El último sábado de noviembre fue día de manifestación en Francia. En pleno re-confinamiento, cientos de miles de personas salieron a la calle para protestar contra el proyecto de ley de “seguridad global”, que fue votado la semana anterior en primera lectura en el Parlamento, dominado por el partido de Macron.
El artículo 24, que penaliza a quien difunda imágenes de la policía o de los militares, que vayan “contra su identidad psíquica o física”, impide a periodistas, así como a simples ciudadanos difundir imágenes de las fuerzas del orden en acciones de control público. Esto fue específicamente lo que motivó a miles de personas a valerse de su derecho a manifestarse, algo válido como una excepción durante el confinamiento.
Desde cuando se supo que se cocinaba este proyecto de ley en el Parlamento, los periodistas alertaron sobre muchos de los excesos, brutalidades y actos de violencia de la policía hacia los manifestantes, lo que se ha conocido precisamente gracias a que han sido filmados o fotografiados. Como sucedió justamente en esa misma semana con los migrantes que fueron expulsados con violencia de la Plaza de la República en París, luego de una sentada, y del que también hay varios videos. O con Michel Zecler, un hombre negro que fue golpeado con brutalidad y del que quedaron registros en video.
Estos dos abusos policiales fueron duramente condenados por los dirigentes políticos, incluso por el propio ministro del interior, Gerard Darmanin, impulsor de la ley. Los policías involucrados en la golpiza a Michel Zecler fueron totalmente desautorizados por su jerarquía y están siendo investigados por la justicia.
Estos dos hechos recientes vienen entonces a complicar el trámite de la ley de “seguridad global”; cada vez son más los diputados del partido de Macron que rechazan esta ley. En lo coyuntural, el Gobierno ha decidido nombrar a unos “expertos” para redactar de nuevo el artículo 24. La situación amenaza con bloquearse, y se habla de “crisis política”.
Por supuesto, este problema no es específico de Francia. La represión de la policía, en casos aislados o durante manifestaciones, ha sido documentada en muchos países, y recientemente en América. En el Chile de las protestas, en los Estados Unidos de George Floyd, en la Colombia de Javier Ordóñez. ¿Acaso el nivel de violencia policial ha aumentado, o simplemente ahora se ve más esa violencia? Es difícil contestar a esta pregunta, porque nuestra percepción es la de hoy.
Lo que sí podemos saber con certeza, es que se le han dado cada vez más atribuciones de control social a las fuerzas del orden, principalmente mediante la ampliación de la gama de delitos. Hoy en día existe una cantidad de delitos que antes no lo eran, y gracias a los cuales la policía persigue y hostiliza a determinados sectores sociales. Así, por ejemplo, los delitos relacionados con el consumo de drogas o de mendicidad sirven para perseguir a determinados individuos (los pobres, los negros) en la vía pública.
Un segundo aspecto, que tampoco es específico de Francia, es el hecho de que las manifestaciones son cada vez más violentas. ¿Es esta violencia una respuesta a la citada represión? ¿O acaso hay más violencia porque las manifestaciones no violentas no son escuchadas ni atendidas por el poder? ¿O se nutrirá la violencia de su propio espectáculo, que da audiencia en medios, particularmente en redes sociales?
El caso de los chalecos amarillos es elocuente. Este movimiento de gran visibilidad surgió por fuera de las organizaciones tradicionales. Su modus operandi incluye la destrucción de bienes materiales en zonas elegantes de las ciudades francesas. Pero la represión sobre las personas ha sido desmedida.
El sofisticado armamento “no letal” empleado por la policía francesa ha dejado muchísimos lesionados. Los arrestos “preventivos” han violado claramente el derecho internacional y los derechos humanos. El informe de Amnistía Internacional es muy grave, los casos se cuentan por centenas.
El nudo gordiano es que hoy, incluso en Francia, la fuerza pública actúa con una impunidad muy alta. Los organismos de control interno no son realmente independientes. Parece que solo cuando hay denuncia audiovisual hay alguna probabilidad de obtener justicia. Por esa simple razón, se debería garantizar el derecho ciudadano a documentar los abusos policiales.
En países donde existen leyes como las que busca aprobar el gobierno Macron, como en España la “ley mordaza” votada en 2015, ya han experimentado los abusos de la fuerza pública, así como su utilización excesiva durante el confinamiento. Lo cierto es que los franceses volverán a salir a la calle, si es que el Gobierno llegara a insistir con el artículo 24.
