La educación, soñadora empedernida de quimeras, y poco complaciente ante los entuertos que le plantea la realidad, gusta despertar cada mañana a hilvanar sueños y a elevar cometas hacia los vientos del porvenir. Como toda tentativa humana, mal convive con la evaluación, por ser esta última quien la sienta frente al espejo y le reclama separar el trigo de la pelusa, lo logrado de lo soñado. La publicación del ranking nacional, de acuerdo a los puntajes de las pruebas Saber 11 de 2022, nos pone, de nuevo, ante la evidencia de unos pésimos resultados de las instituciones públicas.
Si comparamos los resultados con los años anteriores –el tope máximo son 500 puntos y el promedio nacional, en esta ocasión, quedó en 250-, el panorama es desalentador: no hemos hecho sino descender. Esto quiere decir que nos rajamos, ni más ni menos.
De 9.197 instituciones educativas públicas, tenemos que 6.371 (69,27%) están por debajo de la media nacional que es 250.
La mayoría de los estudiantes, en la clasificación de planteles públicos, se encuentra en C y en D. Ciudades que han invertido menos dinero que Cali -incluso que el Valle del Cauca-como Envigado, Floridablanca, Zipaquirá, Chía o Piedecuesta, están entre los mejores puntajes. Habría que preguntarse qué estarán haciendo de forma distinta para obtener tan buenos resultados sin inversiones millonarias en capacitaciones. Si dirigimos el foco a las instituciones rurales el panorama es más desolador: más de 50% de los estudiantes se ubican en los niveles insuficiente y mínimo. No es exagerado decir que estamos ante una catástrofe social de la que muy cómodamente hacemos responsables únicos a sus víctimas: los estudiantes. Es necesario hacer mención especial al pequeño municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca, donde laboro, que -con muy poca inversión estatal- posicionó en 2022 a tres de sus planteles en B y a dos en C.
¿Quiénes son los responsables de esta debacle? Los responsables son quienes le están “haciendo conejo” hace rato a la educación pública: el MEN, los docentes, las entidades territoriales certificadas y hasta los sindicatos son corresponsables de los mediocres resultados. Al sistema educativo le sucede lo mismo que al sector salud: están diseñados y estructurados al amaño y a la necesidad del cartel de los contratistas y de los caciques políticos que “aseguran recursos” para elegirse, reelegirse y seguir raspando la olla de los recursos públicos.
Sabemos que hubo contrataciones millonarias para capacitaciones y para “elevar la calidad de la educación”. ¿Por qué no se ven los resultados? ¿A estos operadores educativos quién los evalúa? Se evalúa todo el tiempo a los estudiantes, se evalúa a los maestros, pero no a los otros actores que participan del sistema educativo. Han invertido miles de millones de pesos en contratos para equipar a las escuelas con nuevas tecnologías. ¿Por qué no se ven los efectos de esas nuevas tecnologías en la educación pública? ¿Será que esos aparatos están arrumados en un rincón de las escuelas o será que compraron tecnología basura y esos dispositivos ya están obsoletos?
¿Dónde está la función vigilante de los sindicatos para que no se dilapide el dinero de la educación en contratos maquillados como mejoras en la infraestructura? ¿De qué manera les hacen seguimiento a las contrataciones del PAE? ¿Se percatan de que estos operadores cumplan con la minuta de alimentación saludable? ¿A qué se debe tanto silencio de quienes deben defender los intereses de las comunidades? ¿Estarán untados de las jugosas ganancias de estos contratos leoninos?
Lo he repetido: a un problema sistémico debe dársele un tratamiento de la misma categoría y la evaluación es un parámetro insoslayable que debe incluir a todos los actores: comunidad educativa, secretarías de Educación, operadores de transporte, contratistas del PAE y las ONG que brindan “capacitaciones”. Es urgente un remezón: me refiero a la necesidad de acabar tantos vicios enquistados en la educación pública que, enmascarados tras propósitos nobles, medran y se robustecen vampirizando la educación y la salud de nuestros niños y jóvenes.
Me detendré en uno de ellos: la desidia de maestros y directivos docentes en aplicar las bondades del sistema evaluativo actual. Muy al estilo de nuestra idiosincrasia nos llenamos de halagos con la evaluación y nos cuidamos de “cumplir” con los “formatos” que cada institución exige, pero todo se queda en el papel. No hay cambios de rumbo respecto a estrategias metodológicas, evaluaciones internas, uso de recursos y programas, a los que llevaría un análisis juicioso y comprometido de los resultados.
