La guerra en Ucrania causa un terremoto geopolítico, las catástrofes naturales se salen de las proporciones hasta ahora conocidas, los brotes de enfermedades se convierten en pandemias. Todo se hace más complejo, más extremo, mientras la cuenta regresiva hacia el fin de la especie humana se acelera con cada tonelada de CO2 que dejamos de ahorrar. Bajo esas circunstancias, insistir en recupera la economía con medidas tradicionales sacadas del credo neoliberal es como intentar apagar un incendio con un lanzallamas. Por eso las medidas tomadas por las potencias europeas para enfrentar la crisis económica se apartan del libreto tradicional del supuesto libre mercado y la engañosa no intervención del Estado en la economía.
«El contexto de emergencia climática y la situación geopolítica actual imponen decisiones fuertes para garantizar la independencia y soberanía energética». Así justifica un comunicado del Ministerio de Hacienda francés la nacionalización de EDF, la empresa que ostenta el monopolio de administración de los reactores nucleares galos. Soberanía y nacionalización son palabras cuya combinación estaba prohibida por el credo neoliberal. Frente al parlamento, la primera ministra francesa Élisabeth Borne, justificó estas medidas debido a la «necesidad de planificar a muy largo plazo los medios de producción, de transporte y de distribución de electricidad». Un discurso que suena mucho más bolchevique que liberal.
El Gobierno de Biden perdonó hasta 20.000 dólares en deudas estudiantiles. En España y Alemania se implementó la total gratuidad o altos subsidios al transporte ferroviario público, particularmente al nivel de interconexión regional. Ni en la URSS se viajaba gratis. Estas medidas también han significado un gran avance ambiental. En el caso de Alemania, el uso del transporte público aumentó un 20% con resultados indiscutibles en la disminución de gases contaminantes. Una vez demostrado el beneficio ambiental y económico de estas medidas, con tan buenos resultados, será muy difícil desmontarlas. Ya la ciudad de Berlín ha decidido prolongarlas hasta el 2023.
Hay medidas que van más allá de los subsidios e intervienen en la estructura del mercado. El canciller alemán Olaf Scholz ha propuesto una confiscación casi total de las ganancias ocasionales obtenidas por las empresas de energía como resultado de la crisis. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también quiere grabar esas ganancias y extenderlo a los beneficios de los bancos y grandes conglomerados financieros, los sectores más favorecidos por la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis climática. «Estamos ante un esfuerzo nacional y se necesita una fuerte interacción del Estado, la economía y la sociedad», explicó el ministro de Hacienda alemán, Robert Habeck. «Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis a expensas de la mayoría», sentenció Pedro Sánchez en su comparecencia frente al parlamento español. Desde Bruselas, la Unión Europea encabezada por Ursula von der Leyen ha recomendado a todos sus miembros implementar este tipo de impuestos.
Recientemente, en Colombia, el presidente de izquierda Gustavo Petro advirtió que, de no llegar a un acuerdo con las empresas de energía, el gobierno intervendría en el cálculo del precio al consumidor, una medida menos drástica que en Europa. Hubo quienes se indignaron. Aparecieron pseudo expertos, pseudo periodistas, pseudo demócratasy opositores advirtiendo del “peligro” de los Estados intervencionistas. Petro lo mencionó en una intervención presidencial. ¿Qué hubiera pasado o qué podrá pasar, cuando se trate de decretos presidenciales?
En Europa no se están rasgando las vestiduras, no se usa el adjetivo “populismo” para desaprobar estas medidas y no existe una verdadera oposición a la idea de que el Estado use sus recursos económicos o su poder político para proteger a la población de los efectos de la crisis económica. Más aún, para la Unión Europea está claro que quienes deben pagar la cuenta son los que más ganancias han acumulado gracias a la crisis: bancos, empresas de energía y petroleras.
En Colombia, el gobierno de izquierda de Gustavo Petro y Francia Márquez ha propuesto exactamente lo mismo. En la nueva reforma tributaria se graban las ganancias del sector financiero y de la minoría que más ha acumulado durante la guerra y la crisis reciente del país. De inmediato, los grandes poderes económicos apoyados por el mismo grupo de expertos, periodistas, demócratas y políticos de oposición, se han declarado en contra de la propuesta. Se niegan a aceptar que los que más han ganado en medio de la tragedia paguen por establecer algún mínimo de equilibrio en uno de los países más desiguales del mundo. Es este tipo de oposición, esa élite económica, mediática y política la que perpetúa el atraso y la desigualdad.
Esa oposición a Petro encuentra su contraparte europea en el Gobierno británico ultraliberal de Liz Truss, quien contraria a la Unión Europea se niega a introducir impuestos a las ganancias del sector financiero y energético y ha reactivado el uso del fracking. La recién posesionada primera ministra gastará su paquete de $180.000 millones de dólares en subsidios, es decir, el dinero público se convertirá en más ganancia para las empresas privadas al ser usado para pagar parte del aumento de los precios al consumidor. Al mejor estilo neoliberal, existen quienes quieren seguir lucrándose aún a costa de la supervivencia de sus semejantes. Son los mismos que apoyaron el Brexit.
Los dueños del capital tienen la misma ética en todo el mundo. El llamado a permanecer unidos y hacer un esfuerzo colectivo en medio de la crisis se diluye cuando implica ceder parte de sus ganancias. Un ejemplo es Kjell Inge Røkke, el hombre más rico de Noruega. Hace una semana Røkke decidió mudarse a Suiza, país que funciona como paraíso fiscal al aplicar una tributación extremadamente baja para capitales extranjeros. De esta manera, Røkke evadirá los impuestos que debe pagar en su país natal. En el Caribe hay enormes empresas inmobiliarias de capital extranjero que le apuestan a huracanes cada vez más fuertes y destructivos, para de esta manera entrar a saco y apoderarse de las propiedades más valiosas en ciudades de alto valor turístico. Apuestan por las catástrofes climáticas porque saben que los gobiernos locales flexibilizarán las leyes comerciales al intentar reactivar sus economías. Eso es lo que explica la crisis de vivienda en ciudades como San Juan de Puerto Rico.
La evidencia de la realidad que vivimos deja clara la falsedad de la premisa neoliberal de que el beneficio otorgado a las empresas privadas y a los grandes capitales se convertiría en beneficio del colectivo. Quienes más se han beneficiado de la concentración de capital, y de las crisis ocasionadas por el propio modelo económico que promueven, no están dispuestos a solidarizarse con la mayoría trabajadora. Por eso los maestros en Noruega llevan más de tres semanas en huelga sin que una solución aparezca cerca en el horizonte. Por eso las huelgas de obreros que se advierten en EE.UU., Inglaterra, España y Francia. Esas ganancias concentradas arriba, nunca irrigaron beneficios hacia abajo, como lo prometían los áulicos neoliberales de la Sociedad Mont Pelerin.
