambios, es necesario formular nuevos modos de razonamiento y estrategias de acción, para que la sociedad vea en esta contradicción de los derechos reproductivos una oportunidad histórica para el cambio.
Es un dilema muy difícil de abordar, pero no imposible. Se podría plantear de la siguiente manera: asumir el problema del aborto desde la salud pública y la justicia social. Lo que debe conducir inmediatamente la despenalización de su práctica. O seguir proponiendo el enfrentamiento con la iglesia y los sectores conservadores, arriesgando la vida y la salud de muchísimas mujeres y contradiciendo sus objetivos democráticos.
Por último, quiero aclarar que nadie está a favor del aborto como método anticonceptivo. Todas las personas deseamos que ojalá ninguna mujer tenga que afrontar este proceso. Pero sí podemos estar a favor de un mejor manejo de los derechos reproductivos incluyendo el aborto, eliminando de tajo los problemas sociales y de salud pública, favoreciendo una educación que prevenga la repetición de esta conducta.
Por eso es tan importante la distinción entre el aborto en sí y su tratamiento penal. Se puede lamentar la existencia de los abortos sin que ello implique que deban ser penalizados. Es evidente que la sensibilidad moral esta cambiando en Colombia, que las personas se están transformando. La despenalización del aborto ya es aceptada abiertamente en muchos sectores de la sociedad. Aunque en ciertas zonas del país donde se practica profusamente el estigma del crimen y el pecado se siga frenando el avance de los derechos reproductivos.
Sigo insistiendo, por eso resulta improcedente formular una vía única ante los dilemas morales que enfrentan las personas. La tarea más urgente en torno al debate sobre la despenalización del aborto consiste en preguntarse quién debe tomar la decisión. ¿La iglesia, el gobierno o lo propios ciudadanos? La interrupción voluntaria del embarazo refleja los conflictos reales de nuestro mundo y conduce a asumir los dilemas que nos plantean la razón, la democracia y la libertad.