Es destacable el esfuerzo que el MEN despliega en el diseño de las pruebas Saber y en el seguimiento de los resultados, en procura de aportar al mejoramiento de las prácticas de aula: prueba de ello es la información sobre los porcentajes, por niveles de desempeño, en cada una de las áreas evaluadas, a la que todos los colegios tienen acceso. Estos resultados, por sí solos, son una ruta obligada de análisis y decisiones estratégicas que toda institución debería asumir. ¿Pero hacen ese análisis riguroso todas las instituciones públicas? ¿Los toman en cuenta para diseño de sus currículos, sus prácticas y sus estrategias metodológicas? Lo dudo, no se evidencia en los resultados de año tras año. Muchos de nuestros docentes todavía piensan que las Pruebas Saber evalúan únicamente a los estudiantes y no reflejan los resultados de su práctica docente.
De nada sirve la evaluación si no arroja las debilidades de nuestros estudiantes y es perverso, que conociendo lo que falta por construir, el maestro siga “como si nada” con su programa. ¿Por qué no tomarse en serio estos insumos? No es comprensible por donde se le mire. Nos desgañitamos hablando de “la importancia del pensamiento crítico”, pero no concertamos con nuestros estudiantes y nos molesta sentirnos cuestionados por nuestras prácticas de aula, algunas todavía pegadas al copia-copia del tablero.
No nos quedemos solo en las Pruebas Saber, ¿cómo estamos aplicando las bondades de la evaluación en la cotidianidad de la vida educativa? ¿La asumimos como un proceso, tal como aparece en el espíritu de los Lineamientos Curriculares, los Estándares y los Derechos Básicos de Aprendizaje o sigue siendo sumativa? ¿De veras tomamos en cuenta la coevaluación y la autoevaluación? Porque de acuerdo como se evalúa, se diseña y se estructuran los aprendizajes. Lo importante en una evaluación no es penalizar sino validar los logros alcanzados y convertir los resultados adversos en campo fértil para fortalecer aprendizajes, para profundizar en otras temáticas y abrir otras puertas inexploradas.
¿Qué insumos se toman en cuenta en la evaluación de los maestros? El proceso de evaluación de desempeño docente debería tomar en cuenta los resultados de la evaluación de los estudiantes, asegurando que la formulación de las “contribuciones individuales” manifestadas por los docentes, se planteen como estrategia de mejoramiento para sus estudiantes, especialmente los que han obtenido bajos desempeños. Pero no es así. Resulta incoherente que más de 80% de los docentes evaluados, a nivel nacional, se ubiquen en la categoría SOBRESALIENTE con un puntaje superior a 90%, mientras los resultados de buena parte de sus estudiantes se clasifiquen en los niveles de desempeño insuficiente o mínimo.
En un artículo reciente: ¿Qué han hecho los países que mejoraron su educación en las últimas décadas?, Julián De Zubiría retoma la evaluación y formación de docentes como un aspecto clave. Nuestros niños merecen los mejores maestros y para garantizarlo, debemos asegurar que quienes ingresen a la docencia lo hagan por vocación y que el ingreso en las universidades tenga el filtro de puntajes similares a los que se exigen en carreras que históricamente han gozado de estatus. Que la evaluación de los maestros garantice la calidad de sus prácticas educativas y que un nombramiento oficial no se equipare con la compra de un inmueble, en la que el maestro se siente intocable y por ello se puede echar a dormir. Los maestros deben tener los mejores salarios porque tienen en sus manos el futuro de la nación, pero deben aceptar el seguimiento de sus prácticas de aula y de los resultados formativos de sus estudiantes.
Se trata de asumir la estatura ética para confrontar y confrontarnos muy sinceramente en nuestro quehacer pedagógico. Lo que necesitamos es acciones, empatía y compromiso social. Que nos duela y preocupe el futuro de nuestros jóvenes, que dejemos de contribuir al extraño letargo que se ha tomado el sistema educativo oficial. Insisto, tomando las palabras de Freire, en la responsabilidad ética de nuestra labor docente:
“No podemos asumirnos como sujetos de la búsqueda, de la decisión, de la ruptura, de la opción, como sujetos históricos, transformadores, a no ser que nos asumamos como sujetos éticos”.
Es necesario recuperar y aplicar lo construido en materia educativa teniendo en cuenta las demandas de este mundo globalizado, lleno de problemas y de retos. Es urgente hacer reformas profundas que permitan mejorar la calidad educativa en el sector público.
¡No más palabrería, no más contratos para saquear la educación de nuestros niños, no más a la inercia que se ha tomado nuestro sistema educativo!
